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Derecho Laboral

Condenada una empresa por no pagar el ADSL a una liberada sindical con teletrabajo

El TSJ de Madrid considera vulnerado el derecho a la libertad sindical de la trabajadora

TSJ de Madrid (Foto: E&J)

Tiempo de lectura: 4 min



Derecho Laboral

Condenada una empresa por no pagar el ADSL a una liberada sindical con teletrabajo

El TSJ de Madrid considera vulnerado el derecho a la libertad sindical de la trabajadora

TSJ de Madrid (Foto: E&J)



El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha ratificado una sentencia en la que se condenaba a Campsa por discriminar a una liberada sindical a la que había dejado de pagar la conexión a Internet pese a haber firmado con la empleada un acuerdo de teletrabajo.

La trabajadora es miembro electo del Comité de Empresa de la compañía y tiene la condición de liberada sindical del 100% de su prestación de servicios desde el día 1 de abril de 2018. Precisamente en marzo de ese año se suscribió entre las partes acuerdo individual de teletrabajo que incluía entre sus cláusulas que “el pago de la conexión a Internet o bien se realizará directamente por el empleador, o bien será abonado por el trabajador/a y reembolsado posteriormente por parte de la compañía a través de la nómina”.



En este sentido, tal como queda recogido en la sentencia del TSJ madrileño, el IX Pacto Sindical de Campsa Estaciones de Servicio prevé “la dotación de medios por el empleador al empleado en teletrabajo tales como ordenador, telefonía, línea ADSL y el software necesario para el desarrollo de la actividad laboral”. Además, establece la posibilidad de la sustitución o supresión total o parcial de los mismos, por decisión unilateral del empleador «cuando no resulten necesarios para la prestación del trabajo contratado a la persona que teletrabaja».

La trabajadora percibió en las nóminas de abril de 2018 a noviembre de 2019 por el concepto de gastos teletrabajo/ADSL 27 euros mensuales. Sin embargo, en la nómina de diciembre de 2019 la empresa le detrajo de 540 euros por dicho concepto. Además, el director de Recursos Humanos de la compañía remitió correo electrónico en el que ordenaba eliminar el pago de ADSL a partir del 1 de enero de 2020 a tres liberados sindicales.

La empresa eliminó el pago del ADSL a los liberados sindicales. (Foto: E&J)

Demanda a la empresa

Una de las liberadas sindicales afectadas por la medida demandó a la empresa por entender que había sido vulnerado su derecho fundamental a la libertad sindical con la supresión del abono a la conexión de Internet. En su recurso solicitaba el cese inmediato de esa actuación y que se condenara a la empresa al abono de 270 euros en concepto de daños materiales causados hasta la fecha, así como los 27 euros al mes que había dejado de percibir hasta el dictado de la sentencia. Además, pedía una indemnización de 3.000 euros por los daños morales ocasionados.

Según queda reflejado en la sentencia, Campsa negaba el derecho al abono de tales sumas ante la condición de liberada sindical de la trabajadora porque “se trata de un gasto reintegrable en el que no incurre la demandante”.

Asimismo, la empresa recordaba que estaba en su derecho cuando tomó la decisión objeto del litigio dado que IX Pacto Sindical de la compañía recoge la posibilidad de que supresión de modo unilateral del abono del ADSL. A este respecto, Campsa negaba que en la decisión de supresión hubiera cualquier motivación contraria al ejercicio del derecho de libertad sindical de la demandante, aduciendo que dicha decisión respondía a un criterio objetivo”.

Sin embargo, el Juzgado de lo Social número 29 de Madrid, que es al que llegó el caso, terminó estimando la demanda de la representante sindical y fallaba que “declaro vulnerado el derecho a la libertad sindical de la demandante, requiriendo a la mercantil a fin de que cese de inmediato en su actuación, reponiendo el derecho a percibir el importe mensual de la línea ADSL, con condena a la mercantil al abono de la cantidad de 486 euros por los daños materiales causados hasta la fecha, y la cifra de 3.000 euros por daños morales”.

Campsa recurrió el falló en suplicación ante el TSJ de Madrid. Tal como explican en su sentencia, a la hora de analizar el recurso los magistrados del TSJ han limitado la cuestión a “determinar si la supresión del abono de los gastos por la conexión a Internet en el sistema de teletrabajo deriva de la condición de representante sindical de la trabajadora o si, por el contrario, conforme sostiene la mercantil, su supresión responde a la inexistencia de un gasto que no ha de compensar por cuanto la actora no usa dicha conexión en el desempeño de sus tareas al servicio de la empresa, al ser liberada sindical al 100%”.

Fachada y entrada al edificio del Tribunal Constitucional (Foto: Tribunal Constitucional)

Jurisprudencia del Constitucional

Para sustentar su valoración, el TSJ recuerda que la doctrina del Tribunal Constitucional que “ha venido afirmando el derecho a la indemnidad retributiva asociada al disfrute de créditos (liberación sindical) de quienes desempeñan cargos representativos, concretándose en diversas sentencias el alcance de la garantía de la indemnidad económica de los liberados sindicales en supuestos en que éstos dejaban de percibir una parte de la retribución o bien un complemento” (STC 74/1998, STC 173/2001, STC 30/2000).

Por otra parte, esta doctrina encuentra reflejo en la sentencia de fecha de 14 de octubre de 2020, número 912/2020 de Tribunal Supremo que, “ante la cuestión de si el plus de transporte previsto en norma convencional para cada día en que se prestan servicios ha de satisfacerse también cuando un miembro del comité de empresa acumula horas de crédito y queda relevado de su actividad, concluye la vulneración de libertad sindical”.

“En definitiva”, según explica el TSJ de Madrid, el Supremo considera que “el desarrollo de actividades representativas puede llevarse a cabo en lugares distintos al propio domicilio, de forma que el no abono del plus constituye un desincentivo a la plena realización de esas acciones con menoscabo a la libertad sindical”.

A tenor de estos argumentos, los magistrados suscriben las conclusiones de la magistrada del juzgado de instancia y ratifican la sentencia condenatoria contra la empresa, advirtiendo que este fallo puede ser recurrido ante el Supremo.

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