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Novedades derivadas de la modificación del Código penal operada por la LO 1/2019. ¿Cómo impactan en los modelos de cumplimiento penal?

Novedades derivadas de la modificación del Código penal operada por la LO 1/2019. ¿Cómo impactan en los modelos de cumplimiento penal?

Borja Almodóvar. Abogado Asociado Principal de Deloitte Legal

 

En breve: El pasado jueves 21 de febrero tuvo lugar una nueva reforma del Código Penal. Y como tantas otras posteriores al año 2010 –LO 3/2011, de 28 de enero; LO 7/2012, de 27 de diciembre; LO 2/2015, de 30 de marzo–, afecta a la responsabilidad penal de la persona jurídica en la medida en que, o bien incorpora delitos nuevos al ámbito de este especial régimen de responsabilidad, o bien modifica determinados tipos penales ya incluidos.

 

SUMARIO:

-Novedades de la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero

-Ámbitos bursátil y de corrupción

 

 

 

Entre las novedades de la LO 1/2019 destacan las relativas a los ámbitos bursátil y de corrupción, que deberán ser objeto de evaluación por las organizaciones y sus compliance officers, a los efectos de actualizar y adaptar sus modelos de prevención según las circunstancias. A ellas nos referiremos a continuación.

Empezando por los delitos bursátiles, es la segunda gran reforma en los últimos años si tenemos en cuenta la del 2010, que incorporó las denominadas manipulaciones informativas –284. 2º– y operativas –284. 2º, introduciendo además por vez primera el concepto de información privilegiada–. La que ahora nos ocupa es consecuencia de la transposición de la Directiva 2014/57/UE, y afecta a los respectivos tipos penales desde distintos puntos de vista. De un lado, ajusta el contenido de sus artículos 284 y 285 para armonizar las normativas administrativa y penal. De otro, siguiendo el tradicional afán expansivo de nuestro Derecho Penal, provoca la conversión a delitos de conductas sancionadas tradicionalmente en el ámbito administrativo –no en vano, la Directiva llevaba por nombre “sobre las sanciones penales aplicables al abuso de mercado”–.

Otro elemento a destacar es la ampliación de las penas máximas de prisión en dichos delitos económicos de última generación hasta los seis años, configurándolos ahora como graves, en claro conflicto con el principio de mínima intervención que (teóricamente) rige en nuestro Derecho Penal. También es relevante la previsión de agravación de las penas cuando el hecho lo comentan trabajadores o empleados de empresas prestadoras de servicios de inversión o de crédito, entre otras. Sin duda alguna, motivos más que suficientes para que este tipo de entidades procedan a reforzar el entorno de control respecto de estas actividades y sus empleados.

La modificación relativa al art. 284 del Código Penal aporta mayor seguridad jurídica a los elementos objetivos del tipo mediante la actualización de una casuística muy criticada hasta ahora por excesivamente prolija y descriptiva, en vez de técnica. Esta armonización con la norma administrativa dota además de una mayor precisión y elimina términos de difícil concreción en la práctica. Así, v.gr., el art. 284.1 1º ya no castiga a quien “intente alterar”, sino a quien “altere”; igualmente, incorpora como elementos susceptibles de maquinación los contratos sobre materias primas o los índices de referencia. Esto es una clara muestra de cómo el tipo intenta adaptarse a nuestros días, castigando expresamente los sofisticados casos acaecidos en los últimos años. Conocidos por todos, si pensamos en mercados financieros, son las supuestas manipulaciones respecto al Euribor como tipo de referencia para las hipotecas y otros productos financieros (swaps, futuros, derivados OTC, etc.), que han puesto bajo sospecha la gestión de las entidades de crédito.

Otra de las novedades de la reforma del art. 285 reside en la sustitución del término “información relevante” por el de “información privilegiada”, acogiendo por fin la disciplina conceptual del art. 81 LMV, y armonizando terminologías ya incorporadas previamente al 184. 3º y asumidas sin mayores problemas por la jurisprudencia del Tribunal Supremo[1]. Asimismo, tipifica nuevas formas de comisión del hecho delictivo, al tiempo que especifica los supuestos en que legalmente se entiende que una persona tiene acceso reservado a la información privilegiada.

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