Incumplimiento de obligaciones del vendedor

Parte demandante:

• Don Jaime.

Parte demandada:

• Entidad financiera Pinkbank SA.

Parte demandante:

Se declare que Pinkbank ha sido “negligente” en el cumplimiento de sus obligaciones de diligencia, lealtad e información como “prestador de servicios de inversión” y “comercializador” de los Bonos en una venta asesorada, y, al amparo del artículo 1.101 del Código Civil, se le condene a indemnizar a la actora por los daños y perjuicios causados, equivalentes a la devolución de la suma invertida de treinta y seis mil ciento treinta y un euros con dieciocho céntimos (36.131,18).

De forma cumulativa, se solicita que se condene a la demandada al pago de las costas judiciales causadas.

Parte demandada:

Que se desestime en su totalidad la Demanda instada de contrario, absolviendo a la demandada de cuantos pedimentos se contienen en la misma y con expresa condena en costas a la parte actora.

Demandante:

Quebranto del deber de información en aplicación de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación y de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

El contrato bancario como es la inversión en Bonos es un contrato de adhesión regulado a través de condiciones generales de la contratación, emanación de la autonomía privada contractual de la entidad de crédito y de la adhesión por parte del cliente bancario a dichas condiciones, sin la posibilidad de que este último pueda negociar de forma individual todo o gran parte las cláusulas contenidas en los contratos tipos. Nos encontramos en este caso con un contrato con cláusulas generales que se aplican a la oferta o promoción del servicio redactados unilateralmente por la entidad de crédito con el fin de regular la relación contractual entre éste y el cliente.

En la celebración del contrato de adquisición de participaciones preferentes, se han incumplido las prescripciones de la Ley 7/1998 de Condiciones Generales de Contratación, en cuya aplicación los tribunales se han pronunciado reiteradamente en aras a imponer a la entidad mercantil la carga de la prueba sobre el cumplimiento de las obligaciones impuestas a las mismas, entre las que se encuentra la de dar información fiel y leal al cliente.

Esta Ley establece una serie de requisitos formales de incorporación para que una cláusula general se considere ajustada a derecho. En todo caso no quedan incorporadas al contrato bancario aquellas condiciones generales que el cliente adherente no hubiere tenido oportunidad real de conocer de manera completa al tiempo de la celebración del contrato o si no han sido firmadas cuando sea necesario, ni las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles, salvo que éstas hubieran sido expresamente aceptadas por escrito por el adherente y se ajusten a las normas específicas de disciplina bancaria sobre transparencia de las cláusulas contenidas en el contrato, según el artículo 7. a). de la indicada disposición. El artículo 5.1.2. LCGC impone además la obligación específica de facilitar al cliente adherente, previa información, un ejemplar del contrato, de forma que, si no hay entrega de tal ejemplar, hay que entender que el cliente no se ha adherido a esas condiciones generales.

En cuanto a la normativa vigente en nuestro ordenamiento jurídico respecto a la protección del consumidor, el artículo 51 de la Constitución Española proclama el principio de protección del consumidor. En este mismo sentido, el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en su artículo 8 se establecen los derechos básicos del consumidor:

a) la protección de sus legítimos intereses económicos y sociales; en particular frente a las prácticas comerciales desleales y la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos.

b) la indemnización de los daños y la reparación de los perjuicios sufridos.

c) la información correcta sobre los diferentes bienes o servicios y la educación y divulgación para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o disfrute.

Demandado: 

La parte demandada se opone a la Demanda, alegando en primer lugar la prescripción de las dos acciones ejercitadas por la actora, la principal y subsidiaria, por el transcurso del plazo de 15 años desde la fecha de su adquisición en el año 1999.

Niega también la existencia de incumplimiento contractual alguno por parte de la Entidad bancaria pequeña y mediana empresa, al no constituirse ningún contrato de asesoramiento financiero, puesto que en virtud del contrato que nos ocupa, la entidad financiera funcionaba como mera intermediaria en la venta de un producto de inversión de un tercero. Así mismo alega que no puede estimarse una acción por incumplimiento contractual, cuando según los hechos relatados en la Demanda habría un indicio de existencia de vicio en el consentimiento, no habiendo ejercitado la demandante dicha acción, no puede prosperar la pretensión de la actora.

Niega la procedencia del pago de los intereses legales, que no han sido reclamados por el actor, con lo que no podría condenarse a la demandada al pago de los intereses legales de las cantidades solicitadas desde la fecha de suscripción, en todo caso, desde la reclamación judicial.

• Artículo 1266. , Artículo 1101. , Artículo 7. , Artículo 1902. Código Civil.

• Extractos de movimientos bancarios.
• Extracto cuenta de valores en Pinkbank.
• Contrato de compraventa con pacto de recompra.
• Documento de comunicación entre el banco y el demandante.
• Folleto informativo sobre la adquisición del negocio bancario.
• Memoria anual de Pyme.
• Compraventa del negocio de la Entidad y Pinkbank.
• Informe anual de la CNMV del 2006.

Demandante:

Ejercita con carácter principal una acción de condena por la que se declare, que PINKBANK (como sucesora) ha sido «negligente» en el cumplimiento de sus obligaciones de diligencia, lealtad e información como «prestador de servicios de inversión» y «comercializador» de los Bonos en una venta asesorada, y, al amparo del artículo 1.101 del Código Civil, se le condene a indemnizar a la actora por los daños y perjuicios causados, equivalentes a la devolución de la suma invertida de 36.131,18 euros.

De forma subsidiaria solicita que, se declare que PINKBANK ha sido «negligente» en el cumplimiento de sus obligaciones de «seguimiento de la Inversión e Información permanente» como asesor de inversiones y custodio y, al amparo del artículo 1.101 del Código Civil, se le condene a indemnizar al actor por los daños y perjuicios causados, equivalentes a la devolución de la suma invertida de 48.000 euros.

Demandado:

Se opone negando la existencia de incumplimiento contractual alguno por parte de la Entidad bancaria pequeña y mediana empresa, al no constituirse ningún contrato de asesoramiento financiero, puesto que en virtud del contrato que nos ocupa, la entidad financiera funcionaba como mera intermediaria en la venta de un producto de inversión de un tercero. Así mismo alega que no puede estimarse una acción por incumplimiento contractual, cuando de los hechos relatados en el escrito de Demanda, a lo sumo habría un indicio de existencia de vicio en el consentimiento, no habiendo ejercitado la demandante dicha acción, no puede prosperar la pretensión de la actora.

Niega la procedencia del pago de los intereses legales, que no han sido reclamados por el actor, con lo que no podría condenarse a la demandada al pago de los intereses legales de las cantidades solicitadas desde la fecha de suscripción, en todo caso, desde la reclamación judicial.

La demandada niega que ostente legitimación pasiva en el presente procedimiento, al no haber intervenido en la comercialización ni en la contratación del producto, concluyendo que la demandante, no cumple con la carga de la prueba del artículo 217 de la LEC, no estando obligada la demandada ni a asesorar financieramente a sus clientes, ni a guardar o custodiar documentos que permitiesen probar la información precontractual ofrecida.