Nueva carga impositiva para 2023: Escrivá sube las cotizaciones sociales a las empresas un 8,6%

“Impresentable e inadmisible”. Así calificaba la patronal empresarial CEOE el incremento unilateral de un 8,6% de las bases máximas de cotización recogido en el marco de los Presupuestos Generales del Estado para 2023.

La subida, realizada sin consultar a los agentes implicados, contemplada en las cuentas públicas supondrá que la base máxima de cotización del Régimen General pase de los 4.139,4 euros al mes a los 4.495,5 euros.

Así, con este incremento, la Seguridad Social recaudará 152.075 millones de euros en las cotizaciones sociales, lo que supone una subida de más de 16.000 millones de euros (+11,5%).

En este contexto, la empresa deberá aportar para los trabajadores que ganen más de 54.000 euros un 31,50% de cotizaciones sociales, lo que supone 1.346,06 euros al año; mientras que el trabajador por su parte tendrá que pagar 299,12 euros anuales, es decir, el 7%.

“Impresentable e inadmisible”. Así calificaba la patronal empresarial CEOE el incremento unilateral de un 8,6% de las bases máximas de cotización (Foto: CEOE)

En lo que respecta a la aportación de la hucha de las pensiones (MEI), su coste se incrementará hasta los 269,73 euros anuales para las empresas (0,50%) y en 53,95 euros para el trabajador (0,10%).

Por tanto, el incremento de la cotización de la Seguridad Social sumado a la subida del MEI supondrá un ingreso para dicha institución que alcanzará los 1.968,86 euros anuales por trabajador, de los que 1.615 euros le corresponderán a la empresa y 353 al trabajador.

Desde CEOE se insiste en que este nuevo golpe al tejido productivo, en un momento en el que las arcas del Estado presentan una recaudación récord, genera de nuevo desconfianza en las empresas e inseguridad jurídica y supone un innecesario obstáculo a la competitividad y al crecimiento económico.

Medida recaudatoria

Para Martin Godino, socio director de Sagardoy Abogados, hay dos aspectos negativos, uno “que se hace fuera del dialogo social, la  sensación que da es que desde  la reforma de diciembre del año pasado, las medidas han e5mpezado a prescindir de esta mesa del diálogo social”.

Martin Godino, socio director de Sagardoy Abogados: “Es una medida recaudatoria supone un incremento de costes empresariales y en un momento como el actual no parece lógico” (Foto: Sagardoy)

Sobre esta cuestión, señala que otro elemento a considerar es que “el Gobierno tiene una agenda muy ideológica y está primando su propia agenda en un año cercano a elecciones. Eso es bastante negativo. Es una medida recaudatoria supone un incremento de costes empresariales y en un momento como el actual no parece lógico, con los costes de la energía disparados”.

“Esto puede generar que muchas empresas tengan dificultades para hacerlos frentes y repercuta en el empleo. Se castigan los buenos salarios con esos costes que se implanten y señala que pasar los 50.000 euros puede ser negativo”, mantiene Godino.

Este abogado recuerda que junto a esta medida “se pone en marcha una reforma fiscal muy recaudatoria. No es el mejor escenario en un momento de crisis y no va en la línea de lo que hacen otros países en estos momentos, pese a que competimos todos en el mismo mercado”.

“Un país con estos costes laborales elevados y dicha reforma fiscal puede disuadir a que la inversión retroceda su desarrollo. Como se suben las pensiones un 8,5 se sube una cantidad parecida las cotizaciones sociales”, advierte

Desde su punto de vista “el mensaje que lanza es que la empresa es inagotable de recursos y no es así. En este sentido, el pacto de rentas es inviable, no hay campo donde puede prosperar en estos momentos, aunque la subida en la función pública que se plantea es importante pero contenido”.

El empleo se verá afectado

Por su parte, Fernando Vizcaino de Sas, socio de laboral de ECIJA, insiste en que “la suma de la desaparición de la contratación temporal, con la subida de sueldos que se está negociando en los convenios colectivos y la anunciada del SMI, junto con la crisis económica general y esta subida de las cotizaciones, afectará indefectiblemente al mercado de trabajo retrayendo la creación de empleo y fomentando la destrucción del mismo”.

Fernando Vizcaino de Sas, socio de Ecija: “ El Gobierno sube las cotizaciones sin consultar a CEOE, esto hace que el empresariado lo vea, en un cierto sentido, como algo hostil”

“Si fuese una medida aislada, una subida del coste de las cotizaciones a la Seguridad Social, siempre supone una mala noticia por cuanto que, a mayor coste, menor crecimiento o crecimiento retenido. El problema de la noticia de la subida prevista en los PGE es, como decimos, el contexto en el que se produce que incide en una tensión de los costes para el empresario”, comenta.

Desde su punto de vista, “la forma en que se prevé llevar a cabo, como destaca la CEOE sin haberlo consultado o negociado previamente entre los interlocutores sociales, hace que el empresariado lo vea, en un cierto sentido, como algo hostil”.

Al mismo tiempo, destaca que “las prestaciones también se han incrementado y se anuncia, por ejemplo, una subida de las pensiones a nivel general con lo que, además se puede producir un desajuste entre estas prestaciones y los ingresos del Estado que suponga, en cualquier caso, de nuevo un impacto en el mercado de trabajo”.

Este experto señala que “en vez del fomento a la inversión y la creación de empleo, se trata de medidas que impactarán a la baja en estos dos parámetros y, por consiguiente, en el crecimiento de la economía social”.

Al mismo tiempo, indica que “si se retrae la afiliación a la Seguridad Social se producirán, de nuevo, desajustes en el Sistema que no se arreglan con un criterio de mera recaudación”.

Ahorro escaso y posibles reestructuraciones

Por su parte, Carlos de la Torre, of counsel de Baker Mckenzie y vicepresidente de Adirelab, habla de tormenta perfecta en la reforma de pensiones entre varias variables “la primera el incremento de esperanza de vida; la segunda la caída de la natalidad que baja mucho y el tercer problema es el envejecimiento de la población y la situación de que se llega a cien años. Veremos si se vive más y mejor”.

Carlos de la Torre, of counsel Baker Mckenzie: “la medida solo consigue un ahorro de 100 millones de euros y el impacto en salarios superiores a 55.000 euros” (Foto: Twitter)

Este experto acuña el término invierno demográfico con estas variables: “Hace que el sistema publico de pensiones sin reforma pueda ser insostenible. Nunca quebrará porque siempre estará el Estado detrás con distintas contribuciones, pero esa hará que no se financiará con las cotizaciones”.

Sobre este contexto, este jurista indica que las decisiones que están en marcha pasan por incrementar “la cotización máxima y al mismo tiempo la pensión máxima pero no de forma proporcional. En grandes cifras no es un gran ahorro, solo 100 millones de euros lo que se consigue con esta medida e impacta en salarios superiores a 55.000 euros”.

A su juicio, es una mala noticia para el mercado laboral porque se incrementan costes “que ponen el foco en las reestructuraciones y prejubilaciones a los trabajadores de más salario que suelen ser de más edad y generan más coste, con lo cual aquí hay un primer efecto. Las compañías cuando valoren esos costes es previsible que se planteen este tipo de reestructuraciones, de forma irregular en distintos sectores de la economía”.

Para De la Torre “no era el momento para afrontar esta modificación. Todos los organismos internacionales y algunos nacionales señalan que estamos entrando en una desaceleración económica, fruto de la inflación, precios energéticos altos y escasez de materias primas están impactando en la economía”.

“Es posible que en España sea de menos impacto, pero en nuestro país ya se observa el parón de la contratación; al mismo tiempo reducción de afiliados y por tanto de la población activa, incremento de salidas individuales y algunas empiezan a barajar la posibilidad procesos de reestructuración y prejubilaciones en un contexto de destrucción empresarial pese a las moratorias empresariales”, señala el letrado de Baker McKenzie.

Subida superior a la de últimos años

Desde Barcelona, Talmac Bel, socio responsable del área laboral de Fieldfisher en España subraya que  “esta medida genera un impacto en costes importante. Nunca se había subido de forma tan elevada las cotizaciones sociales y su base máxima hacia el 8,6%. Su trascendencia hay que verlo a nivel empresarial como costes de la Seguridad Social y al mismo tiempo incremento de prestaciones con repercusión en el erario público.

Talmac Bel, socio responsable laboral de Fieldfisher en España:” Nunca se había subido de forma tan elevada las cotizaciones sociales y su base máxima hacia el 8,6%” (Foto: Archivo)

“La base de cotización lo que determina es lo que empresa paga en concepto de cotización si tienes un sueldo de 5000 euros, cotizas por la base que es 4.072, si esto lo subes, subes la cotización hay mas parte del salario que cotiza y eso hace también que el trabajador que cotizará más e implica que tendrá unas prestaciones superiores, en especial maternidad y paternidad y de incapacidad son del 100 por cien de la base reguladora”, comenta

Al final “hay mayor recaudación y también tienes mayor gasto público. Genera más dificultades en las empresas para adecuar los salarios al coste de la vida”.

Este experto indica que nuestro país es de cotizaciones bajas respecto a nuestro entorno: “Hay un progresivo aumento de las cotizaciones, pero lo que es atípico es que de momento estén topadas las cotizaciones en la banda alta. En otros países de nuestro entorno no hay tope”.

Por lo que se observa “estamos subiendo ese tope por recomendaciones de la UE y nos ponemos en la línea del entorno. Se carga a las empresas con otro impuesto con este incremento de cotizaciones, eso no ayuda al pacto de rentas ni a la contención salarial porque se incrementa el coste salarial de las empresas, con lo cual cualquier  mejora salarial se verá frenada”,