Unas confirmadas supremas costas para un exfiscal general del Estado
La confirmación de una tasación y su verdadero significado jurídico
(Imagen: RTVE)
Unas confirmadas supremas costas para un exfiscal general del Estado
La confirmación de una tasación y su verdadero significado jurídico
(Imagen: RTVE)
La decisión de la letrada de la Administración de Justicia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que rechaza las impugnaciones formuladas por la Fiscalía y por la Abogacía del Estado contra la tasación de costas practicada en el conocido como caso de la filtración del correo de los abogados de Alberto González Amador ha sido presentada, en algunos medios, como una suerte de nueva condena del exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Nada más lejos de la realidad procesal. Lo que se ha confirmado no es la culpabilidad ni la pena, que ya fueron fijadas en la sentencia correspondiente y ratificadas al desestimarse el incidente de nulidad, sino la cantidad que el condenado debe satisfacer por los honorarios del letrado y de la procuradora de la acusación particular.
Se trata, por tanto, de un acto de ejecución, de una resolución de carácter técnico que cuantifica una consecuencia accesoria del fallo, y no de un nuevo pronunciamiento sobre el fondo del asunto.
Debe tenerse presente que la tasación de costas es, en la arquitectura del proceso penal, una pieza discreta pero indispensable. El artículo 123 del Código Penal dispone que las costas procesales se impondrán al culpable de un delito, y la Ley de Enjuiciamiento Criminal regula el procedimiento para su práctica, impugnación y aprobación. La cantidad ahora confirmada asciende a 39.009 euros, de los cuales 38.508 corresponden a los honorarios del letrado de la acusación particular y 501 a los derechos de la procuradora.
Esa cifra no brota de la arbitrariedad ni del capricho, sino de un proceso reglado en el que la letrada de la Administración de Justicia ha examinado la minuta, ha recabado el informe del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares y ha concluido que no concurre una desproporción patente, manifiesta o notoria que permita calificarla como excesiva. La reducción previa, desde una cantidad inicial que rondaba los 80.000 euros hasta los 39.009 finalmente aprobados, demuestra, además, que el mecanismo de control funciona y que la tasación no es un automatismo ciego.
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