La Ley de Segunda Oportunidad para quienes ya no pueden pagar sus deudas

Los préstamos y las tarjetas pueden quedar exonerados, la vivienda habitual puede conservarse en determinados casos y el Supremo ha precisado qué parte de la deuda pública puede perdonarse

(Imagen: E&J)

María Isabel Miranda

Abogada mercantil y concursal, especialista en Ley de Segunda Oportunidad

Tiempo de lectura: 5 min

Publicado

13/11/2026 07:00

Artículos

La Ley de Segunda Oportunidad para quienes ya no pueden pagar sus deudas

Los préstamos y las tarjetas pueden quedar exonerados, la vivienda habitual puede conservarse en determinados casos y el Supremo ha precisado qué parte de la deuda pública puede perdonarse

(Imagen: E&J)

Hay gente que llega a diciembre con la nómina del mes siguiente ya gastada. La tarjeta paga la compra, un préstamo paga la tarjeta y, cuando toca el alquiler, el dinero ya se lo ha llevado el banco. En el despacho, cuando alguien me cuenta eso, le pregunto desde cuándo vive así y qué tuvo que firmar para llegar a fin de mes. La respuesta suele explicar más que el saldo total de sus deudas.

La Ley de Segunda Oportunidad permite a una persona física, sea asalariada, autónoma o esté en desempleo, solicitar al juez la exoneración del pasivo insatisfecho. En castellano, que se extingan las deudas que legalmente puedan perdonarse. Para obtenerla hay que acreditar la insolvencia y reunir los requisitos de buena fe que establece la Ley Concursal. Cobrar una nómina es compatible con estar en situación de insolvencia. La pregunta es si, con los ingresos y recursos disponibles, puedes cumplir regularmente las obligaciones que ya te pueden exigir.

Qué mira el juez cuando hablamos de buena fe

La buena fe tiene consecuencias muy concretas. Pueden impedir la exoneración determinadas condenas penales firmes, ciertas sanciones administrativas, la calificación culpable del concurso o el incumplimiento de los deberes de colaboración e información. También puede impedirla haber dado información falsa o engañosa, o haberse endeudado de forma temeraria o negligente. Para valorar esto último, el juez examina, entre otras cosas, qué información diste al prestamista, tu perfil profesional y las circunstancias personales en las que se produjo el sobreendeudamiento.

El Supremo recordó en sus sentencias de 18 de febrero de 2026 que el juez debe comprobar los requisitos aunque los acreedores guarden silencio. Y al deudor le toca aportar información suficiente sobre el origen y la justificación de sus deudas, especialmente cuando parecen desproporcionadas respecto de lo que ingresaba al contraerlas. Si alguien perdió el empleo en marzo, empezó a tirar de la tarjeta en abril y pidió un préstamo en junio, esas fechas importan. También importa distinguir ese préstamo de otro que contrató cuando todavía tenía trabajo y pagaba sus cuotas con normalidad.

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Hay un matiz que interesa especialmente a los autónomos y a quienes han administrado sociedades. En febrero, el Supremo estableció que una derivación firme de responsabilidad tributaria o de Seguridad Social, por sí sola, no basta para denegar la exoneración. Para excluirla por esa causa debe acreditarse una conducta fraudulenta equiparable a una infracción muy grave. Y el 2 de octubre, en las sentencias 1550, 1551 y 1552/2026, precisó que una sanción tributaria o de Seguridad Social calificada como grave tampoco basta por sí sola para cerrar el acceso. Las sanciones tributarias muy graves tienen un tratamiento distinto y pueden impedirlo en los términos del artículo 487.

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Qué papeles conviene reunir

La solicitud de concurso parte de tres documentos esenciales. La memoria explica la historia económica y las causas de la insolvencia. El inventario recoge bienes y derechos, incluidos los que tienen cargas. La relación de acreedores identifica a quién se debe dinero, cuánto, desde cuándo y con qué garantías, si las hay. En el despacho suelo pedir los contratos y certificados de saldo, extractos bancarios, nóminas o justificantes de prestaciones, documentación fiscal y notificaciones de embargos o demandas. Si hubo una separación, un cierre de negocio o una caída de ingresos, hay que buscar los documentos que permitan fecharlo. Para el plan de pagos, la ley pide además las declaraciones de IRPF de los tres últimos ejercicios finalizados que se hayan presentado o debieran presentarse, incluidas las de los demás miembros de la unidad familiar.

Aquí veo errores que cuestan caros. Uno es olvidarse de un préstamo que ha cambiado de manos y seguir poniendo el nombre del banco que lo concedió. Otro es poner el coche a nombre de un familiar antes de presentar el concurso. Esa operación puede revisarse y, según las circunstancias, comprometer la exoneración. Y está el error de dar el asunto por hecho cuando se declara un concurso sin masa. Si no se acordó liquidar, el artículo 501 da diez días para pedir la exoneración. Se cuentan desde que vence el plazo de los acreedores para pedir administrador concursal si nadie lo pidió, o desde el informe del administrador si no aprecia indicios para continuar. El Supremo también exige que la resolución identifique los créditos exonerados. Por eso importa declarar y actualizar cada deuda.

Qué se perdona y qué pasa con la vivienda

Los préstamos personales, las tarjetas y los microcréditos pueden quedar exonerados. El artículo 489 deja fuera, entre otras obligaciones, los alimentos, la responsabilidad civil derivada de delito, las indemnizaciones por muerte o daños personales en los términos de la ley, ciertos salarios, las multas penales, las sanciones administrativas muy graves y las costas y gastos judiciales de tramitar la exoneración. También queda fuera la deuda con garantía real dentro del límite legal del privilegio especial. Si otra persona firmó como avalista, el acreedor conserva su derecho a reclamarle aunque el deudor principal obtenga la exoneración.

(Imagen: E&J)

Con el crédito público hay que pedir un desglose antes de hacer cuentas. Las sentencias 260 y 264/2026, de 18 de febrero, y la 1557/2026, de 5 de octubre, aplican el límite a cada acreedor público, incluidas las administraciones autonómicas y locales. Para los créditos ordinarios y privilegiados, en la primera exoneración se perdonan los primeros 5.000 euros íntegramente y el 50 % del exceso hasta alcanzar un máximo de 10.000 euros exonerados por acreedor. Si le debes 12.000 euros a un ayuntamiento y todo el saldo es ordinario o privilegiado, la cuenta da 8.500 euros exonerables. Los créditos públicos clasificados como subordinados pueden exonerarse sin ese límite, con las demás exclusiones que correspondan. El acceso al procedimiento y la exoneración de la sanción son decisiones distintas.

La ley prevé la exoneración tras la liquidación de bienes, cuando proceda, o mediante un plan de pagos sin liquidación previa. Si quieres conservar tu vivienda habitual, conviene estudiar el plan antes de que el juez acuerde la liquidación. Su duración general es de tres años y pasa a cinco si se conserva la vivienda habitual o si los pagos dependen fundamentalmente de cómo evolucionen tus ingresos y recursos. La viabilidad se mide con la cuota hipotecaria, los gastos de la casa y el dinero disponible para cumplir lo que propones. Y en un concurso sin masa con un inmueble hipotecado, el Supremo precisó el 22 de octubre que, si la garantía aún no se ha ejecutado, habrá que esperar a la realización del bien para determinar el remanente exonerado. La resolución debe reflejarlo.

Si quieres hacer algo antes de acabar el año, empieza por pedir los saldos y reconstruir el mes en que las cuentas dejaron de cuadrar. Si ya tienes una demanda o una ejecución, revisa sus plazos cuanto antes. El 31 de diciembre no decide cuándo resolverá el juzgado. Lo que sí puedes saber antes de firmar otro crédito es qué deudas tienes, de cuáles podrías liberarte y cuánto dinero necesitarías cada mes para sostener un plan.