Aprobado el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática

La crisis aviva urgencias que no entienden de ideología. Dicho de otro modo: el Gobierno deberá aprobar medidas desagradables para su nicho electoral de izquierdas. Por ello, la cuestión simbólica del franquismo -reivindicación tradicional de la izquierda- se erige como como adhesivo entre un Ejecutivo maltrecho y desnortado ideológicamente y su clientela electoral movida por lo simbólico. Lo estético, en política, lo es todo.

De Adam Smith a Keynes, pasando por Laclau: el ocaso de las ideologías y el triunfo del “partido atrapalotodo”

Este Gobierno se dice keynesiano, es decir, pretende aumentar el gasto cuando se reducen los ingresos para crear ciclos expansivos en nuestra economía doméstica. El viejo paradigma de John Maynard Keynes se dibujaba como un relato original que ponía en entredicho lo obvio: los gastos han de reducirse cuando los ingresos disminuyen. La teoría, ideada para solucionar crisis cíclicas del capitalismo, requiere de una centralización del Estado que armonice la tributación y homogeneice la recaudación y gasto de todos los territorios. La Comunidad de Madrid ya ha anunciado una rebaja -aunque mínima- del IRPF.  La aplicación de una hoja de ruta unitaria cabría en un Estado centralizado, no en una tortilla heterogénea de nacionalismos rayanos al racismo y veleidades provincianas. España es un país impracticable para cualquier ideología.

De lo anterior se desprende que el único credo de nuestro sistema oligárquico de partidos sea amarrar -vía gasto público- a redes clientelares. Y de ahí que la verdadera brecha -o cleavage– sea: más Estado/menos Estado. Mientras tanto, la escenificación diaria de medios lacayos e histriones parlamentarios nos hace creer en una profunda brecha ideológica que no existe: izquierda/derecha. Este Gobierno es de izquierdas y acude frenético a exhibir su principal símbolo: “somos el azote del franquismo”.

El PSOE es un partido “atrapalotodo”, término científico creado para designar a aquellas entidades políticas que “disminuyen” su carga ideológica para acaparar a un mayor número de electores. Ya no es socialista desde Suresnes. Además, cuando España se encuentre en quiebra técnica, nuestra dependencia de la UE hará que se mitigue aún más su ideología y asuma como un trágala las políticas de austeridad promovidas desde Bruselas. Pero sin duda, el problema detonará cuando se reduzcan los privilegios de su principal clientela: la élite funcionarial/institucional.

A toda esta intriga hemos de sumar al otro socio de gobierno, movido teóricamente por Laclau, un brillante propagandista creador de mecanismos de manipulación de masas mediante “significantes vacíos”; el instrumento para alcanzar la hegemonía que altere materialmente los resortes del poder. Detrás de esta estrategia está el marxismo de toda la vida. Y en estas mimbres nos movemos.

En resumen: como no hay posibilidad de transmitir una verdadera entidad ideológica, el Ejecutivo se asiste de lo simbólico. Y aquí entra en juego la Ley de Memoria Democrática.

La Ley de Memoria Democrática: anulación de sentencias del franquismo, censo de víctimas y… ¿Fiscalía de Memoria Democrática?

La citada ley contará con 66 artículos agrupados en 5 títulos y diversas disposiciones transitorias, derogatorias y finales que, según Carmen Calvo  persiguen “encontrarnos con la verdad, la justicia, la dignificación de las víctimas, el perdón y la convivencia de los españoles».

Esta ley sigue la senda de la 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura y que «abrió la puerta a enfrentar nuestro pasado, ha dado extraordinarios frutos y ha marcado el rumbo de por dónde teníamos que seguir trabajando». Es decir, esta ley es heredera de la magna obra de José Luis Rodríguez Zapatero.

Dejando a un lado el previsible contenido de la ley, un engrudo de interpretaciones ad hoc de la historia trufadas de revanchismo capaces de remover el instinto ideológico dormido de su electorado, llama la atención que institucionalice figuras “anómalas” en un Estado de Derecho que, precisamente, resten credibilidad democrática a nuestro entramado institucional. Hablamos de la Fiscalía de Memoria Histórica.

Es decir, la ley crea la figura de una fiscalía que emitirá interpretaciones históricas como argumento jurídico para inculpar o exculpar. Algo impropio de un Estado serio con una efectiva separación de poderes capaz de distinguir entre el razonamiento jurídico y las necesidades políticas. Otra vez más; una instrumentalización de lo público en aras de construir un relato político.

¿Qué víctimas merecen reparación?

Es por todos conocida la repulsión de la sociedad española ante el General Franco; un ambicioso general sin escrúpulos que firmaba sentencias de muerte mientras comía gachas con chocolate (Paul Preston: 2008).

Lo que se discute aquí no es la necesariedad de una ley que ponga en sus fueros los excesos del franquismo -el franquismo como entidad-, sino el porqué se siguen instrumentalizando instituciones y leyes con el objetivo de beneficiar los intereses políticos del Ejecutivo.

Hoy 16 de septiembre de 2020, la Asociación Dignidad y Justicia, ha emitido un comunicado en el que se sienten ninguneados “con este Anteproyecto, pues vemos como en la Audiencia Nacional, lo más que hemos conseguido es el nombramiento de un fiscal coordinador de los casos de asesinato sin resolver cometidos por la organización terrorista ETA, sin haber conseguido los objetivos propuestos, dada la escasez de medios materiales y humanos para poder revisar los más de 370 casos sin resolver muchos de los cuales aún no han prescrito, pero, sin embargo, si hay medios y sobre todo ganas, para crear una Fiscalía de Sala para la investigación de hechos producidos durante la Guerra Civil y la Dictadura, hasta la entrada en vigor de la Constitución, con funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados, en coordinación con los órganos de las distintas administraciones con competencias sobre esta materia”, reza el escrito.

Ciertamente, es llamativo cómo se jerarquizan las sensibilidades y cómo se ordena el sufrimiento en relación a la hoja de ruta de un interés netamente político. Y, abundando en nuestra carencia ética y estética de separación de poderes, se crea una Fiscalia de Memoria Democrática. Obsérvenlo.

Y únase a los autos de su razón.

Pablo Capel Dorado.