La difícil labor de un abogado penalista

“Matar a un ruiseñor”, “Legítima defensa”, o “Tiempo de matar”, son algunos largometrajes que ensalzan la labor de los abogados penalistas. Sin embargo, el Estudio sobre la Salud y el Bienestar de la Abogacía Española, realizado por la editorial Lefebvre considera que es una labor poco reconocida, tanto que el 30% de los abogados no ejercería la misma profesión si pudiese volver a elegir, ¿por qué?

“Confundir al abogado con su cliente es un grave error, los abogados defienden los derechos de los ciudadanos, su libertad, su seguridad, sus garantías; sin derecho de defensa se privaría la parte “Derecho” del término Estado de Derecho. Por ello, es triste observar cómo por algunos sectores se estigmatiza al abogado con su cliente”, refiere el abogado Juan Gonzalo Ospina, de Ospina Abogados, despacho especializado en penal en Madrid.

Juan Gonzalo Ospina

Y es que el derecho penal está en auge. Casos mediáticos como el Marta del Castillo, el Chicle, el Procés, La Manada, el Caso Malaya y otros son prueba de ello, pero no son pocos los sectores que son críticos con quienes ejercen el derecho de defensa.

El derecho de defensa como derecho a defenderse de una acusación es un derecho fundamental reconocido expresamente desde la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, y posteriormente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Europea de Derechos Humanos y en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

En España está garantizado en el artículo 24 de la Constitución y es que en un Estado de Derecho nada es lo que parece hasta llegar a un juicio justo y, en cualquier caso, todos tenemos derecho a la aplicación proporcional de la ley.

España está situada en el ranking del Rule of Law Index 2019 en el número 20 de 126 países, en la categoría “Sistema Penal justo e imparcial”, donde se evalúan elementos como la eficacia, imparcialidad y competencia del sistema judicial penal, así como el uso proporcionado y justificado de la prisión preventiva.

Claro que hay excepciones en el buen funcionamiento de la Justicia Penal en España; ejemplo de ello fueron los 602 días que tuvo que pasar en prisión preventiva el empresario y ex presidente del F.C. Barcelona, Sandro Rosell, quien tras ser defendido en juicio oral por el abogado penalista catalán Pau Molins, fue absuelto y declarado inocente del delito de blanqueo de capitales por el que lo estaban acusando.

“Existen múltiples casos penales que debido al gran impacto mediático que tiene el procesamiento penal de figuras de mucho renombre y que son acusadas de delitos atroces, se vuelven automáticamente culpables ante al ojo público; tan culpables que muchos recriminan a sus abogados por defender a quienes ya han sido condenados por los medios como “enemigos públicos” y eso no puede pasar. Eso significa una evidente vulneración al principio de presunción de inocencia que tiene que reinar desde que a una persona se le inician acciones penales, hasta que se declare la firmeza de su sentencia.

En derecho penal nada es lo que parece hasta que se llega al final del asunto, por ello, reivindicar la labor del abogado penalista es una tarea en la que los medios deben ser protagonistas para evitar injusticias y animar a que se respete el derecho de defensa y con ello, la abogacía y la presunción de inocencia” refiere Ospina.