El Consejo de Transparencia alerta del elevado silencio administrativo tras dispararse un 40 % las reclamaciones
El organismo fiscalizador tramitó 2.767 quejas ciudadanas en 2025 y constata que casi la mitad de los litigios estatales nacen de la falta de respuesta en plazo
(Imagen: E&J)
El Consejo de Transparencia alerta del elevado silencio administrativo tras dispararse un 40 % las reclamaciones
El organismo fiscalizador tramitó 2.767 quejas ciudadanas en 2025 y constata que casi la mitad de los litigios estatales nacen de la falta de respuesta en plazo
(Imagen: E&J)
La actividad del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno experimentó una fuerte aceleración durante el ejercicio 2025. Según los datos oficiales recogidos en el resumen de su Memoria anual publicado en el Boletín Oficial del Estado, el órgano garante recibió un total de 2.767 reclamaciones de tutela del derecho de acceso a la información pública interpuestas al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013 de Transparencia.
Esta cifra supone un incremento del 40,2 % respecto a las 1.973 contabilizadas en 2024, un repunte que contrasta con el mantenimiento invariable de los medios personales y presupuestarios asignados a la institución.
El informe oficial pone de relieve una persistente patología en el funcionamiento ordinario de las administraciones públicas: la resistencia o incapacidad para contestar a los ciudadanos dentro de los plazos legales. En el conjunto de las 1.577 reclamaciones resueltas en el ámbito estatal, el 45,5 % traía causa directa del silencio administrativo.
La situación resulta todavía más acusada en la esfera autonómica y local, donde el 75,3 % de los expedientes derivó de la total ausencia de respuesta previa, elevándose este porcentaje al 81,6 % en los asuntos referidos específicamente a entidades locales.
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Balance resolutivo y alcance material de los pronunciamientos
A lo largo de 2025, el organismo resolvió 2.234 expedientes de reclamación, de los cuales 1.577 correspondieron al sector público estatal y 657 al ámbito autonómico y local asumido mediante convenio. En la esfera estatal, tras inadmitirse únicamente un 6,2 % por defectos de procedibilidad, el 65,9 % de las reclamaciones admitidas (976 expedientes) fueron resueltas con un sentido estimatorio, frente a un 26,3 % de desestimaciones y un 6,7 % de archivos por desistimiento o pérdida sobrevenida del objeto.
Por departamentos ministeriales, el Ministerio del Interior encabezó el número de reclamaciones con 193 expedientes (12,2 % del total), seguido por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes con 94 expedientes (6 %), el Ministerio de Hacienda con 83 y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con 72.
En cuanto al perfil de los solicitantes, el 89,2 % de los procedimientos estatales resueltos correspondieron a personas físicas, con una relevante presencia de profesionales del periodismo, frente a un 10,8 % instado por personas jurídicas como asociaciones, sindicatos o empresas.
Criterios sobre empleo público, algoritmos y altos cargos
Entre las materias examinadas destacaron los expedientes vinculados a función pública, retribuciones, contratos públicos e información patrimonial de altos cargos. En relación con el personal eventual, la resolución R CTBG 1251/2025 sistematizó la obligación de identificar nombres, fechas de nombramiento y retribuciones de asesores de confianza, doctrina en sintonía con la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Asimismo, la resolución R CTBG 517/2025 fijó que en las alegaciones a informes provisionales de la Oficina de Conflictos de Intereses solo cabe anonimizar el nombre y el cargo, debiendo facilitarse el contenido material restante.
El uso del algoritmo de inteligencia artificial en la toma de decisiones públicas también centró pronunciamientos novedosos. En la resolución R CTBG 1447/2025, el órgano garante estimó el acceso a la información sobre la herramienta informática de perfilado utilizada por el Seprona, apoyándose en la doctrina sentada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación con el código fuente de la aplicación BOSCO para exigir una ponderación estricta y justificada de los límites legales antes de restringir el acceso técnico.
Publicidad activa y seguimiento judicial de las resoluciones
En el plano de la fiscalización preventiva, el Plan de Evaluación 2025 analizó a 393 entidades y determinó que solo el 2,6 % alcanza el pleno cumplimiento en el Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria, mientras que el 23,2 % ni siquiera llega a un nivel del 20 %. El principal defecto detectado en los portales institucionales radica en la falta de datación y actualización periódica de los contenidos económicos, patrimoniales y de contratación.
En sede contencioso-administrativa, durante el ejercicio analizado se incoaron 47 recursos judiciales frente a decisiones del Consejo, al tiempo que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo admitió a trámite 16 recursos de casación vinculados a su actividad. A fecha de cierre del informe, la efectividad material de las resoluciones estimatorias estatales que exigían entrega efectiva de información se situaba en el 75,3 % de cumplimiento acreditado ante el organismo regulador.
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