Grandes retos tras el comienzo del año judicial

Con la finalización de las vacaciones de verano y como ya viene siendo tradicional, se ha dado inicio al nuevo año judicial 2022-2023 con el discurso del Rey en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, la intervención del presidente de este órgano y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y la del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Dicho acto institucional viene regulado en el artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que al inicio del año judicial se celebrará un acto solemne en el Tribunal Supremo en el que el presidente de este órgano y del Consejo General del Poder Judicial presentará “la Memoria anual sobre el estado, funcionamiento y actividades de los Juzgados y Tribunales de Justicia” y el fiscal general del Estado “la Memoria anual sobre su actividad, la evolución de la criminalidad, la prevención del delito y las reformas convenientes para una mayor eficacia de la Justicia”.

Dejando de lado las polémicas suscitadas con la no renovación de los vocales del CGPJ y de las manifestaciones al respecto de Carlos Lesmes, lo cierto es que comenzamos un nuevo año judicial con grandes expectativas en lo que se refiere a la sempiterna modernización de la Administración de Justicia, adaptándola no solo a las necesidades que la sociedad actual demanda sino adaptándola definitivamente a los retos de las nuevas tecnologías que hagan posible una justicia más rápida y, eficiente.

El fiscal general del Estado, Alvaro García Ortiz, en la apertura del año judicial 2022-2023 (Foto: Poder Judicial)

Pero si importante, desde luego, es el capítulo dedicado a las inversiones de hardware y software, también lo es dotar a nuestra administración de más medios personales a través de la creación de nuevos órganos judiciales que hagan posible absorber, tramitar y dar respuesta a la actual pendencia que pesa sobre los tribunales y juzgados de nuestro país. Y como muestra un botón: el Pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en su sesión celebrada el pasado día 26 de noviembre de 2021, adoptó diversos acuerdos en relación a las necesidades de cobertura generadas como consecuencia del cese de los alumnos de la 70 Promoción de Escuela Judicial que se encuentran en funciones de sustitución en diversos órganos judiciales de Cataluña, y de la publicación del concurso de traslado de Jueces 3/2021 y 4/2021, hasta la toma de posesión de los/as (74) jueces/zas de la LXX Promoción de Carrera Judicial y a las propuestas que ayuden a revertir el progresivo refirió a la problemática situación que se viene padeciendo desde hace décadas en Cataluña como consecuencia de una permanente desertización de la planta judicial.

En este sentido, cobra especial relevancia e interés el denominado Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia, propuesto por el Ministerio de Justicia y aprobado en Consejo de Ministros, que confiere y ordena el marco jurídico necesario para que jueces y juezas, magistrados y magistradas, fiscales, letrados y letradas de la Administración de Justicia y todo el personal al servicio de la Administración de Justicia puedan desempeñar sus funciones mediante trabajo deslocalizado cuando se precise, con todas las garantías de seguridad, avanzándose en la gestión profesional eficiente, sobre la premisa del uso generalizado de los medios electrónicos en la relación con la Administración de Justicia, la incorporación de la denominada Carpeta Justicia, el empleo de la videoconferencia y los puntos de acceso seguro, la potenciación del Expediente Judicial Electrónico, la preferencia de la práctica de las comunicaciones judiciales por vía telemática, el teletrabajo, la implantación del Registro Electrónico de Apoderamientos Judiciales y la creación de un sistema de archivos para conservar y acceder a expedientes y documentos electrónicos.

«La potenciación del Expediente Judicial Electrónico» (Foto: E&J)

Todo un reto pero a la vez una necesidad inaplazable que no puede ser aplazada por más tiempo si queremos que nuestra justicia cumpla con su mandato constitucional y sea un referente a nivel europeo.

Y lo anterior sin dejar en saco roto la adecuada formación de los jueces, impulsándola y facilitándola para que adecúen sus conocimientos al exigente ritmo de trabajo, en la vorágine de una cada vez más compleja y extensa normativa, tanto a nivel comunitario (con especial relevancia de la reciente Sentencia del TJUE, de 8 de marzo de 2022, declarando que “El principio de primacía del Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que impone a las autoridades nacionales la obligación de dejar inaplicada una normativa nacional que en parte contraviene la exigencia de proporcionalidad de las sanciones establecida en el artículo 20 de la Directiva 2014/67 únicamente en cuanto sea necesario para permitir la imposición de sanciones proporcionadas”), como internacional, estatal y comunitario lo que impone imprescindiblemente estar formado y actualizado para dar justa solución a los asuntos planteados por los justiciables.

Habremos de estar expectantes de cómo evoluciona el nuevo curso judicial y si es posible remediar algunos de nuestros males como Administración con la ayuda de los profesionales del Derecho.