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La ultraactividad de los convenios colectivos
(Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2014)
Por María Martinez-Avial Guerra. Socia del Departamento de Derecho Laboral de Roca Junyent
El pasado 22 de diciembre de 2014, el pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dictó la primera sentencia del Alto Tribunal que analizaba las consecuencias derivadas de la inexistencia de un convenio colectivo de ámbito superior, en los casos en los que finaliza la ultraactividad de un convenio colectivo.
- 1. Reforma del artículo 86.3 del ET sobre la ultraactividad de los convenios colectivos
Entre las novedades más significativas introducidas en la reforma laboral operada por la Ley 3/2012, de 6 de julio, se encontraba la tan reclamada limitación a la ultraactividad de los convenios colectivos.
Antes de la entrada en vigor del citado texto legal, el artículo 86.3 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores literalmente disponía que: “denunciado un Convenio, y hasta tanto no se logre acuerdo expreso perderán vigencia sus cláusulas obligacionales. La vigencia del contenido normativo del Convenio, una vez concluida la duración pactada, se producirá en los términos que se hubieren establecido en el propio Convenio. En defecto de pacto se mantendrá en vigor el contenido normativo del Convenio”.
Por lo tanto, en defecto de previsión expresa al respecto en el texto convencional, la solución otorgada por el Estatuto de los Trabajadores a la incapacidad negociadora de las partes tras la denuncia de un convenio colectivo, pasaba por el mantenimiento de su contenido normativo. Esto provocaba, “de facto”, una extensión de la vigencia de las condiciones establecidas en el mismo “sine die”.
Esta situación resultaba en que las partes negociadoras no tuvieran ningún tipo de presión para negociar un nuevo texto convencional, toda vez que su marco de derechos laborales se mantenía inalterado durante el tiempo en el que las partes no fuesen capaces de alcanzar un acuerdo que modificara el convenio colectivo cuya vigencia había formalmente expirado.
Muchas fueron las voces que durante años reclamaron al legislador la limitación y/o eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos sin que, hasta la reforma laboral operada en el año 2012, se hicieran eco de su pretensión. Por fin, el artículo 86.3 “in fine” del Estatuto de los Trabajadores en la redacción dada por la Ley 3/2012, de 6 de julio, introdujo la siguiente previsión normativa:
“Transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquél perderá, salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación”.
Con esta nueva redacción del artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores, el legislador, tal y como explicita en la Exposición de Motivos, tenía por objeto “evitar la petrificación de las condiciones de trabajo pactadas en convenio”, y limitar temporalmente el período de ultraactividad con el objeto de adaptar el “contenido de la negociación colectiva a los cambiantes escenarios económicos y organizativos”.
- 2. Posiciones doctrinales sobre las lagunas legales del artículo 86.3 del ET
No obstante lo anterior, la nueva redacción otorgada contiene varias lagunas legales que deberán ser objeto de integración por parte de nuestros tribunales. Al igual que el precepto legal no especifica cuál sería el convenio colectivo aplicable en el supuesto de que hubiera una pluralidad de convenios colectivos de ámbito superior, tampoco resuelve qué ocurre en el supuesto de que no exista ninguno de dicho ámbito que fuese de aplicación supletoria.
Múltiples han sido las posiciones mantenidas por nuestra doctrina científica tratando de anticipar la respuesta que a tales lagunas pudiera dar la jurisprudencia de nuestros tribunales.
Las más relevantes han sido: i) la derogatoria o rupturista y ii) la continuista o conservacionista.
La primera consiste en la defensa de la aplicación de la norma básica laboral en defecto de convenio de ámbito superior que cubra la ausencia de regulación convencional de ámbito inferior.
La segunda sostiene la necesidad del mantenimiento de las condiciones existentes en el convenio colectivo extinto hasta la aprobación de uno nuevo, con independencia de cuando se produzca.
En el supuesto analizado en la sentencia del Tribunal Supremo, la empresa, ante la pérdida de vigencia del convenio colectivo aplicable, y la inexistencia de uno de ámbito superior, opta por la aplicación de la doctrina derogatoria. De esta manera, procede a aplicar el Estatuto de los Trabajadores en materia salarial a partir de la fecha de la pérdida de la vigencia del convenio. Es decir, abona a los trabajadores el salario mínimo interprofesional de tal forma que una parte del mes se paga el salario establecido en el convenio y, a partir de la fecha de su derogación, se limita a abonar el salario mínimo interprofesional.
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