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¿Puede un acreedor solicitar el concurso necesario de una persona física?

Solo será viable si acredita su crédito y, sobre todo, alguno de los hechos externos reveladores de insolvencia previstos legalmente

(Imagen: E&J)

Marina Ventaja

Abogada en Bergadà Abogados




Tiempo de lectura: 5 min

Publicado




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¿Puede un acreedor solicitar el concurso necesario de una persona física?

Solo será viable si acredita su crédito y, sobre todo, alguno de los hechos externos reveladores de insolvencia previstos legalmente

(Imagen: E&J)

La posibilidad de que un acreedor promueva la declaración de concurso de una persona física plantea una cuestión especialmente relevante en la práctica concursal, en particular cuando el deudor no desarrolla una actividad empresarial o profesional. ¿Puede el acreedor acudir al concurso en estos casos? Y, si es así, ¿qué requisitos debe reunir su solicitud?

La respuesta exige diferenciar entre la condición personal del deudor, la legitimación del solicitante, la concurrencia de insolvencia y la acreditación de los hechos que la revelan. También requiere valorar la utilidad real de la iniciativa cuando el deudor carece aparentemente de patrimonio o puede solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho.

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El presupuesto subjetivo y la legitimación del acreedor

El punto de partida es el artículo 1.1 TRLC, conforme al cual la declaración de concurso procede respecto de cualquier deudor, ya sea persona natural o jurídica. Por tanto, el régimen concursal no queda reservado a sociedades mercantiles ni a personas físicas empresarias.

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A esta previsión se añade el artículo 3.1 TRLC, que reconoce legitimación para solicitar el concurso al deudor y a cualquiera de sus acreedores.

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No basta el impago: el acreedor debe acreditar un hecho revelador de insolvencia

La existencia de una deuda vencida e impagada no determina, por sí misma, que proceda la declaración de concurso. El artículo 13.1 TRLC exige que el acreedor exprese el origen, naturaleza, importe, fechas de adquisición y vencimiento y situación actual de su crédito; además, debe acompañar los documentos acreditativos e identificar el hecho o los hechos externos reveladores de la insolvencia en los que funda su solicitud.

El presupuesto objetivo del concurso es la insolvencia. El artículo 2 TRLC define la insolvencia actual como la imposibilidad de cumplir regularmente las obligaciones exigibles y contempla también la insolvencia inminente. Sin embargo, la solicitud presentada por un acreedor debe fundarse en alguno de los hechos externos del artículo 2.4 TRLC, no en una mera previsión de insolvencia futura.

La elección del hecho revelador y la solidez de su acreditación son, por tanto, elementos centrales para la viabilidad de la solicitud.

La oposición del deudor y la carga de acreditar la solvencia

El deudor frente al que se presenta la solicitud conserva íntegramente su derecho de defensa. Conforme al artículo 20 TRLC, puede oponerse por falta de legitimación del solicitante, inexistencia del hecho externo invocado o inexistencia actual de insolvencia pese a haberse producido ese hecho.

La distribución de la carga de la prueba es especialmente relevante. Cuando el deudor alegue que no se encuentra en estado de insolvencia, le corresponde acreditar su solvencia. Si formula oposición, se celebrará una vista; y, si no comparece, el juez declarará el concurso, según el artículo 22 TRLC.

Este régimen evita que el concurso necesario se convierta en un mecanismo automático de presión frente a cualquier impago, pero permite que el acreedor promueva la declaración cuando concurran datos objetivos de insolvencia.

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Concurso sin masa: interés y límites de la iniciativa del acreedor

El concurso de una persona física puede ser declarado sin masa cuando concurra alguno de los supuestos del artículo 37 bis TRLC: inexistencia de bienes o derechos legalmente embargables, coste de realización manifiestamente desproporcionado, bienes libres de cargas de valor inferior al coste previsible del procedimiento o gravámenes superiores al valor de mercado de los bienes y derechos.

La inexistencia aparente de patrimonio no convierte necesariamente la solicitud en inútil. En el concurso sin masa, los acreedores que representen al menos el cinco por ciento del pasivo pueden solicitar el nombramiento de administrador concursal para que emita informe sobre la posible existencia de actos perjudiciales rescindibles y sobre eventuales indicios de concurso culpable, de acuerdo con el artículo 37 ter TRLC.

Por ello, antes de instar el concurso conviene valorar si existen indicios de ocultación, alzamiento, transmisiones patrimoniales sospechosas o actos que hayan podido perjudicar a los acreedores. Si no existe patrimonio ni datos que justifiquen actuaciones de reintegración o calificación, la utilidad económica de la iniciativa puede ser limitada.

El carácter necesario del concurso y sus efectos patrimoniales

El artículo 29 TRLC califica el concurso como voluntario cuando la primera solicitud es la del deudor; en los demás casos, tiene carácter necesario. Conserva este último carácter si, durante los tres meses anteriores a la solicitud del deudor, se hubiera presentado y admitido a trámite otra solicitud por cualquier legitimado, aunque este desistiera, no compareciera a la vista o no se ratificara.

La distinción no es puramente formal. Como regla general, en el concurso voluntario el deudor conserva sus facultades de administración y disposición, sometidas a la intervención de la administración concursal. En el concurso necesario, en cambio, dichas facultades quedan suspendidas y la administración concursal sustituye al deudor en su ejercicio, sin perjuicio de que el juez pueda acordar motivadamente un régimen distinto, conforme al artículo 106 TRLC.

Estas consecuencias refuerzan la necesidad de que el acreedor valore cuidadosamente la conveniencia de la solicitud, tanto por sus efectos sobre el patrimonio del deudor como por los costes y expectativas reales de recuperación.

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Persona física y exoneración del pasivo insatisfecho

La declaración de concurso de una persona física debe analizarse también a la luz del régimen de exoneración del pasivo insatisfecho. El artículo 486 TRLC permite al deudor persona natural, empresario o no, solicitar la exoneración en los términos y condiciones previstos por la ley, siempre que sea deudor de buena fe.

La exoneración no es automática ni deriva por sí sola de la declaración de concurso. Requiere solicitud del deudor y queda sometida a requisitos, límites y exclusiones legales. En los concursos sin masa, si ningún acreedor legitimado solicita en plazo el nombramiento de administrador concursal, el deudor persona natural podrá solicitar la exoneración, conforme al artículo 37 ter TRLC.

Desde la posición del acreedor, esta posibilidad no impide instar un concurso necesario, pero obliga a integrar en el análisis la naturaleza del crédito, el patrimonio del deudor, la existencia de otros acreedores y las expectativas reales de cobro. También deben examinarse los posibles actos de reintegración y los indicios que pudieran justificar una investigación concursal.

Conclusión

Tras examinar el régimen legal aplicable, en opinión de Bergadá Abogados, la respuesta es afirmativa: un acreedor puede solicitar el concurso necesario de una persona física en España, aunque esta no sea empresaria ni profesional. El fundamento se encuentra en que el TRLC admite el concurso de cualquier persona natural y reconoce legitimación a cualquiera de sus acreedores.

Ahora bien, la solicitud solo será viable si el acreedor acredita su crédito y, sobre todo, alguno de los hechos externos reveladores de insolvencia previstos legalmente. El impago aislado no basta. La decisión de promover el concurso debe adoptarse tras valorar la situación patrimonial del deudor, los embargos o ejecuciones existentes, la posible existencia de actos perjudiciales y la eventual apertura de un concurso sin masa con posterior solicitud de exoneración.

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