Demanda al SEPE por reclamar la devolución del Subsidio de Desempleo

Parte Demandante:

Doña Ana

Parte Demandada:

SEPE

Parte Demandante:

Que se cite a las partes para los actos de conciliación y juicio y, previos los trámites legales oportunos, dicte sentencia por la que, estimando íntegramente la presente Demanda, declare:

1. Que ha prescrito la facultad revisoria del SEPE sobre la resolución dictada el 10/01/2018, por la cual reconoció a la demandante el derecho a percibir una prestación por desempleo de nivel contributivo, por lo que dicha Resolución es firme.
2. Que procede la revocación de la Resolución de archivo de fecha 17 de julio de 2020 y de la Resolución de fecha 11 de agosto de 2020 desestimatoria de la Reclamación Previa interpuesta por la actora, dejando las mismas sin efecto.

Con carácter subsidiario, para el caso en que las anteriores peticiones no fueran estimadas, dicte Sentencia declarando:

Que los 5.905,20 € abonados por el FOGASA no lo son en concepto de “salarios de tramitación”, sino de salarios correspondientes a un tiempo trabajado efectivamente por la demandante en la empresa  previamente a haber sido despedida, por lo que no hay obligación de reintegro.

Con carácter subsidiario, y para el caso en que no se estime la anterior petición, declare:

La improcedencia del reintegro de la totalidad de la prestación reclamada (6.556,11 €), considerando indebido, únicamente, el importe de 5.905,20 €, correspondiendo la diferencia a la actora.

Condenando al SEPE a estar y pasar por tales declaraciones, con las consecuencias legales que de la misma se deriven.

Parte Demandante:

1. Prescripción del plazo de 1 año para la revisión de la resolución de reconocimiento a percibir una prestación por desempleo: Pues bien, el artículo 146 de la LRJS regula la revisión de actos declarativos de derechos. En virtud de dicho precepto, la acción de revisión puede ejercitarse por la entidad gestora durante 4 años en los supuestos de rectificación de errores materiales o de hecho y los aritméticos, así como cuando se deba a omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario.
En todos los demás casos el plazo es de un año desde que se dictó la resolución objeto de revisión. En el presente supuesto no nos hallamos ante errores materiales o aritméticos, ni tampoco ante omisiones o inexactitudes del beneficiario.
Por tanto, debe considerarse el plazo de 1 año para la prescripción,debiendo computarse el mismo desde la fecha en que se dictó la resolución que se pretende revisar; y no, como mantiene el SEPE, desde el momento de la percepción de los salarios de tramitación.

En definitiva, el plazo de un año no computa desde que se ha producido la incompatibilidad sobrevenida, tal y como afirma el SEPE, sino desde que se dicta la resolución que reconoce el derecho a percibir la prestación por desempleo.

2. Atribución errónea de las cantidades abonadas por el FOGASA a “salarios de tramitación”: en Sentencia nº 382/2018 de 5 de diciembre, autos nº 163/2018, condenó a la empresa demandada a abonar a la actora la cantidad de 8.980 €, más el 10% del interés de mora. No obstante, la sentencia no condenó a la empresa a abonar salarios de tramitación.

Así las cosas, los supuestos “salarios de tramitación” no serían tales, sino que lo que se habría reconocido por FOGASA son salarios correspondientes a un tiempo efectivamente trabajado por la demandante en la mencionada empresa previamente a haber sido despedida.

La interpretación del SEPE provoca un grave perjuicio al ciudadano, pues deja a expensas del FOGASA la atribución del concepto por el cual le abona una determinada cantidad. De no haber calificado erróneamente FOGASA como “salario de tramitación” el importe que abonó a la demandante, esta habría percibido el mismo importe (5.905,20 €) como consecuencia del procedimiento de reclamación de cantidad que se siguió contra la empresa. En ese supuesto, no se habría planteado una supuesta percepción indebida por parte de la demandante.

3. Improcedencia del reintegro de la totalidad de la prestación por desempleo percibida: La demandante ya alegó ante el SEPE que, para el caso de que se declarase la existencia de una percepción indebida, no procedería el reintegro de la
cantidad de 6.556,11 € correspondiente a la totalidad del importe percibido en concepto de prestación por desempleo.

El importe abonado por el FOGASA por dicho concepto asciende a 5.905,20 €. En el supuesto de que se confirmara el reintegro, esa sería la cantidad que reintegrar, pero no la totalidad de la prestación por desempleo percibida.

En definitiva, únicamente podría considerarse como cantidad indebida la de 5.905,20 €. El resto de la prestación sería ajustada a derecho.

4. Vulneración del principio constitucional de seguridad jurídica (art.9.3 CE): Tal y como se ha expuesto, la actora se ha visto sorprendida al notificársele el 4 de agosto de 2020 el archivo de su reclamación previa y, posteriormente, el 24 de agosto, la desestimación de esta. Sin que entre dichas actuaciones y fechas se le haya notificado a la demandante motivo alguno que justifique tal actuación por parte del SEPE.
Dicha actuación de la demandada genera una flagrante indefensión a la actora, ya que los medios impugnatorios son totalmente distintos e incompatibles: nueva reclamación previa (archivo), o Demanda ante el Juzgado de lo Social (desestimación de la reclamación).
Todo ello supone una vulneración innegable del principio de seguridad jurídica y de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, previstos en el art. 9.3 de la Constitución.

Parte Demandada:

1. Argumenta que no ha pasado un año desde que se ha producido la incompatibilidad sobrevenida

2. Que el plazo para exigir el reintegro de lo percibido de prestación por desempleo es de cuatro años desde la fecha de su cobro o desde que fue posible ejercitar la acción para exigir su devolución. La fecha de la “Resolución sobre revocación de prestaciones por desempleo” es de 12/02/2020, no cabe todavía prescripción, dado que no ha pasado un año.

• Artículo 193. Objeto del recurso de suplicación. , CAPÍTULO VI De las prestaciones de la Seguridad Social , LIBRO SEGUNDO Del proceso ordinario y de las modalidades procesales , Artículo 294. Ejecución provisional de la sentencia condenatoria al pago de prestaciones de pago periódico de Seguridad Social. , Artículo 71. Reclamación administrativa previa en materia de prestaciones de Seguridad Social. , Artículo 146. Revisión de actos declarativos de derechos. , Artículo 268. Orden de los pagos. , CAPÍTULO II De la ejecución dineraria , Artículo 286. Imposibilidad de readmisión del trabajador. , Artículo 284. Consecuencias del incumplimiento del empresario. , Artículo 281. Auto de resolución del incidente. Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
• Artículo 9 Constitución Española.
• Artículo 268. Solicitud, nacimiento y conservación del derecho a las prestaciones. , Artículo 53. Prescripción. , Artículo 284. Prestación por desempleo, maternidad y paternidad. , Artículo 268. Solicitud, nacimiento y conservación del derecho a las prestaciones. , Artículo 281. Automaticidad del derecho a las prestaciones. , Artículo 279. Suspensión y extinción del derecho al subsidio. , Artículo 295. Reintegro de pagos indebidos. , Artículo 209. Base reguladora de la pensión de jubilación. Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Parte Demandada:

• Documento 1: Comunicación del SEPE de propuesta de revocación de prestaciones por desempleo.
• Documento 2: Resolución por la que el SEPE acuerda revocar y dejar sin efecto el derecho de prestaciones por desempleo.
• Documento 3: escrito de fecha 09/06/2020 dirigido a la Dirección Provincial del Sepe.
• Documento 4: resolución de archivo de la reclamación previa.
• Documento 5: Resolución desestimatoria de la reclamación previa.

Documentales

En fecha 11 de diciembre de 2023 se interpuso Demanda de proceso sobre prestaciones de la seguridad social contra el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), de la cual se dictó sentencia el 1 de diciembre de 2020 Estimando parcialmente la Demanda, revocando las resoluciones administrativas del SEPE y Desestimando las excepciones planteadas en materia de prescripción.

El 7 de diciembre de 2020 Doña Ana interpone Recurso de suplicación en contra la citada sentencia y el 9 de marzo de 2021 se dicta sentencia estimando parcialmente el recurso, revocando parcialmente y declarando que no es factible revisar la resolución de 10 de enero de 2018 del SEPE. Contra esta sentencia cabe recurso de casación.