Jueces, empresas y expertos, preocupados: las falsificaciones de productos en España superan en dos puntos la media de la UE

El auge de las falsificaciones relacionadas con la propiedad industrial e intelectual es un hecho. Un país como el nuestro supera en dos puntos el nivel de productos falsos.

Según la Oficina de Propiedad Industrial de la UE (EUIPO), la perdida de ventas por el coste de las falsificaciones en España en cuatro sectores diferentes alcanza un valor de 2.200 millones de euros, según datos del 2020. Los últimos registrados.

En esta coyuntura es el Poder Judicial, a través de sus distintos órganos, el que da respuesta a los derechos de los propietarios de las marcas. Son asuntos complejos que requieren de formación y de contar con buenos informes periciales.

Juan Jose Caselles, socio-asociado de Elzaburu y responsable del área antipiratería de este despacho ha dirigido un programa formativo en propiedad industrial y falsificaciones en la Universidad de Salamanca como programa formativo continua que impulsa CGPJ para la  Escuela Judicial al que han acudido jueces y fiscales en activo de distintas jurisdicciones.

Juan Jose Caselles: “Los españoles son condescendientes con las falsificaciones y restamos importancia a este tipo de delito cuando en otros países se le da más trascendencia”

Este socio-asociado expuso, ante jueces y fiscales, cuestiones de interés directo para ellos, como los efectos judiciales de la conservación de las piezas incautadas o las cautelas ante la destrucción de productos.

También explicó cómo el índice falsificaciones en España es superior en dos puntos a la media europea, alcanzando el 9 por cien del total: “Por sus preguntas son sensibles al auge de la piratería en nuestro país”.

Para este experto abogado, ese crecimiento tiene que ver con “la sensibilidad de la población española en estos temas». «Aquí somos más condescendientes con las falsificaciones y restamos importancia a este tipo de delito cuando en otros países se le da más trascendencia. Eso justifica que países como Francia se sancione a los compradores de productos falsos”.

Caselles recuerda que «nuestros vecinos galos consideran que la propiedad industrial es un sector estratégico para el país, porque tienen un sector de lujo potente y eso hace que Estado y ciudadanos defiendan la propiedad industrial con cierto ahínco. La media europea ronda sobre el 7 por cien”.

Desde esta perspectiva, “es difícil explicarle a un cliente japonés que te puedes tirar ocho años para una instrucción y cuatro para un juicio oral: esa es una marca que no se entiende. En muchos casos las empresas invierten en aquellos países que protegen mejor sus derechos de propiedad industrial. “

En este programa formativo se analizaron algunas interpretaciones peculiares que se hacen de la ley, “como es el caso del riesgo del error del consumidor. Algunos jueces vienen señalando pese a la reforma del Código Penal de 1995 que todavía aplican en sus sentencias del Código Penal anterior llegando a decir que cuando el consumidor sabe que el producto es falso no hay delito”.

A su juicio, “eso es inadmisible porque ya hay sentencias del Supremo que aclaran que lo que se protege es el derecho exclusivo del uso de la marca no se protege a consumidores. En la regulación del articulo 274 del Código Penal se habla que si las marcas son idénticas o similares a los protegidos por el Registro. Aún sorprende que los juzgados apliquen esos criterios”.

Otra cuestión que se debatió “es la redacción de los informes periciales que se adjudican a determinadas empresas que son defectuosos. Enfocan mal el problema. Sin ese informe el juez puede equivocarse en su decisión y realmente no se analiza lo que debiera estudiarse en profundidad”.

A Caselles también le preguntaron el porqué de la falta de juzgados especializados en el orden penal en estos temas: “Les comenté que es difícil que a nivel judicial se pueda asignar a un determinado órgano. Lo que si seria más sencillo seria crear una Fiscalía especializada en propiedad intelectual e industrial como ya la que hay en drogas y otras actividades”.

Difícil valorar los daños de las infracciones

Manuel Ruiz de Lara, magistrado de lo mercantil 11 de Madrid, reconoce que los pleitos de infracción marcaria que le llegan tienen su complejidad. Tiene claro que acudirá a las jornadas sobre marcas los próximos 16 y 17 de diciembre en Madrid donde se van a analizar la jurisprudencia existente tanto a nivel nacional como comunitaria.

Manuel Ruiz de Lara: “Es necesario incrementar los juzgados mercantiles o hacer juzgados especializados en materia de patentes y marcas” (Foto: Archivo)

A su juicio una de las cuestiones más complejas es el cálculo de los daños y perjuicios cuando se reclama.

A este respecto, indica que “la ley arbitra una forma residual del 1 por ciento sin necesidad de la prueba de la cuantía, pero cuando se adjuntan informes periciales y algunos son opuestos esa valoración no es tan sencilla de hacer. En la actualidad se puede pedir la indemnización en la misma demanda o se puede dejar la cuantificación a un pleito posterior, la ley da esas dos posibilidades”.

Este magistrado reconoce que son pleitos complejos los que acaban en los tribunales, “donde el juez valora el riesgo de confusión y las similitudes que puedan existir, hay algunas que son claras y otras cuando son marcas mixtas con elemento gráfico y denominativo, entonces sí tiene bastante más de complicación”.

En su opinión, “el papel de Internet ha ayudado a localizar si realmente te están copiando tu marca. Antes era más complicado esa localización, tendría que producirse que el titular de esa marca pasara por ese local”.

Nuestro interlocutor reconoce que la carga de trabajo es un elemento a tener en cuenta para resolver este tipo de asuntos: “En mi juzgado la resolución es rápida desde que se interpone la demanda, audiencia previa puede pasar once meses hasta tener sentencia, en otros juzgados hay algo más demora. La marca comunitaria acaba en los tribunales de marca comunitaria de Alicante que tienen algo más de tiempo de respuesta”.

Sobre el papel de la fiscalía especializada reconoce que “no se presentan tantas denuncias de infracción marcaria, porque se va por la vía mercantil y civil con el objeto que se retire la marca del mercado”-

Para Ruiz de Lara, “quizás tendría más efecto el incrementar los juzgados mercantiles o hacer juzgados especializados en materia de patentes y marcas. Creo que hay asuntos suficientes para que se pongan en marcha y ayudaría a que los procedimientos fueran más rápidos”.

Los propietarios de las marcas, a la expectativa

Desde la Asociacion para la Defensa de la Marca  (ANDEMA), se valora positivamente el papel de los jueces de lo mercantil en su labor de gestionar los asuntos de propiedad industrial, aunque son críticos ante algunas sentencias de los jueces que absuelven al infractor por el llamado error del consumidor. Las quejas son importantes en determinados temas con estos fallos judiciales.

Gerard Guiu, director general de ANDEMA, en la foto en el lado derecho reunión ANDEMA con Ministro Marlaska, en el lado izdo : ”Queremos crear una plataforma multisectorial, con presencia de jueces y fiscales y de la empresa privada para luchar contra esta lacra” (Foto: Archivo)

Creada en 1989, todas ellas comparten la creencia en el poder de la marca, de los diseños y de las patentes como principal activo de las empresas, como herramienta de competitividad e internacionalización y como elemento generador de riqueza y empleo en la economía y en la sociedad.

Su director general Gerard Guiu recuerda que en las últimas reuniones con el Ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska y la propia Ministra de Justicia, Pilar Llop hemos pedido una especialización de los jueces como la creación de una fiscalía en propiedad industrial. “Esto ayudaría a que los procedimientos fueran más agiles a la hora de resolver este tipo de asuntos”.

Para Guiu, uno de los objetivos sería el de “crear una plataforma multisectorial donde también impliquemos a jueces y fiscales para luchar contra las falsificaciones. Buscamos coordinación y ser un punto de encuentro con el sector público, privado y las propias Administraciones”.

Al mismo tiempo se ha reclamado “reformar el artículo 274 del Código Penal para que la persecución y enjuiciamiento de los responsables de estos delitos sea más eficaz. ¿Cómo? Dotando a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a las Policías Autonómicas y a las Policías Locales de las herramientas jurídicas necesarias para hacer su trabajo. Que ahora no tienen”, señala Guiu.

ANDEMA que tiene suscrito un convenio con el CGPJ: “Empezaremos a formar jueces en la Escuela Judicial de Barcelona con estos temas. Les explicamos a los jueces que ya están en formación la importancia de la propiedad industrial y de proteger los derechos de las marcas. Al mismo tiempo creemos la necesidad de una circular de la Fiscalía para coordinar mejor su trabajo en la lucha contra las falsificaciones”.

Demasiados pleitos en los tribunales

Ignacio Temiño es uno de los dos socios directores del despacho Jacobacci Abril Abogados en España, creado tras la integración del bufete  español con otra firma italiana. Una de sus tareas es pleitear en los tribunales ante las infracciones de marca o patentes que cada vez son más frecuentes en estos últimos años.

Ignacio Temiño: “Muchas infracciones de marca se negocian antes de llegar a los tribunales. Un asunto en primera instancia puede durar tres años” (Foto: Archivo)

Desde su punto de vista, “la aparición de los juzgados de lo mercantil fue un hito importante, pero hay espacio para la mejora, tanto en la formación de los 91 jueces en activo como por los medios que necesitan. Estos temas que abordan son complejos y especializados. Apreciamos que no tienen el tiempo suficiente para dedicarlo a este tipo de asuntos que les llegan”.

Sobre estos asuntos, recuerda que no hay dos casos iguales y reconoce la necesidad de peritos para valorar los daños de esa infracción “algunos se negocian por la situación temporal que existe en los juzgados en España”

Otra cuestión que revela es que “la negociación se suele hacer en el 40 por ciento de los asuntos porque los fallos judiciales pueden tardar entre dos y tres años en primera instancia y hay cuestiones que no se pueden dilatar en exceso en el tiempo”.

También nos señala que “lo principal que se busca en esos acuerdos es que el infractor tenga la voluntad de cese de esa actividad, incluso se puede renunciar a compensaciones económicas porque lo más dañino es esa actividad que el infractor se compromete a parar”.

Respecto al cálculo de los daños reconoce que es una tarea costosa, lenta e incierta: “Los juzgados en España no son amigos de dar grandes compensaciones. Hay criterios de cálculo que vienen en la ley, pero requieren de la intervención de peritos económicos que analicen la documentación y el volumen de la infracción. Eso es otro coste”.

Ignacio Temiño aclara que “desde que se aprobó la Ley de Patentes, ese cálculo se hace en ejecución de sentencia, esto es un segundo procedimiento que se abre cuando la sentencia ya es firme y se calcula los daños. Eso hace que el proceso se alargue aún más de lo que debiera”.