Al amparo del principio de protección de intereses vigente en el derecho penal español, sería posible aplicar de manera excepcional la ley penal española a hechos de corrupción ocurridos fuera del país siempre que se verifiquen ciertos extremos, incluyendo la afectación a intereses básicos del Estado. En este contexto, al extenderse el alcance del delito […]
