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¿Qué es la “segunda oportunidad”?

¿Qué es la “segunda oportunidad”?

Carlos Fidalgo Gallardo. Abogado. Socio Director de MOREANA | Abogados y Economistas.

Profesor Asociado del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Sevilla.

Aunque todavía poco conocidos, y lastrados por una regulación aquejada de graves carencias e indefiniciones, los expedientes de negociación extrajudicial de pasivos  pueden proporcionar una verdadera segunda oportunidad a las personas naturales (individuos o familias, asalariados o autónomos y empresarios) que sin mala fe de su parte hayan podido caer en una situación de insolvencia. Este artículo es el primero de una serie que analizará en sucesivos capítulos la naturaleza, la tramitación, y las ventajas y carencias del régimen de la Segunda Oportunidad.

 

SUMARIO

 

  1. Una auténtica revolución en el Derecho Patrimonial español
  2. La Segunda Oportunidad, singularísima variante del concurso de acreedores
  3. La Segunda Oportunidad, alternativa al concurso
  4. Ventajas e inconvenientes de su condición de especialidad concursal

 

 

 

  1. Una auténtica revolución en el Derecho Patrimonial español

 

La responsabilidad personal por deudas es cuestión actualmente circunscrita al ámbito del Derecho Patrimonial Privado, donde el basilar art. 1.911 del Código Civil nos dice que “del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes presentes y futuros”. Los bienes por tanto, pero no la persona misma, son lo que queda sujeto a la atención de las deudas que el individuo pueda contraer por cualquier título. Sólo en supuestos concretos el Código Penal tipifica como delitos determinadas conductas de naturaleza o sustrato económico, y consiguientemente les apareja la imposición de sanciones penales, incluso restrictivas de libertad ambulatoria: por ejemplo el impago de pensiones alimenticias (art. 227 CP), o los delitos fiscales (arts. 305 y ss. CP). Pero en estos supuestos la conducta del deudor está revestida de un plus de gravedad, y el bien jurídico protegido –la ratio que fundamenta la tipificación penal— no es el simple impago sino, en el caso de las pensiones por alimentos los derechos de los hijos, y en el caso del delito fiscal el menoscabo a la Hacienda Pública.

 

La sujeción sin embargo de “todos [los] bienes presentes y futuros” del deudor a la atención de sus acreedores, puede sin embargo en situaciones extremas –mucho más frecuentes de lo que habitualmente se piensa— equivaler a una muerte económica en vida que condena a simplemente sobrevivir excluido del sistema.

 

En España, hasta fecha reciente esas situaciones de ruina no tenían solución, salvo mejoras de fortuna de tal naturaleza que solían ser más bien golpes de suerte que resultado del esfuerzo personal: una lotería o una herencia sustanciosa que permitiese al deudor de un plumazo liquidar sus deudas anteriores y volver a reintegrarse al sistema económico y crediticio como un ciudadano más. Porque la insolvencia en efecto no sólo abocaba al insolvente a acabar perdiendo sus bienes a manos de sus acreedores (por el desencadenamiento de procedimientos administrativos y judiciales de reclamación de cantidad y las subsiguientes ejecuciones, acompañadas de la inclusión en ficheros de morosos), sino también a que se le cerrasen total y definitivamente las puertas del crédito (las ejecuciones no caducan una vez iniciadas, art. 570 de la LEC). Crédito, no lo olvidemos, que en una economía moderna es imprescindible para poder tener una vida económica más allá del simple vivir al día.

 

Aquí es donde entra en juego la reciente incorporación a nuestro ordenamiento del régimen de la Segunda Oportunidad, que ha supuesto en nuestro Derecho Patrimonial una verdadera revolución, aún muy desconocida y poco utilizada.

 

 

  1. La Segunda Oportunidad, singularísima variante del concurso de acreedores

 

La Segunda Oportunidad fue introducida en la legislación española por la Ley 25/2015 de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social (en adelante, LSO). Constituye una muy especial especialidad del concurso de acreedores, tanto por su naturaleza, como por sus fines, como por su tramitación, como muy especialmente por el resultado que se puede alcanzar con ella. A través de estos expedientes, los particulares en situación de insolvencia actual o inminente pueden conseguir, tras un procedimiento de mediación extrajudicial desarrollado de buena fe y para el caso de falta de acuerdo en el mismo, la liberación por resolución judicial del resto de pasivos no atendidos tras la liquidación de sus activos. Lo de “segunda oportunidad” es por eso un término no técnico, pero muy descriptivo y eficaz.

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