Tarjetas ‘revolving’: el límite al interés no basta para proteger al consumidor

La protección de los usuarios de tarjetas revolving vuelve a estar en el centro del debate regulatorio. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicó el 1 de octubre su informe sobre el anteproyecto de Ley de Contratos de Crédito al Consumo, y el Consejo Económico y Social aprobó su dictamen el día 6. Sin embargo, el adelanto electoral anunciado posteriormente ha puesto en riesgo la continuidad de la reforma, que contemplaba un límite transitorio del 22% para el coste de estos créditos. La situación reabre una cuestión que va más allá de los plazos legislativos: ¿basta con limitar el interés para evitar que un consumidor quede atrapado durante años en una deuda que apenas consigue reducir?

Las tarjetas revolving permiten aplazar los pagos mediante cuotas periódicas. Cuando estas son demasiado bajas en relación con el saldo pendiente y los intereses generados, la devolución del capital puede prolongarse considerablemente. El problema no reside únicamente en cuánto se paga, sino también en cuánto capital se amortiza, cuánto tiempo puede mantenerse la deuda y si el cliente comprendió esas consecuencias cuando contrató.

Por eso, aunque una futura regulación pueda representar un avance, la protección del consumidor no debería depender exclusivamente de un porcentaje máximo. El ordenamiento ya dispone de mecanismos para examinar la usura y la transparencia de estos contratos, cuyo alcance resulta esencial mientras se despeja el futuro de la reforma.

La primera vía es el control de usura. La Ley de 23 de julio de 1908, sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios, establece en su artículo 1 que puede declararse nulo un préstamo cuyo interés sea notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso. Los tribunales aplican este marco también a los créditos asociados a tarjetas revolving.

(Imagen: E&J)

Ahora bien, no existe un porcentaje único que permita afirmar automáticamente que cualquier tarjeta con una TAE determinada es usuraria. La comparación debe realizarse con el interés normal correspondiente a la categoría de crédito en la fecha relevante, de acuerdo con los criterios jurisprudenciales aplicables. Por eso, una TAE elevada constituye un dato importante, pero no sustituye el análisis jurídico del contrato.

La segunda vía es el control de transparencia. Aquí la cuestión no es únicamente cuánto cuesta el crédito, sino si el consumidor recibió información suficiente para comprender cómo funciona el sistema de amortización y cuáles pueden ser sus consecuencias económicas.

El Tribunal Supremo abordó esta cuestión en sus sentencias 154/2025 y 155/2025, de 30 de enero, relativas a contratos de tarjetas revolving. La Sala puso el foco en la información necesaria para que el cliente comprenda el funcionamiento del sistema, su duración potencial y los riesgos derivados de una cuota mensual reducida. La transparencia no se satisface por el mero hecho de que el contrato recoja una TAE: el consumidor debe poder entender cómo interactúan el interés, la cuota y la amortización del capital.

Esta distinción es esencial. Una tarjeta puede tener un interés inferior al límite que finalmente establezca el legislador y, aun así, presentar problemas de transparencia. Si el cliente no pudo comprender adecuadamente que una parte importante de sus pagos se destinaría a intereses o que la devolución del capital podría prolongarse durante años, el contrato deberá examinarse a la luz de las obligaciones de información y de las reglas sobre condiciones abusivas.

En este ámbito también resulta relevante la Directiva 93/13/CEE, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, incorporada al ordenamiento español. Este marco permite examinar las condiciones contractuales que, contra las exigencias de la buena fe, causen un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes. La falta de transparencia puede ser relevante para valorar ese desequilibrio, aunque no implica por sí sola que cualquier cláusula poco clara sea automáticamente abusiva: es necesario analizar las circunstancias y las consecuencias contractuales.

(Imagen: E&J)

El debate regulatorio, por tanto, no debería centrarse exclusivamente en fijar un límite al precio del crédito. Un umbral puede contribuir a evitar costes excesivos, pero no explica al consumidor cuánto tardará en devolver lo dispuesto, cómo evolucionará su deuda o qué parte de cada cuota reducirá realmente el capital pendiente. La protección exige también que la información sea comprensible antes de contratar y permita valorar las consecuencias económicas del producto.

Esto no significa que toda tarjeta revolving sea abusiva ni que cualquier deuda prolongada justifique la nulidad del contrato. La respuesta depende de las condiciones pactadas, de la información facilitada, del interés aplicado y de las circunstancias concretas. Precisamente por eso, el análisis jurídico no puede sustituirse por una cifra general ni por una conclusión automática basada en la duración de la deuda.

La incertidumbre sobre el futuro de la reforma no elimina la protección que ofrece la legislación vigente. El consumidor puede solicitar la documentación contractual y los movimientos de la tarjeta, comprobar la TAE aplicada y la evolución del capital pendiente y valorar si existen motivos para reclamar por usura o por falta de transparencia. La viabilidad y las consecuencias de cada acción dependerán de las condiciones del contrato y de las circunstancias concretas.

La reforma puede representar un avance, pero su eficacia no debería medirse únicamente por el interés máximo que permita cobrar. También debe valorarse por su capacidad para prevenir situaciones en las que el consumidor, pese a pagar mes tras mes, no comprende el coste real de la financiación ni cuándo podrá terminar de devolverla.

En definitiva, limitar el precio del crédito es importante, pero garantizar que el consumidor comprenda la deuda que está asumiendo es igualmente esencial. La protección efectiva de quienes utilizan tarjetas revolving requiere combinar reglas claras sobre el coste de la financiación con información transparente y mecanismos jurídicos que permitan reaccionar cuando el contrato no respeta sus derechos.