PremiumEl Gobierno anuncia a las CCAA la aprobación de un Real Decreto para la mejora y la atención solidaria a los menores extranjeros no acompañados
El Gobierno anuncia a las CCAA la aprobación de un Real Decreto para la mejora y la atención solidaria a los menores extranjeros no acompañados
Esta iniciativa se ha trasladado en la reunión técnica convocada por la Dirección General de Servicios de las Familias e Infancia celebrada este miércoles en la sede del Ministerio.
La norma contará con un presupuesto de 40 millones de euros y tendrá una vigencia de seis meses. El objetivo es el reparto de fondos vinculados a la atención y la acogida solidaria de MENA entre comunidades autónomas.
Se trata de una medida excepcional que el Gobierno ha articulado para dar apoyo a las CCAA, responsables de la atención de los menores, y garantizar el respeto a los derechos del menor. La aprobación de este Real Decreto responde a razones de interés público, social y humanitario debido al incremento del número de llegadas de los últimos meses.
El Real Decreto establecerá las normas reguladoras para la concesión directa de ayudas para mejorar la atención que reciben los menores extranjeros no acompañados tutelados por las comunidades y ciudades autónomas de primera acogida, así como aquellas que acepten una atención solidaria para su tutela.
La distribución de los fondos se realizará en función del incremento de los menores atendidos por cada autonomía desde diciembre de 2017. La medida habilita la posibilidad a las comunidades autónomas para la acogida solidaria de menores de otras comunidades autónomas.
Esta acogida solidaria y coordinada tendrá carácter voluntario y, además, contará con la autorización del Gobierno con el objetivo de que se cumplan requisitos adecuados de calidad y evaluación en la prestación de los servicios.
Una vez cerrada la acogida solidaria entre comunidades autónomas y fijado el número de menores por autonomía, se procederá al reparto de los fondos que se realizará mediante un anticipo de crédito que después las CCAA tendrán que justificar.
Fuente: Moncloa
