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El caso más grande de corrupción juzgado en el País Vasco tendrá su sentencia en septiembre

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Redacción editorial
Tiempo de lectura: 3 min

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La sentencia del ‘caso De Miguel’, el mayor de corrupción juzgado en Euskadi, se conocerá después de las vacaciones de verano, previsiblemente a finales de septiembre, según han indicado fuentes judiciales. La redacción de un fallo tremendamente complicado por el volumen de cuestiones previas de índole técnica y jurídica que es necesario resolver y por el propio contenido de un caso cuyo juicio duró todo un año está avanzado, pero todavía deberemos esperar unos meses más hasta que la Audiencia Provincial de Álava lo haga público. Se cerrará así una década de trabajo, pues la Fiscalía inició el procedimiento en diciembre de 2009.

El ‘caso De Miguel’ quedó visto para sentencia a finales de diciembre de 2018 y fue entonces cuando empezaron las deliberaciones. La magistrada ponente de la sentencia es Elena Cabero y completan el tribunal los jueces Jaime Tapia y Raúl Aztiria. Cabero ha podido estar liberada para afrontar esta tarea merced al refuerzo de otra juez en la sala de lo penal de la Audiencia alavesa. Esa magistrada de apoyo ha sido Ana Jesús Zulueta y el 30 de junio volverá a su plaza como titular del juzgado de instrucción 2 de Vitoria. Ella será, precisamente, la responsable de liderar la investigación penal de las irregularidades en las oposiciones médicas de Osakidetza, una tarea iniciada por su sustituta, Yolanda Varona.

En el ‘caso De Miguel’ fueron 26 los encausados, encabezados por el que fuera ‘número dos’ del PNV de Álava, Alfredo de Miguel. De Miguel, un político influyente que, en el momento en el que fue detenido era foral diputado de Urbanismo, es señalado como cerebro de una trama de empresas diseñada para cobrar comisiones y obtener contratos de manera ilegal. Una empresaria, Ainhoa Alberdi, denunció con grabaciones que quien todos conocen como ‘Txitxo’ le pidió una mordida de 100.000 euros. Además, durante el juicio, su socio Josu Arruti, también militante del partido, confesó haber mediado para que los promotores catalanes de un proyecto urbanístico en Zambrana (Álava) les abonaran comisiones ilegales por valor de 160.000 euros a ambos, dato que ratificaron los empresarios de Construcciones Riera. Igualmente, otro constructor y contratista habitual de la Administración, Prudencio Hierro, admitió haberse hecho cargo de la reforma de una vivienda de la mujer de De Miguel en la localidad vizcaína de Gorliz porque “siempre ayuda” hacer favores a cargos públicos.

De Miguel constituyó con otros dos dirigentes del PNV alavés, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, una empresa llamada Kataia Consulting, una compañía que pusieron a nombre de sus respectivas esposas. Según la Fiscalía, ésa es la punta de lanza del entramado mercantil conformado para la obtención de fondos ilícitos, como los contratos ‘a dedo’ salidos de la Dirección de Juventud que dirigía en el Gobierno vasco Xabier Sánchez Robles. Antes de finalizar el juicio, De Miguel como Arruti valoró la posibilidad de declararse culpable a cambio de ver rebajada su pena, aunque finalmente rompió el acuerdo y optó por negar todos los hechos incluso pese a las confesiones. Su abogado, Gonzalo Susaeta (Cuatrecasas), fundamentó su estrategia de defensa en atacar a la denunciante, Ainhoa Alberdi, al juez instructor, Roberto Ramos, y a los ertzainas que le ayudaron. A última hora cuestionó también la declaración inculpatoria de Arruti.

Los fiscales Josu Izaguirre y Manuel Pedreira piden para Txitxo una pena de cárcel de 29 años y 9 meses, que serían 12 de cumplimiento efectivo (el triple de la pena más alta) por más de una docena de delitos de corrupción, incluido el cohecho, la prevaricación, las coacciones o la malversación de caudales públicos. Igualmente, deberá afrontar multas por valor de 1.185.306 euros y las inhabilitaciones reclamadas suman un elevado número de años si es condenado. Antes del juicio, eran 54 los años solicitados (15 efectivos). En el caso de Tellería y Ochandiano, la condena solicitada es de 13 años y 7 meses de cárcel, 9 efectivos, con una responsabilidad económica de 606.342 euros.



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