La seguridad jurídica —principio recogido en el título 9 de la Constitución— reclama previsibilidad, estabilidad y proporcionalidad en la aplicación del Derecho. En el ámbito judicial, ello implica asumir que el sistema se construye sobre la base de resoluciones susceptibles de revisión y corrección, precisamente para canalizar los errores sin convertirlos en infracciones penales, cuya […]
