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Economía

Cómo pretende Madrid reducir el precio de los alquileres

Jaime Jiménez Sánchez-Mora

Redactor de Economist & Jurist.




Tiempo de lectura: 3 min



Economía

Cómo pretende Madrid reducir el precio de los alquileres



El acceso a la vivienda en España es, por lo general, un problema. Especialmente en su capital, Madrid. El aumento de precios se hace fehaciente tanto en los alquileres como en la compraventa.

Es por esto que el Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha fijado en el “build to rent” como una posible herramienta para intentar que la accesibilidad crezca para con el precio del alquiler. Esta medida, nunca antes vista en España, lleva el nombre de Vive Madrid.



El límite al precio de los alquileres se basará en el que tengan las viviendas de protección oficial (VPO) de dicha zona. (Foto: idealista).

Así, si se cumple con todos los objetivos, se construirán un total de 26.584 viviendas en 27 municipios de manera progresiva hasta el año 2028. El viceconsejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, José María García, ha querido señalar algunas de los aspectos del plan y destaca que “esto surgió hace cuatro o cinco años fruto de una reflexión de cómo facilitar el acceso al alquiler de forma asequible tras el encarecimiento que se produjo con la recuperación económica. Analizando el patrimonio público de la Comunidad de Madrid, de los desarrollos urbanísticos de los últimos años, resulta que teníamos una reserva de suelo que proviene de cesiones obligatorias. Vimos la dificultad desde el punto de vista presupuestario de la Comunidad de Madrid para desarrollar todo por nuestra cuenta y riesgo y comprometiendo los presupuestos públicos. Entonces surgió la idea”.





La idea pasa por que sean las administraciones públicas las que gestionen el build to rent. La administración de la Comunidad de Madrid saca a concurso un acuerdo público privado y en él, la administración se compromete a ceder el derecho de uso del suelo de titularidad pública a lo largo de los próximos 50 años. Por su parte, la empresa que obtenga dicha cesión tendrá que levantar un bloque de viviendas que deberán alquilar a un precio limitado, el cual se basará en el que tengan las viviendas de protección oficial de dicha zona.

El dinero obtenido será para la empresa privada, pero tras esos 50 años, dicha empresa tendrá que ceder obligatoriamente a la Comunidad de Madrid el terreno y los edificios que se hubieren construido en el mismo sin que la Comunidad asuma ningún coste. Además, el mantenimiento del edificio ha de estar garantizado por la empresa privada hasta el momento en que se entregue a la Comunidad de Madrid.

En relación con esto, García añade que “el objetivo es obtener un precio de alquiler asequible. Para hacernos una idea, costaría entorno a 600 euros en un municipio como Getafe. Los precios de la vivienda protegida tienen cuatro coronas de precio, de mayor a menor partiendo de Madrid capital. Entre los 600 euros de Getafe y los 900 euros que vale el alquiler de Valdebebas. Teniendo en cuenta que en Valdebebas un alquiler equivalente puede ser 1.300 euros y en Getafe te vas a 900 euros, estamos hablando de precios en entornos de un 40% más baratos que el mercado”

Existen varios peligros, como que las concesionarias intenten ahorrar todos los costes posibles en la construcción de los inmuebles, aunque el viceconsejero señala que la calidad de los edificios se acerca al 50% del criterio del concurso y que los concesionarios deberán cumplir con las normas que actualmente regulan la edificación de viviendas.

A día de hoy, a la Comunidad de Madrid han llegado dos ofertas par construir un total de 5.200 viviendas dentro de los tres primeros lotes, de los cuatro lotes de 6.646 viviendas cada uno.

Homes, Culmia y Aedas han sido las promotoras interesadas en este negocio. El viceconsejero destaca que la idea pasa por dividir el el cuarto lote que queda desierto para llamar la atención de nuevos operadores privados.

Así, García detalla que esta herramienta es un modo de oponerse a los altos precios de los alquileres y alega: “Hemos abordado esto desde una intervención en positivo, no una intervención desde el punto de vista de perseguir o expropiar, acciones que al final generan un efecto contrario”.

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