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Los delitos de odio en las redes sociales

Los delitos de odio en las redes sociales

Dr. Víctor Gómez Martín. Profesor Titular (Catedrático acr.) de Derecho penal Universidad de Barcelona

 

Como es sabido, la reciente LO 1/2015, de 30 de abril, ha reformado de modo muy relevante el Código penal, modificante más de una tercera parte de su articulado. Uno de los preceptos modificados por la reforma es el art. 510 CP, en el que se hasta la fecha se encontraba tipificado el llamado delito de incitación. Con la reforma, el delito de referencia ha experimentado una decisiva transformación, que será objeto de detenido análisis en lo que sigue. Una de las novedades introducidas en el precepto es la incorporación al precepto de un subtipo agravado de aplicación para aquellos supuestos en los que la conducta se cometa “a través de un medio de comunicación social, por medio de Internet o mediante el uso de tecnologías de la información, de modo que aquél se hiciera accesible a un elevado número de personas” (art. 510.3 CP). El presente trabajo tiene por objeto analizar, por una parte, el contenido del nuevo art. 510 CP; por otra, si el mencionado tipo agravado podría resultar aplicable a uno de los principales fenómenos actuales en la materia: el llamado “ciberodio”; y, finalmente, si la llamada doctrina jurisprudencial del discurso del odio resulta también extensible al art. 578 CP.

 

  1. EL NUEVO ESCENARIO DEL DISCURSO DEL ODIO PUNIBLE TRAS LA LO 1/2015

 

  1. Algunas reflexiones sobre los tipos básicos

 

Tras la reforma, el tenor literal del art. 510.1 CP queda considerablemente ampliado.[1] El nuevo precepto, además de hacer referencia, entre los motivos discriminatorios, a las razones de género”, se divide ahora en tres apartados.

 

En el primero (a) se tipifican las conductas de “fomento, promoción o incitación al odio, hostilidad, discriminación o violencia. La incitación equivaldría a la provocación de la anterior redacción del precepto, aunque ya con una clara consideración de delito sui generis con respecto al acto preparatorio previsto en el art. 18 CP.[2] El fomento y la promoción constituyen, en cambio, conductas de favorecimiento más indirectas.[3] Todas estas conductas pueden ser directas o indirectas[4] y deben realizarse, en todo caso, “públicamente”. Con la reforma queda del todo claro que el delito es autónomo de la provocación al delito como acto preparatorio punible, prevista en el art. 18 CP. A diferencia de lo que sucedía antes de la reforma, la conducta puede recaer no sólo sobre un colectivo, sino también sobre alguno de sus concretos integrantes. Además, el nuevo art. 510.1 a) CP añade a los motivos discriminatorios las “razones de género”.

 

En el segundo apartado (b) se tipifica la producción, elaboración, posesión para distribuir o facilitar el acceso a terceros, distribución, difusión o venta de material idóneo para la realización de alguna de las comidas previstas en el apartado a). Con el nuevo apartado tendrán un más cómodo encaje en este apartado, por ejemplo, supuestos como los de las Librerías Europa y Kalki, que antes de la reforma sólo podían subsumirse (aunque forzadamente) en los arts. 510.1 (antecedente del actual apartado art. 510.1 a) CP) y 607.2 CP (antecedente del actual apartado art. 510.1 c) CP).

 

Finalmente, en el tercer apartado (c) se castigan los delitos de negación, trivialización grave o enaltecimiento de los delitos de genocidio, lesa humanidad o contra personas o bienes en caso de conflicto armado. En este apartado se tipifican, junto a otras, algunas de las conductas previstas antes de la reforma en el art. 607.2 CP, que pasa a integrarse, por tanto, en el nuevo art. 510 CP. La diferencia fundamental entre ambos preceptos reside en la ausencia en el nuevo de la “justificación”, y la presencia ahora de la trivialización y el enaltecimiento. Además, el nuevo apartado castiga conductas referidas no sólo al genocidio (como hacía el anterior art. 607.2 CP), sino también a los delitos de lesa humanidad y los llamados “crímenes de guerra”.

 

En relación con la negación, la STC 235/07, que resolvió el recurso de amparo del caso de la Librería Europa, consideró contraria al derecho fundamental a la libertad de expresión la tipificación de la mera negación del genocidio, esto es, la que no implicase incitación al genocidio. El nuevo precepto exige que “de este modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los mismos”. Con ello, se adecúa, en esencia, a lo exigido por la STC 235/2007 y la Decisión Marco de 28 de noviembre de 2008 relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho Penal.

 

La trivialización consiste en cualquier conducta por la que se minimice o reste importancia a hechos tan graves como el genocidio, los delitos de lesa humanidad o los crímenes de guerra. La trivialización ha de ser “grave”.

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