Catalá propone consenso para mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia

El titular de Justicia considera que a través de la vía del diálogo y el consenso, así como mediante el trabajo en común, será posible identificar los problemas y analizar las necesidades existentes, a fin de incrementar la calidad y la agilidad  de la Administración de Justicia y perfeccionar su funcionamiento.

Recursos humanos
En materia de recursos humanos, se ha propuesto a las comunidades autónomas avanzar en cuestiones tan relevantes como la Oferta de Empleo Público, los procesos de estabilización o las condiciones de trabajo del personal de la Administración de Justicia.

En ese sentido, Rafael Catalá ha aludido a los procesos de diálogo y contacto permanentes que desde el Ministerio se mantienen con las asociaciones y sindicatos representativos de los principales colectivos de la Justicia y que ya se están materializando en acciones concretas, bien a través de reformas legislativas o mediante los Presupuestos Generales del Estado.

Así, el ministro se ha referido a reformas como la de la Ley Orgánica del Poder Judicial para introducir mejoras en la conciliación de la vida laboral y familiar de los jueces y magistrados. A nivel presupuestario, Catalá ha resaltado el esfuerzo por ampliar las partidas que permitan aumentar las retribuciones de los distintos profesionales de la Administración de Justicia. Igualmente, la aprobación de estos presupuestos permitirá incrementar significativamente las plazas contenidas en la Oferta de Empleo Público. Esto supondrá la convocatoria en 2018 de 300 nuevas plazas para jueces y fiscales, además de otras 3.593 plazas para los Cuerpos Generales del personal de la Administración de Justicia.

Asimismo, Catalá se ha referido al objetivo de alcanzar mayor calidad y profesionalización cumpliendo las previsiones del Plan de estabilización del empleo público destinado a reducir la temporalidad y la interinidad en el sector. Para llevarlo a cabo, el ministro ha emplazado a las diferentes comunidades autónomas presentes en la Conferencia Sectorial a consensuar estas medidas de manera que puedan tenerse en cuenta las necesidades y características de cada territorio y al mismo tiempo asegurar el mejor funcionamiento del conjunto del sistema.

Proyectos normativos
Atendiendo a esa misma necesidad de introducir reformas que respondan a las necesidades de la Administración de Justicia, el ministro ha presentado ante la Conferencia Sectorial los proyectos normativos que se encuentran en tramitación en estos momentos.

Dentro de este apartado, Rafael Catalá ha destacado la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil actualmente en tramitación parlamentaria, que permitirá implantar nuevas medidas de agilización como la posibilidad de dictar sentencias orales o la simplificación de los trámites.

Mediante la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial se avanzará en independencia y transparencia, con medidas como la regulación del tránsito profesional, la reforma del sistema de elección de los cargos judiciales según criterios objetivos, la supresión del magistrado autonómico o la mención específica a la igualdad de mujeres y hombres en los nombramientos.

Coordinación tecnológica
En su intervención ante la Conferencia Sectorial, Catalá ha recalcado también la necesidad de avanzar en la adecuada coordinación e interoperabilidad de los sistemas de gestión procesal utilizados en las diferentes comunidades autónomas. Para ello, ha ofrecido la total colaboración del Ministerio para avanzar en esta línea de trabajo en el seno del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica. El ministro ha reafirmado la voluntad del Ejecutivo de ahondar en la transformación digital de la Justicia que se traduce en una partida presupuestaria de 131,3 millones de euros.

Cláusulas suelo
Durante su intervención, Catalá ha señalado que las reclamaciones en materia de cláusulas suelo han aumentado notablemente la actividad jurisdiccional en todo el territorio nacional. En respuesta, el Gobierno impulsó un mecanismo extrajudicial de resolución que permitía voluntariamente a cada consumidor solventar de forma directa sus controversias con la entidad bancaria. Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial previó la especialización de determinados juzgados para conocer de forma exclusiva de este tipo de reclamaciones. El ministro ha emplazado a los representantes de las comunidades autónomas a reflexionar sobre sus efectos y su posible sostenibilidad a futuro.

A la reunión de la Conferencia Sectorial han asistido diferentes representantes del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Presidencia y para las Administraciones Territoriales, así como de las comunidades que tienen transferida la competencia en Justicia como son País Vasco, Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias, Andalucía, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad de Madrid, Principado de Asturias, Cantabria, Aragón y La Rioja.

(Fuente: LaMoncloa)