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El Gobierno alarga la prestación de los servicios postales de notificaciones administrativas y judiciales en papel

AUTOR
Redacción editorial
Tiempo de lectura: 2 min

Publicado





El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo que autoriza la celebración de un contrato centralizado para la prestación de los servicios postales de notificaciones administrativas y judiciales en papel para los Ministerios, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y Organismos del Sector Público Estatal.

Con este contrato se mantiene la contratación centralizada de los servicios postales, que se inició con la Orden HAP/536/2014, de 3 de abril, que modifica la Orden de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada.

Dentro de los servicios postales, los servicios de notificaciones administrativas y judiciales incluyen aquellos envíos que se utilizan para comunicar actos o resoluciones administrativas y judiciales y en los que las administraciones tienen establecido normativamente un procedimiento tasado, con requisitos específicos para los intentos de entrega, que deben gozar de garantía de veracidad y certeza.





El ámbito subjetivo del contrato incluye aquellas entidades del Sector Público Estatal que requieren estos servicios para su gestión ordinaria (Ministerios, Organismos, Agencias, Servicios comunes y Entidades gestoras de la Seguridad Social).

El presupuesto de licitación del contrato, IVA incluido, en función de los envíos estimados para el periodo, es de 108.130.365,79 €.

El contrato centralizado de notificaciones da continuidad al suscrito el 29 de diciembre de 2016, que se encuentra actualmente en vigor, hasta el próximo 31 de octubre de 2018.

El plazo de vigencia del nuevo contrato de notificaciones será de 12 meses, prorrogable por un periodo idéntico, de otros 12 meses adicionales, siendo la fecha prevista de inicio de efectos del contrato el 1 de noviembre de 2018.

Su adjudicación se realizará mediante procedimiento negociado sin publicidad al tratarse de servicios que solo pueden ser encomendados a una empresa determinada con ausencia de competencia por razones técnicas.

 

(Fuente: LaMoncloa)

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