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Artículos

(I/II) La situación actual de las pensiones 

El régimen de pensiones públicas, en la configuración actual, no puede ser viable

Imagen de archivo de una protesta de jubilados en Madrid. (Foto: Ignacio Gil/ABC)


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(I/II) La situación actual de las pensiones 

El régimen de pensiones públicas, en la configuración actual, no puede ser viable

Imagen de archivo de una protesta de jubilados en Madrid. (Foto: Ignacio Gil/ABC)



Desde cualquier aspecto que se pretenda analizar la situación actual del estado, en que se encuentra el régimen público de pensiones, saltará inmediatamente el estupor y el desánimo, al comprobar la no muy lejana quiebra de dicho régimen jurídico, que tiene por fundamento la permanente y endémica imprevisibilidad del Gobierno. El intervencionismo estatal no puede encontrar disculpa alguna, al reprochar al Gobierno anterior la aprobación de determinadas reformas legislativas, que han incidido de forma decisiva en el panorama en que nos encontramos en la actualidad.

La jubilación, tanto en el ámbito laboral como funcionarial, es una de las causas determinantes de la pérdida de los ingresos económicos, que hasta ese momento se venían percibiendo por el pensionista. De ese modo el jubilado o pensionista necesariamente deberá percibir el importe de una pensión, para cubrir las necesidades económicas que vayan surgiendo durante el tiempo en que se encuentre en esta consideración jurídica. Es por ello, que la atención debida a los pensionistas constituye uno de los objetivos del artículo 41 de la Constitución, cuando exige a los poderes públicos la protección a determinados sectores de población, siendo, al mismo tiempo, uno de los principios rectores de la política social y económica de la política gubernamental.



¿Se puede aprobar dichos Presupuestos sin que afecte directamente al contexto general presupuestario del Estado?

La configuración del denominado Estado del Bienestar debe tener ciertos límites, así como la variante del mismo conocida con la denominación de Estado Asegurador, al que le será imposible mantener el importe general de las pensiones públicas, ante la posible quiebra del sistema de Seguridad Social. No es casualidad que en la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, se haya aprobado una partida presupuestaria por importe de 171.139.653,11 millones de euros en concepto de pensiones. ¿Se puede aprobar dichos Presupuestos sin que afecte directamente al contexto general presupuestario del Estado? Si a lo anterior añadimos que el Fondo de Reserva, se nutre especialmente de continuas transferencias archimillonarias del Estado, que nunca son suficientes, fácilmente se puede llegar a la conclusión de que el régimen de pensiones públicas, en la configuración actual, no puede ser viable.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. (Foto: El Correo)

Para terminar de presentar un panorama futuro bien oscuro, sólo nos quedaría apuntar un comentario del Fondo Monetario Internacional, que ha mostrado su preocupación por la sostenibilidad del sistema público de pensiones, al tiempo que apremia al Gobierno español a reformar dicho sistema para garantizar su estabilidad financiera. Demasiados desequilibrios financieros del sistema público de pensiones han motivado la intervención del FMI, pues según el Instituto Nacional de Estadística, entre los años 2022 y 2023 habrá en España once millones de pensionistas, a los que será muy difícil atender para garantizarles el poder adquisitivo de las pensiones que reciban.

Entre los años 2022 y 2023 habrá en España once millones de pensionistas

El Gobierno no ha hecho caso del contenido de numerosos informes oficiales, entre ellos los procedentes del Banco de España, de la OCDE y también de la Unión Europea, en el sentido de que era apremiante la introducción de mejoras que restableciesen el equilibrio entre ingresos y gastos del sistema.

A lo anterior se puede añadir la tímida reforma que ha introducido un incremento temporal de cotizaciones sociales de las empresas, del 0’6%, de las que, al parecer, el 0’4% será a cargo de las empresas y el 0’2 será imputable al trabajador o empleado. Ello es ridículamente insuficiente, pues con dicho incremento apenas de podrá cubrir un 2’8% del PIB, es decir, unos 2.800 millones de euros, que apenas permitirá cubrir una semana de pago de las pensiones, que en nuestros días ya supera el gasto de 10.700 millones mensuales.

Precisamente el importe de las pensiones, tanto contributivas como no contributivas y pensiones mínimas, constituye una de las preocupaciones permanentes de todo Gobierno, desde el momento en que los recursos económicos siempre son escasos y al constituir la carga presupuestaria, anteriormente indicada, representa un límite difícil de superar en los PGE, pues la factura del gasto en pensiones se dispara todos los años. Una economía general debilitada por crisis económicas y especialmente por la epidemia de Covid-19, durante la cual desaparecieron 80.000 empresas, es muy difícil o imposible que pueda soportar dicho gasto durante algún tiempo. El déficit de la Seguridad Social cifrado en los últimos diez años en 150.000 millones de euros, no hace más que avalar lo que se ha expuesto anteriormente.

Otra grave consideración que limitará cualquier reforma especulativa sobre las pensiones, es la urgentísima necesidad de reducir la deuda pública, que aumenta de forma escandalosa cada mes, impidiendo la reducción del déficit de la Seguridad Social. No hay que olvidar que, en toda reforma de las pensiones, el objetivo prioritario es asegurar la sostenibilidad de dicho sistema, garantizando su autofinanciación y asegurando la capacidad adquisitiva de los pensionistas. Ello no es posible, con un nivel de deuda pública incontrolable, que aumentó en 81.000 millones en 2021 para alcanzar un límite máximo e histórico de 1.428 billones de euros, así como una tasa de paro del 14% en la actualidad y una inflación promedio del 3’5% para este año.

«Una economía tan débil y afectada como la española, no precisa de una subida de impuestos». (Foto: Pixabay)

La solución que el Gobierno pretende aplicar como medicina salvadora, es la subida de impuestos, lo que contribuirá todavía más a hundir cualquier previsión y reforma de estabilidad. Es un axioma en cualquiera reforma llevada a cabo por el Gobierno de turno, que toda reforma de pensiones que no vaya precedida de la adecuada reforma fiscal del importe de aquellas, está condenada al fracaso. Los tributos no pueden solucionarlo todo, máxime, cuando la economía no podrá crecer al ritmo esperado por el Gobierno. Una economía tan débil y afectada como la española, no precisa de una subida de impuestos al ser una medida política que no la salvará, sino todo lo contrario.

Una mejor política de empleo, acompañada una reducción del gasto estatal, así como de bonificaciones para los contratos de larga duración, y la esperada reforma fiscal que considere a las pensiones en su justa medida, pues es escandaloso que al jubilado, que pierde su puesto de trabajo y ya no se encuentre en situación de servicio activo, se le considere que el importe de la pensión que recibe, es un rendimiento del trabajo o renta y por lo tanto se le grave con el porcentaje correspondiente como si fuese un asalariado más. Y lo que es peor, no es admisible que para el año 2022 el importe de las pensiones contributivas tenga un incremento del 2’5%, si luego el porcentaje aplicable a dicho importe en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, absorbe el incremento aplicado a las pensiones.

La solución que el Gobierno pretende aplicar como medicina salvadora, es la subida de impuestos

Todo ello nos lleva a la conclusión de que el actual sistema o régimen jurídico de pensiones públicas, no puede autofinanciarse y es imposible que se pueda mantener el poder adquisitivo de los pensionistas, por más propaganda y buenos deseos gubernamentales. Asimismo, no es posible en la situación actual, mantener esos dos grandes principios que configuran cualquier régimen de pensiones. Si no se suben las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas y empleados, si no se reduce la velocidad de crecimiento de la deuda pública (que aumentó en 80.000 millones sólo en el año 2021), la reforma de ese régimen público de pensiones estará condenada al fracaso.

(continuará)

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