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Economía

Consecuencias de la ley de prevención de blanqueo en el «mercado cripto»

Supondrá un refuerzo del sistema de identificación, pero con mayores garantías de la actividad

La ley de blanqueo de capitales afecta al mercado de criptomonedas (Foto: E&J)

Redactor de Economist & Jurist

Tiempo de lectura: 4 min



Economía

Consecuencias de la ley de prevención de blanqueo en el «mercado cripto»

Supondrá un refuerzo del sistema de identificación, pero con mayores garantías de la actividad

La ley de blanqueo de capitales afecta al mercado de criptomonedas (Foto: E&J)



El pasado 27 de abril se aprobó el Real Decreto-ley 7/2021 que modifica, entre otras muchas normas, la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. La nueva regulación, que tiene su origen en la llamada Quinta Directiva Europea sobre Prevención de Blanqueo, introduce cambios que afectan directamente al mercado de criptomonedas.

En concreto, la norma obliga a registrarse y a someterse a supervisión por parte de las autoridades a los servicios de cambio de criptodivisas por moneda de curso legal y viceversa. Además, se ven afectados por la misma medida los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos.



Desde la firma Bonatti Compliance se destaca que cualquier empresa o ciudadano que quiera adquirir bitcoins, en España o con empresas que operen en España, va a tener que someterse a esta regulación. Del mismo modo, también se van a ver afectadas aquellas que prestan los servicios de custodia de los monederos electrónicos en territorio español.

Estos cambios llevan consigo que estas empresas van a tener que establecer una serie de exigencias a sus clientes para cumplir la ley y que, en cierta medida, van a a modificar la relación mantenida hasta ahora entre ambas partes.

La norma tiene su origen en la Quinta Directiva Europea sobre Prevención de Blanqueo. (Foto: UE)

Identificación formal

Tal y como explica Francisco Bonatti, socio director de Bonatti Compliance, las empresas se van a ver obligadas a exigir a los clientes la identificación formal que permita confirmar la identidad de la persona, física o jurídica, que es propietaria de monedas digitales. Esta identificación tiene que ser digital, normalizada, conforme a las normativas europeas. “Los usuarios tendrán que ir acostumbrándose a que a través de estos portales se les pida el DNI debidamente cotejado, las escrituras de la empresa o los poderes como administrador de la empresa que es propietaria de los bitcoins. También va a ser frecuente el uso de videoconferencias y otros sistemas de identificación tele presencial”, señala Bonatti.

Una segunda exigencia que parte de la ley de prevención de blanqueo de capitales es que las empresas de prestación de servicios de criptoactivos dispongan de un proceso de identificación de las personas propietarias o principales accionistas de esas empresas o de quienes toman las decisiones. “El objetivo es simplemente una declaración formal de quiénes son las personas físicas que toman las decisiones dentro de la empresa propietaria de los bitcoins”, aclara Bonatti.

A este respecto, el socio director de Bonatti Compliance destaca que, en el caso de personas físicas que adquieren criptomonedas en nombre de otra persona o de una empresa, hay que informar a las autoridades del nombre del adquiriente y de la empresa para la que se ha hecho la compra.

Francisco Bonatti, socio director de Bonatti Compliance. (Foto: Google)

En tercer lugar, desde Bonatti Compliance explican que “la ley incluye una obligación de identificación de la actividad de la empresa o persona física que es propietaria de los bitcoins”. Sobre este aspecto, la ley pide a las empresas de prestación de servicios de criptoactivos que tengan una información básica de cuál es el origen de los fondos del dinero con el que se quiere adquirir los bitcoins o, en el caso de que ya los tengan y quieran custodiarlos en esa empresa, las claves de dónde se han obtenido esos bitcoins. En este caso se suele aportar la declaración de renta, los impuestos de sociedades de la compañía o una declaración responsable diciendo cuál es el origen de los fondos.

Seguimiento de la actividad

Por último, otra de las exigencias que incluye la ley es realizar un seguimiento de la actividad, tal y como ocurre en las entidades bancarias. “Las empresas tendrán que establecer una serie de alertas por si se detecta algún comportamiento fuera de lo normal de alguno de los clientes como, por ejemplo, una actividad exagerada para el perfil que tiene como cliente, como que, de pronto este cliente empiece a comprar y vender una elevada cantidad de bitcoins”, explica Bonatti.

Más garantías en la Unión Europea

La exigencia de estos trámites para un ciudadano español que reside en España y que tiene unos fondos que obtiene a través de unos ingresos laborales normales, no van a ser excesivamente complejos y van a ser similares a los que se les pide cuando abren una cuenta corriente bancaria.

Los ciudadanos extracomunitarios tendrán que presentar información más detallada. (Foto: Google)

Sin embargo, las personas que no sean ciudadanas de la Unión Europea y que, además, hayan adquirido los criptoactivos con fondos procedentes de fuera de España y que desarrollen igualmente su actividad en otro país van a tener que presentar una información mucho más detallada.

El nivel de intensidad de la información va a ser mayor en la medida en que el perfil del cliente se considera que es más de riesgo” comenta Bonatti. Esto va a estar aplicado en todas las empresas que operan desde la Unión Europea o a través de la Unión Europea, pero no necesariamente va a ocurrir con empresas que puedan prestar sus servicios fuera de la Unión Europea o en otras jurisdicciones.

La duda que puede surgir es qué pasa con las empresas que operan fuera de la UE. En este sentido, Bonatti argumenta que son compañías que no tienen los niveles de regulación o de supervisión y control legal que tienen las empresas de la UE, con lo cual “en según qué países en los que se opere con bitcoins se va a tener un riesgo mayor de que esas empresas sean más inestables, más inseguras, que no protejan tanto las garantías de los ciudadanos, que puedan cerrar o quebrar o que puedan poner en peligro los bitcoins”.

Sobre este aspecto, el socio director de Bonatti Compliance resalta que “por un lado, estas regulaciones establecen unos controles y el ciudadano tiene que dar más explicaciones, pero, por otro lado, establecen unos controles en las empresas y, por tanto, las operaciones en esas empresas tienen mayores garantías”.

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