Defensa contra el Ayuntamiento por infracción grave del artículo 36.16 de la Ley Orgánica 4/2015

Parte demandante:

– Ramiro López.

Parte demandada:

– Administración pública.

– La anulación de la resolución emitida por el Ayuntamiento de Bilbao que impone una multa de 601 € a tu cliente.

– La declaración de que la resolución se adoptó vulnerando los principios básicos del procedimiento administrativo sancionador.

– La solicitud de que se reconozca la interposición de la demanda dentro del plazo legal debido, teniendo en cuenta la solicitud de Asistencia Jurídica Gratuita y la consecuente suspensión de los plazos procesales.

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: El artículo 1.1 de la LRJCA establece que los Juzgados y Tribunales del Orden contencioso-administrativo tienen jurisdicción sobre las pretensiones relacionadas con las actuaciones de las Administraciones públicas sujetas al Derecho Administrativo. La competencia funcional y objetiva corresponde a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

II. CAPACIDAD PROCESAL: El demandante tiene la capacidad procesal para participar en el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo de acuerdo con el artículo 18 de la LRJCA.

III. LEGITIMACIÓN Y POSTULACIÓN: El demandante está legitimado de acuerdo con el artículo 19.1 de la Ley Jurisdiccional, ya que sus derechos e intereses legítimos se ven afectados por la actividad administrativa impugnada. El artículo 21.1.a) de la misma Ley otorga legitimación a la Administración contra la cual se dirige el recurso. El demandante designa a la letrada firmante como su representante según el artículo 23 de la Ley Jurisdiccional.

IV. CUANTÍA: La cuantía de la reclamación es de 601 euros, que corresponde a la sanción impuesta, sin incluir recargos, costas u otras responsabilidades, de acuerdo con los artículos 41.1 y 42.1 a) de la Ley Contencioso Administrativa.

V. PROCEDIMIENTO: El procedimiento adecuado para tramitar este recurso es el procedimiento abreviado, regulado en el artículo 78 de la Ley Jurisdiccional, ya que la cuantía de la sanción no supera los 30.000 euros.

VI. PLAZO: El recurso se presentó dentro del plazo de dos meses, como lo estipula el artículo 46 de la LRJCA, considerando que la resolución impugnada se notificó al recurrente el 12/07/2021.

VII. ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA IMPUGNABLE: La sanción objeto del recurso es impugnable ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con el artículo 25 de la LRJCA, ya que pone fin a la vía administrativa.

• Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
• Constitución Española.
• Ley de Enjuiciamiento Civil.
• Artículo 14. , Artículo 8. , Artículo 45. , Artículo 46. , Artículo 28. , Artículo 6. , Artículo 25. , Artículo 18. Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
• Artículo 9 , Artículo 24 Constitución Española.
• Artículo 135. Presentación de escritos, a efectos del requisito de tiempo de los actos procesales. , Artículo 231. Subsanación. Ley de Enjuiciamiento Civil.

No existe ningún tipo de documentación aportada.

No hay prueba.

– Se interpuso demanda a día 2 de noviembre de 2021.

– Se dictó sentencia el día 21 de enero de 2022.

– Se lleva a cabo la interposición del recurso de apelación el día 2 de febrero de 2022.

– Se dictó sentencia desestimando el recurso el día 18 de julio de 2022.

– Se interpone recurso de casación el día 20 de septiembre de 2022.

– El caso se encuentra en vivo actualmente a la espera de resolución.

Resolución Judicial