Consumo sanciona a Avis con un millón de euros por cobrar a sus clientes la gestión de multas
El Ministerio considera infracción muy grave repercutir gastos por cumplir la obligación legal de identificar al conductor ante Tráfico.
(Imagen: E&J)
Consumo sanciona a Avis con un millón de euros por cobrar a sus clientes la gestión de multas
El Ministerio considera infracción muy grave repercutir gastos por cumplir la obligación legal de identificar al conductor ante Tráfico.
(Imagen: E&J)
Hace ya tiempo que se sabe que no es ilegal que las compañías de alquiler de coches cobren tasas por gestionar el pago de las multas de sus clientes.
Esta ilegalidad resulta de forma clara de la aplicación del artículo 11 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial , que en el mencionado articulo establece que la identificación del conductor responsable de una infracción constituye una obligación legal del titular del vehículo, que, en los supuestos de alquiler de vehículos, son las compañías que los alquilan.
Por esta razón, cuando una compañía de alquiler de coches informa a Tráfico sobre la identidad del cliente que ha cometido una infracción, la empresa de alquiler simplemente está cumpliendo el mandato del artículo 11 de la mencionada ley y, en consecuencia, no puede cobrar a su cliente por cumplir una obligación que es suya de conformidad a la ley aplicable.
Además, en el mismo sentido, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios prohíbe el cobro por servicios que son una obligación legal de las empresas, así como la imposición de cargas económicas desproporcionadas que rompen el equilibrio contractual en perjuicio del consumidor.
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En base a estos fundamentos legales el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, cuyo titular es Pablo Bustinduy ha sancionado a la conocida empresa de alquiler de vehículos a motor “Avis” con una multa de un millón de euros por cobrar tasas abusivas , con la consideración de infracción “muy grave “al amparo de la Ley General para la Defensa de los Consumidores, por haber persistido en una práctica que ya había sido declarada previamente como ilícita.
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