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Noticias Jurídicas

5 preguntas y respuestas sobre el suceso de Canet de Mar: crónica de un problema lingüístico

"El uso vehicular de la lengua castellana en el sistema de enseñanza en Cataluña es residual, o al menos así es en una parte significativa de centros y grupos docentes"

(Foto: CAIB)

Tiempo de lectura: 6 min



Noticias Jurídicas

5 preguntas y respuestas sobre el suceso de Canet de Mar: crónica de un problema lingüístico

"El uso vehicular de la lengua castellana en el sistema de enseñanza en Cataluña es residual, o al menos así es en una parte significativa de centros y grupos docentes"

(Foto: CAIB)



Una familia de la población de Canet de Mar ha logrado recientemente que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña reconociese el derecho de su hijo, de 5 años, a recibir, al menos, un 25% del horario lectivo en castellano. Seguidamente la campaña en redes sociales, en los medios de comunicación y en el propio centro escolar se desató. Pero, ¿cuál es el origen del conflicto? ¿Qué postura han adoptado el TSJ de Cataluña y el Tribunal Supremo en este escenario? ¿Qué acciones judiciales puede plantear la familia ante los hostigadores? Veamos.

¿Cuál es el origen del conflicto?

El inicio de la disputa podríamos situarlo en la sentencia dictada por el TSJ de Cataluña hace ahora justo un año.



En concreto, a través de su sentencia 5201/2020, de 16 de diciembre, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Cataluña estimaba parcialmente el recurso interpuesto por la Abogacía del Estado, en nombre del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que dirigía José Ignacio Wert, y declaraba la obligación de la Generalitat de Catalunya de adoptar las medidas necesarias para garantizar que en todo su sistema educativo se impartiese al menos el 25% de las clases en castellano.

Para mayor detalle, el TSJ de Cataluña reabría el debate político y consideraba que el “el uso vehicular de la lengua castellana en el sistema de enseñanza en Cataluña es residual, o al menos así es en una parte significativa de centros y grupos docentes, de forma que se constata una infracción del marco jurídico vigente”.

Respecto al porcentaje del 25% de horas lectivas en Castellano, decía la sentencia que es el “mínimo por debajo del cual no se puede entender que el uso vehicular de la lengua alcanza la condición de normal dentro del sistema”.

Manifestantes de naranja protestan contra la aprobación de la Ley Celaá, antes de su aprobación en el Congreso de los Diputados. (Foto: EFE)

Por último, aunque el Tribunal admitió que su función no era la de entrar en la concreción de cómo debía de garantizarse el uso de ambas lenguas, sí precisó que le correspondía “enderezar la actual situación contraria al ordenamiento”. La razón, añadía, era que la Generalitat no ejerció su competencia dictando la normativa, las instrucciones o los actos de aplicación que fuesen necesarios a los efectos de determinar el uso vehicular de las lenguas en la enseñanza, ni ejerció una actividad susceptible de evitar la citada situación.

¿Cuál fue la postura del Tribunal Supremo?

Mediante la reciente providencia de 18 de noviembre de 2021, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS inadmitía el recurso de casación presentado por la Generalitat contra la ya descrita sentencia del TSJ de Cataluña.

En este caso, la providencia no entraba en el fondo del asunto, a razón de que las cuestiones allí planteadas se centraban en la valoración de la prueba que no son recurribles en casación ante nuestro Alto Tribunal.

¿Qué está ocurriendo en Canet de Mar?

A inicios del mes de diciembre, el TSJ de Cataluña, a través de la adopción de medidas cautelares, atendía la petición de una familia que solicitaba que su hijo de 5 años recibiese más educación en castellano y ha decretado que se imparta el 25% de las clases en español en las clases del grupo de este alumno.

En este caso, la familia peticionaba un 50% de las horas lectivas en castellano en la escuela Turó del Drac de Canet de Mar, pero el Tribunal se sujetaba a los pronunciamientos anteriores y se limitó al 25%.

¿Cómo ha reaccionado la opinión pública a tal resolución?

Seguidamente se desató una campaña en redes sociales en contra de dicha familia. De hecho, a través de una cuenta de Twitter abierta bajo tal finalidad (@elturoencatala), se publicó, entre otros mensajes, el siguiente tuit: “Os informamos de que nuestra escuela ha sido denunciada por una familia de P5A y a raíz de ello el TSJC ha dictado que las horas lectivas en esta clase deben ser el 50% en castellano”.

En la misma línea, entre la multitud de mensajes publicados en redes sociales, destaca uno de la cuenta de Twitter de un varón, al parecer, ex profesor del Grado de Turismo de la Universidad Autónoma de Barcelona, redactado en los siguientes términos: “Me apunto a apedrear la casa de este niño. Que se vayan fuera de Cataluña. No queremos supremacistas castellanos que nos odian”.

Por si no fuese suficiente, la secretaria general de la Consejería de Educación, Patrícia Gomà (ERC), alentaba hace unos días a las familias de la escuela de Canet del Mar que estuviesen en contra de que sus hijos reciban un 25% de las clases en castellano a “hacer público su rechazo”. En palabras de Gomà, “nos parece positivo que alcen la voz las familias cuyos hijos comparten clase y que se sienten perjudicadas porque se les impone un porcentaje de castellano que no está recogido en el proyecto del centro que escogieron para escolarizar a sus hijos”. En su opinión, “Esto sirve también de termómetro, porque hay familias disconformes, perjudicadas por estas medidas cautelares”.

El diputado de JxCat, Francesc De Dalmases, en la misma red social ya citada, ha proclamado que “la sentencia del Supremo no puede ser acatada porque es injusta y conculca los derechos de los alumnos y los profesores”. A su juicio, “el Govern tendría que asumir toda la responsabilidad, exculpando al centro Turó del Drac, y los padres que resisten tienen que sentirse acompañados y protegidos”.

Pau Juvillà. (Foto: ACN)

Por su parte, el diputado de la CUP, Pau Juvillà, en el mismo foro se ha quejado de que “una familia, una, en una comunidad escolar de decenas de familias hace modificar un proyecto educativo colectivo a través de una justicia española que la usa como punta de lanza”.

El foco mediático es tal que la ministra de Justicia, Pilar Llop, señaló ayer que el Gobierno analizará los expedientes para ver qué es lo que ha ocurrido con el presunto acoso denunciado por la familia del niño de 5 años de Canet de Mar. “No tenemos conocimiento exactamente. Hay que ver los expedientes y ver qué ha pasado primero, pero desde luego todo nuestro apoyo a la familia”, ha respondido la titular de Justicia en declaraciones a los medios en el Senado.

Continuamos y nos trasladamos a Bruselas donde el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reconocido a la prensa que el Gobierno deberá estudiar las amenazas denunciadas para garantizar la convivencia y la seguridad de todos los ciudadanos. “Toda amenaza o posible amenaza son un acontecimiento grave para la convivencia. Serán investigadas en su caso y tengamos confianza tanto en la investigación de las fuerzas de seguridad como del Poder Judicial”, razona Marlaska en Bruselas, en donde asiste a una reunión de ministros europeos de Interior.

¿Qué acciones judiciales puede plantear la familia ante los hostigadores?

La familia señalada por pedir un mayor grado de enseñanza en castellano para su hijo ya ha solicitado protección especial al TSJ de Cataluña para preservar la “intimidad y seguridad” tanto del menor de 5 años como para el resto de la familia.

En un escrito dirigido al aludido Tribunal, la familia exige que se adopten medidas especiales para evitar el palpable hostigamiento que sufren a diario, y que se proteja de manera especial la identidad del menor y de su familia.

De forma particular, el documento hace referencia a un grupo de WhatsApp creado por otras familias del mismo centro contrarias a la medida cautelar adoptada, y donde según la familia se habrían vertido “gravísimas amenazas”. Según se desprende de la solicitud, algunos de los participantes en dicho grupo habrían pedido expresamente que la dirección del centro tomara cartas en el asunto y expulsase al menor de la escuela o, incluso, “que se le haga el vacío en la clase”. En la misma línea, en otros mensajes se reclama “el conocimiento del domicilio de la familia para que pueda ser apedreado”.

Sede de la Fiscalía en Barcelona. (Foto: Público)

Entre las distintas vías que se abren ahora para exigir responsabilidades (por el acoso, las amenazas, los atentados contra la intimidad, etc.) la Asociación “Hablamos Español” ya ha denunciado ante la Fiscalía de Barcelona a los presuntos autores de algunos de los mensajes de Twitter arriba aludidos. En un comunicado anuncian que el Ministerio Fiscal tendría que investigar los hechos denunciados y que, “tras identificar a los autores de los tuits que incitan a la violencia y odio, se proceda contra sus responsables”.

“Consideramos que la despreciable campaña orquestada contra esta familia es un motivo más para agilizar el cumplimiento de la sentencia que obliga a la Generalidad de Cataluña a garantizar la presencia de, al menos, un 25% de horas lectivas en español”, apunta el reciente comunicado. “Hasta ahora eran las familias las que se veían obligadas a solicitarlo, con la consabida presión que ello conlleva. Hablamos Español, entidad defensora de la libertad de elección de lengua, presentó recientemente las solicitudes de 28 familias de un mismo colegio de Barcelona. Lo hicimos de este modo para que se sintiesen acompañados y amparados, pero aun así, no pudimos evitar que se produjeran una considerable tensión”, concluyen.

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Anonymous
6 meses atrás

No sabía que E$J formaba parte de la Brunete mediática. Vergüenza ajena.

Nombre
Joan Carles
Anonymous
6 meses atrás

Sois lamentables.

Nombre
Xavier
Anonymous
6 meses atrás

I jo que pensava que Economist & Jurist era una revista jurídica, i veig que es un simple panflet polític de tuf franquista. Una darrera cosa, quí es «Redacción»?? Colla d’ineptes i desinformats.

Nombre
Antoni Romaní
Anonymous
6 meses atrás

La información debe ser verídica, contrastada y ajustada a los hechos. 1. El pater familia que alzó la demanda es miembro de Ciudadanos, grupo político en descenso vertiginoso y con necesidad de crear animadversión para captar votos entre los castellanoparlantes 2. El cumplimiento del 25% de horas en castellano es real y efectivo por lo que no genera problemas. Es más, la lengua más utilizada popularmente por la ciudadanía (aprox. 63%) es el castellano 3. Miles de familias de inmigrantes de origen tan diverso como Marruecos, Ecuador, Perú, Italia, etc., no tienen ningún problema para que se eduque a sus hijos en lengua catalana. Eso se llama integración.

Todo lo que acontece en este suceso, se debe una y exclusivamente a estrategias políticas soportadas por un estamento jurídico con el mismo talante ideológico. La Justicia no está cumpliendo correctamente con su función institucional dado el sesgo político de las circunstancias.

Nombre
Alejandro