Demanda impugnando una sanción de la Dirección General de Empleo por cursos formativos

Que estimando la demanda interpuesta por Educa, contra el Gobierno de España, Ministerio de Empleo y SS, Dirección General de Empleo, procede declarar no conforme a derecho la resolución de 12-4-17 confirmada por resolución de fecha 8-11-17 dejando sin efecto y revocando la sanción impuesta y calificada como GRAVE, del articulo 15,6,d del texto Refundido de la Ley de Infracción y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, un importe de 626,00 euros con devolución de su importe en caso de haber procedido a su abono.

Las actas de la Inspección de Trabajo pueden constituir un medio de prueba susceptible de lograr el convencimiento del Tribunal sobre los hechos a que se refiere la documentación de la actuación inspectora, sometida a control jurisdiccional, que por su objetividad sean susceptibles de percepción directa por el Inspector actuante en la visita girada, y por ello resultan idóneos para ser acreditados con tal medio probatorio, y no se trate de una mera estimación no documentada por la Administración en el expediente. Ese valor probatorio solo puede referirse a los hechos comprobados directamente por el funcionario, quedando fuera de su alcance las calificaciones jurídicas, los juicios de valor o las simples opiniones que los inspectores consignen en las actas y diligencias.

En opinión del juzgador y en concordancia con otras resoluciones aportadas por la parte actora que el numero de horas de conexión no se puede erigir como elemento para determinar la superación de la formación o curso en caso de teleformación. Adverando incluso las manifestaciones referenciales que se contienen en la irregular prueba de acta notarial de manifestaciones de referencia de una trabajadora de la empresa (documento 10 de la actora) sobre la inexistencia de criterio respecto a tal cuestion por parte del Servicio Publico de Empleo Estatal. Tales circunstancias impiden valorar a efectos de tipicidad y culpabilidad los hechos imputados, esto es que en los cursos expuestos por el acta no se llegue al 50% de las horas de conexión puesto que lo que se convierte en relevante es la superación de las controles y otros aspectos, que no consta no hayan sido valorados por la actora a los efectos de dar por superado el curso de formación y ello cuando las limitaciones de la plataforma de comunicación con expedición de certificados tal y como ha venido a exponer el perito que actuá a instancias de la actora no permite (como viene a ocurrir en la mayoría de procesos informatizados) incluir variaciones respecto a las secuencias y contenidos de la formación y su certificación.

Por lo expuesto procede en aplicación de las previsiones del art 151,9,c estimar la demanda al apreciar infracción del ordenamiento jurídico, declarando no conforme a derecho el acto impugnado con anulación del mismo dejando sin efecto y revocando la sancion impuesta por expedir certificaciones y diplomas por acciones formativas que no se hayan impartido, como infracción GRAVE, de conformidad con el artículo 15 número 6 letra d) del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de Agosto (en redacción dada por la propia Ley 30/2015), con imposición de una sanción de 626,00 euros, con devolución de su importe en caso de haber procedido a su abono