Desestiman la demanda del SEPE frente a un trabajador

Parte Demandante:

Servicio Público de Empleo

Parte damandada:

D. Daniel

Parte demandante:

• Se revoque el derecho de prestación por desempleo concedida a D.Daniel, acordando el reintegro de prestaciones percibidas desde su inicio hasta su finalización el 26/07/2018 y que asciende a 7991,30 euros

Parte Demandada:

• Se solicita que se desestime la demanda, en su virtud acuerde que se absuelva a mi representado de reembolsar las cantidades recibidas (efectos ex tunc) en aplicación de la doctrina del TEDH; por las nefastas consecuencias económicas que tendría en mi representado, tras la realización del juicio de proporcionalidad descrito, solicitando el recibimiento de pleito a prueba.

Parte demandante:

• Fundamenta su demanda en un error administrativo, concretamente en relación a cotizaciones previas del trabajador, al no haberse tenido en cuenta en la tramitación del expediente que con efectos económicos de 14/07/2014 D. Daniel a accedió a una pensión de incapacidad permanente total.

Parte demandada:

• Cabe destacar en el presente caso las catastróficas consecuencias legales que se generarían a mi representado a causa del error del INSS, del cual -recordemos- mi mandante no ha realizado u omitido actuación alguna para que la Administración incurriese en tal error, siendo la buena fe de mi mandante incuestionable y hecho no controvertido.
• Don Daniel 1) carece de especiales recursos económicos (de ahí que se le concediera la prestación) 2) se encuentra en edad cercana de jubilación 64 años, 3) y sin poder acceder a una prestación por jubilación por falta de cotización: se le está reclamando una deuda de casi 8.000 euros, que difícilmente (o imposiblemente) va a poder asumir.
• EL TEDH en la ST de 26 de abril de 2018 que hemos mencionado de Cakarevic vs. Crocia, viene a establecer que: aunque una decisión administrativa pueda estar sujeta a una eventual futura revocación, si el beneficiario no ha contribuido a que dicha decisión se haya tomado erróneamente, tiene derecho a invocar su validez y a una expectativa legítima de que la decisión no será cuestionada retrospectivamente.
  Destacando que (tanto en el caso enjuiciado como en el nuestro):
  A.- No consta que el administrado haya contribuido de ninguna manera al error de la Administración.
  B.- No se cuestiona su buena fe.
  C.- La resolución administrativa erróneamente adoptada no contenía mención alguna que permitiera sospechar su ilegalidad.
  D.- La Administración no reaccionó en un lapso de tiempo corto (en nuestro caso poco menos de 3 años), persistiendo el pago de la prestación durante el mismo.
  Así, esta expectativa legítima, encuentra el amparo del art. 1 del protocolo adicional del CEDH, que defiende la propiedad privada.
• Aunque si bien es cierto (no vamos a negar) que en base al interés público los Estados tienen derecho a controlar la propiedad privada de los individuos, en nuestro caso, al igual que se dispuso en el de Cakaravec, los errores imputables exclusivamente a la Autoridades estatales no deberán subsanarse a expensas únicamente del interesado, especialmente si no hay otro derecho privado en conflicto, y habrá que analizar si la Administración no ha cumplido con el principio de buena gobernanza, y no considerar proporcionado que se reclame el reintegro de las cantidades “indebidamente” recibidas en relación con las circunstancias económicas de cada caso.
• En nuestro supuesto, efectivamente, si se estiman las pretensiones de la parte contraria, se estaría produciendo una situación totalmente desproporcionada, ya que Don Daniel tiene familiares a su cargo, sus hijos -como se acredita de la documental que aportamos consistente en envíos de dinero-, además de su mujer, teniendo que hacer frente a gastos de subsistencia, alquiler (aportamos el contrato de arrendamiento), luz, teléfono, etc.
• Se produce un claro incumplimiento del art. 1 del Protocolo adicional del CEDH.
• Además, en base al art. 110 Ley 39/15, al producirse una clara situación contraria a la equidad y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido entre la resolución y la interposición de la demanda, no se podría ejercer la facultad de revisión.
• Por todo lo anterior, solicitamos la absolución de mi mandante y la desestimación de la pretensión acerca de devolver las cantidades “indebidamente” percibidas.

• Instrumento de Ratificación del Protocolo Adicional al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en París el 20 de marzo de 1952.
• Artículo 110. Límites de la revisión. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Parte Demandada:

• Gastos de subsistencia.
• Contrato de alquiler.
• Declaraciones de la renta del año 2017, 2018 y 2019.

Documentales