La quiebra de FWU Life: cinco lecciones para juristas, reguladores y víctimas

La insolvencia de FWU Life Insurance no es un caso aislado ni una tormenta perfecta. Es, más bien, el reflejo de un patrón repetido en los últimos años: productos financieros complejos, camuflados bajo envoltorios amables —seguros, planes de ahorro, estructuras híbridas— y comercializados masivamente a perfiles conservadores que jamás debieron acceder a ese tipo de riesgo. Lo preocupante no es solo que haya ocurrido; lo verdaderamente alarmante es que volvemos a estar aquí, otra vez.

Desde la experiencia práctica en la defensa de inversores minoristas afectados, extraigo cinco lecciones que considero esenciales para avanzar, no solo en la protección del afectado individual, sino en la reforma del sistema.

1. La etiqueta no debe engañar al derecho: detrás del «seguro», un contrato financiero

Muchos de estos productos se vendieron como seguros de vida PIAS, cuando en realidad se trataba de unit linked, vehículos de inversión vinculados a fondos de renta variable, con alta exposición al mercado y gran complejidad técnica. Esta realidad, jurídica y económica, debe prevalecer en el análisis judicial, tal como ya apuntó el Tribunal Supremo en la STS 491/2015: «El nombre del contrato no impide analizar su verdadera naturaleza a efectos de control judicial». El operador jurídico debe mirar más allá del envoltorio.

2. La responsabilidad del distribuidor es directa y objetiva

OVB Allfinanz España no es un mero mensajero: es quien selecciona al cliente, le ofrece el producto, le entrega la documentación y, en muchos casos, orienta su decisión. Esa intermediación activa genera responsabilidad. No hay que acudir a Luxemburgo ni al administrador concursal alemán: la vía civil en España, contra el distribuidor, es plenamente viable. En ese sentido, la sentencia 319/2024 de la Audiencia Provincial de Madrid marca el camino: deber de información incumplido, nulidad por vicio en el consentimiento, restitución del capital y reclamación de daños.

3. Los daños morales no deben infravalorarse

En muchos de los casos que estoy dirigiendo, los clientes no solo han perdido dinero: han perdido seguridad, proyectos personales, años de ahorro. El impacto psicológico y emocional es innegable, y no debemos temer pedirlo. La jurisprudencia más reciente en materia de preferentes, valores y subordinadas ya ha reconocido indemnizaciones complementarias en aquellos casos donde el daño moral es evidente. Es hora de aplicarlo con firmeza.

4. La documentación es la llave de todo

Las reclamaciones viables no nacen del descontento, sino de la prueba. Todo afectado debe entender que la póliza, el folleto informativo, los extractos, la correspondencia con el asesor financiero, e incluso los mensajes de WhatsApp pueden marcar la diferencia entre recuperar el capital o perderlo. Es nuestro deber como abogados insistir en ello desde el minuto uno.

5. El sistema necesita más que sentencias: hace falta regulación proactiva

Este escándalo evidencia, una vez más, que los marcos regulatorios llegan tarde. Los mecanismos de supervisión preventiva han fallado. Se ha permitido la comercialización de productos financieros complejos como si fueran seguros inofensivos, sin exigir una verdadera adecuación al perfil del cliente. Es urgente que la CNMV, la DGSFP y las Cortes Generales tomen nota. No puede seguir existiendo un vacío entre el producto diseñado en Luxemburgo, el comercializado en Málaga y la sentencia dictada en Madrid tres años después.

Desde mi experiencia procesal, puedo afirmar que la vía civil está funcionando. Pero no podemos seguir curando heridas que el sistema permitió. Si el Derecho quiere ser más que un remedio, debe ser también un escudo. Y ese escudo se construye con leyes, con vigilancia y con una cultura jurídica que no tolere lo intolerable: que se juegue con la confianza de quien solo quería ahorrar.