Parte demandante:

Doña Ana

Don Luis

Parte demandada:

“COMPAÑÍA S.L.”

Parte demandante:

Que se anulen los acuerdos sociales de la Junta General Extraordinaria del día 17 de marzo de 2014.

Que se condene en costas a la parte demandada.

Que se anote preventivamente la demanda de impugnación en el Registro Mercantil, conforme a lo previsto en el art. 155 de su Reglamento, con previa audiencia de los representantes legales de la demandada, sin prestación de garantía al estimarse que no se produce ni se podría producir ningún perjuicio, en tanto que la sociedad viene actuando con normalidad en sus pagos y cobros.

Que se suspenda el acuerdo impugnado de cesar a Don Luis como administrador mancomunado.

Parte demandada:

Que se dicte sentencia que desestime íntegramente la demanda presentada por Doña Ana y Don Luis.

Que se condene en costas a los actores.

Que se denieguen las medidas cautelares, de anotación preventiva y suspensión del acuerdo impugnado, solicitadas por los demandantes.

Parte demandante:

La impugnación de los acuerdos sociales se solicita en base a una vulneración flagrante de la buena fe y un manifiesto abuso de derecho, con el agravante de utilizar un proceso judicial legítimo para unos fines distintos a los manifestados.

Tal como establece el art. 7 del Código Civil, los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe y ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. De este modo, el ejercicio de los derechos conforme a las exigencias de la buena fe, es un principio básico de nuestro ordenamiento, incluido en el ámbito de la impugnación de acuerdos sociales.

Por tanto, para la demandante no cabe lugar a dudas del uso fraudulento hecho por Don José Santiago de la figura procesal del expediente de Jurisdicción Voluntaria de Convocatoria de Junta General Extraordinaria, a modo de ardid para conseguir un único objetivo de nombrarse administrador único, utilizando como pretexto para acudir a la convocatoria judicial la aprobación de las cuentas generales para abrir la hoja registral.

Por otro lado, esta parte, alega que el derecho de información que asiste a los demandantes, conforme a la Ley de Sociedades de Capital, no es que haya resultado negado, sino que ha resultado imposible su ejercicio, en tanto que personada Doña Ana para retirar copia de la documentación que tras su examen permitiría el ejercicio de ese derecho, se encontró con la situación de negársele cualquier documentación relativa al orden del día. Pero, además en la celebración de la Junta se siguió sin poner a disposición alguna que permitiera un mínimo análisis o tomar una decisión sobre las cuentas.

Parte demandada:

La parte demandada, fundamenta sus peticiones en que los actores carecen de legitimación activa para la interposición de la demanda de impugnación de todos acuerdos sociales, ya que, de acuerdo con el art. 206.2 de la LSC para la impugnación de acuerdos anulables están legitimados los socios asistentes a la junta que hubiesen hecho constar en acta su oposición al acuerdo, los ausentes y los que hubiesen sido ilegítimamente privados del voto, así como los administradores. Los actores asistieron a la junta representados por su representante legal, oponiéndose únicamente al acuerdo relativo al cese de Don Luis como administrador mancomunado y el nombramiento de Don José Santiago como administrador único, al resto de acuerdos no se opusieron, ni formularon oposición alguna. Por tanto, los actores solamente están legitimados activamente para la impugnación del acuerdo anulable al que se opusieron.

Por otro lado, se alega la falta de legitimación activa de Doña Ana, ya que la misma manifiesta su condición de partícipe en la sociedad en virtud de la escritura de aceptación y adjudicación de herencia otorgada el 21 de noviembre de 2006, sin embargo no aporta copia autorizada, copia simple o fotocopia de la misma. Asimismo, conforme dispone el art. 104 de la LSC, la sociedad está obligada a llevar un libro de registro de socios en el que se harán constar la titularidad originaria y las sucesivas transmisiones y que la sociedad solo reputará socio a quien se halle inscrito en dicho libro. Doña Ana, no figura en el libro de registro de socios y, por tanto, carece de legitimación activa para ejercitar la acción que interpone por medio de demanda.

En otro orden de cosas, se alega que, de acuerdo con el art. 164.1 de la LSC, la junta general ordinaria, previamente convocada al efecto, se reunirá necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para aprobar la gestión social, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado y, los arts. 167 y 168 de la misma Ley establece el deber de convocar las juntas generales, y ordena a los administradores la convocatoria de la junta general siempre que lo consideren necesario o conveniente para los intereses sociales, o cuando lo soliciten uno o varios socios, que representen, al menos, el 5% del capital social. Don José Santiago, representa el 71,66% del capital social y por tanto está legalmente legitimado para solicitar la convocatoria de la Junta General.

Respecto a la formulación de las cuentas anuales, el art. 253 de la LSC obliga a los administradores de la sociedad a formular, en el plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado. Dicho plazo expiró el día 31 de marzo de 2011. La demanda se presentó en marzo de 2012, un año después de finalizar la obligación de los administradores para la formulación de las cuentas anuales. De este modo, hubo un año de requerimientos a Don Luis para que procediera a formalizar las cuentas,  sin que el mismo acceda a tales peticiones, obstaculizando la realización de las obligaciones de la administración mancomunada. Por tanto, es la negativa de Don Luis a la formulación de las cuentas anuales una vulneración de la buena fe y un manifiesto abuso de derecho.

También resulta de aplicación el art. 223 de la LSC que establece que los administradores podrán ser separados de su cargo en cualquier momento por la Junta General aun cuando la separación no conste en el orden del día, por lo que no se aprecia vulneración ni abuso de derecho en el cese de Don Luis como administrador mancomunado, más bien, lo que sí parece ser un abuso de derecho es la pretensión del actor en perpetuarse en la anterior situación de órgano de administración mancomunado.

• • Artículo 7. Código Civil.
  • Artículo 11. , Artículo 9. , Artículo 86. Ley Orgánica del Poder Judicial (6/1985, de 1 de julio)
  • Artículo 6. Capacidad para ser parte. , Artículo 7. Comparecencia en juicio y representación. , Artículo 52. Competencia territorial en casos especiales. , Artículo 23. Intervención de procurador. , Artículo 31. Intervención de abogado. , Artículo 247. Respeto a las reglas de la buena fe procesal. Multas por su incumplimiento. , Artículo 249. Ámbito del juicio ordinario. , Artículo 394. Condena en las costas de la primera instancia. , Artículo 265. Documentos y otros escritos y objetos relativos al fondo del asunto. Ley de Enjuiciamiento Civil.
  • Artículo 104. Libro registro de socios. , Artículo 168. Solicitud de convocatoria por la minoría. , Artículo 164. Junta ordinaria. , Artículo 105. Examen y certificación. ,Artículo 167. Deber de convocar. , Artículo 169. Competencia para la convocatoria. , Artículo 205. Caducidad de la acción de impugnación. , Artículo 206. Legitimación para impugnar. , Artículo 223. Cese de los administradores. , TÍTULO VII Las cuentas anuales , Artículo 253. Formulación. , Artículo 272. Aprobación de las cuentas. ,Artículo 204. Acuerdos impugnables. , Artículo 196. Derecho de información en la sociedad de responsabilidad limitada. Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Parte demandante:

• Copia del escrito promoviendo el expediente de jurisdicción voluntaria sobre convocatoria de Junta General Extraordinaria, de fecha de 12 de marzo de 2012.
• Copia de escrito de alegaciones presentado el 4 de diciembre de 2013.
• Copia del auto de fecha del 24 de enero de 2014.
• Convocatoria de Junta.
• Acta de manifestaciones del 10 de marzo de 2014, donde se recoge la negativa a dar información contable de “COMPAÑÍA S.L.”.
• Email del 13 de marzo de 2014.
• Recibí firmado.
• Escritura de poder específico para la asistencia a junta otorgado al representante legal de los demandantes.
• Justificante laboral del Servicio Madrileño de Salud.
• Acta de la Junta General Extraordinaria del día 17 de marzo de 2014.

Parte demandada:

• Testimonio Libro Registro de Socios.
• Acta notarial de la junta de 17 de marzo de 2014.
• Comunicación del letrado de Doña Ana relativa a la titularidad de las participaciones que dice ostentar.
• Expediente de jurisdicción voluntaria.
• Comunicación de Don Luis señalando su domicilio, como administrador y partícipe, en Villaviciosa de Odón, Madrid.
• Burofax remitido a Don Luis el día 16 de junio de 2011.
• Impresión de página web de Correos en l que se acredita que solamente conservan lo burofax durante los seis meses siguientes a su fecha.
• Acta notarial de requerimiento de 8 de julio de 2011.
• Acta notarial de requerimiento de 3 de octubre de 2011.
• Escrito presentado el día 1 de septiembre de 2014 interesando desglose y testimonio de los documentos que fueron aportados con la demanda del Juzgado de lo Mercantil nº4 de Madrid, así como testimonio de los documentos presentados por los actores.

Prueba

• Coincide con los documentos aportados.