El ICAM denuncia ante el CGPJ la sanción de 700 euros a una abogada por no acudir a juicio, pese a estar de baja médica por un embarazo de riesgo

Las relaciones diarias entre los abogados que hacen su trabajo en los juzgados y los propios jueces no son siempre pacíficas. Desde hace unas semanas los miles de abogados que trabajan en nuestro país cuentan con un nuevo Reglamento de Amparo aprobado por el Colegio General de la Abogacía Española (CGAE) en sus últimas IX Jornadas de Juntas de Gobierno de la Abogacía, que se celebraron en Jerez de la Frontera (Cádiz). Ese Reglamento ayudará a proteger al profesional ante los problemas que le surjan en su relación con los jueces, funcionarios y clientes.

Precisamente esta pasada noche el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) daba a conocer la noticia —posteriormente confirmada por el diputado Defensa Abogacía, Javier Mata—, de que el ICAM habría solicitado al órgano de gobierno de los jueces —al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)— que analice si la actuación del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Soria incoando expediente sancionador a una colegiada del ICAM en avanzado estado de gestación que no pudo intervenir en un juicio por habérsele prescrito reposo absoluto, vulneró los derechos fundamentales de dicha letrada.

El ICAM ha sido informado de que a la abogada se le ha sancionado con 700 euros por incomparecencia en un juicio siguiendo la Ley Orgánica del Poder Judicial, y la entidad colegial ya prepara el amparo colegial para que se le otorgue por vía de urgencia. Es previsible que este jueves ya tenga el amparo del ICAM y al mismo tiempo del Colegio de Abogados de Soria.

En este tipo de situaciones, los abogados siguen teniendo problemas a la hora de justificar su baja, sin embargo, en el caso de los jueces, al ser funcionarios, la mayor parte de ellos no tienen excesivas trabas a la hora de resolver este tipo de situaciones que pueden surgir en cualquier momento.

El decano del ICAM, Eugenio Ribón, en distintas comparecencias públicas ha insistido, como defensor de los derechos de los colegiados del ICAM, en que hay proteger la salud de quien ejerce la defensa, porque no solo es un derecho del profesional, sino una garantía esencial para evitar la indefensión del justiciable.

Según informa a E&J el propio Javier Mata, el ICAM también trasladará el caso al Consejo General de la Abogacía Española y al Colegio de la Abogacía de Soria para que valoren posibles actuaciones desde sus respectivas competencias.

Eugenio Ribón e Isabel Perelló, que coincidieron en la apertura del año judicial, ahora vuelven a estar en contacto por este incidente. (Imagen: ICAM)

El caso en cuestión es que el Colegio de la Abogacía de Madrid ha denunciado ante el CGPJ el trato recibido por una letrada en avanzado estado de gestación que fue expedientada por un juzgado de Soria tras no acudir a una comparecencia judicial pese a encontrarse de baja médica por embarazo de riesgo.

La abogada, colegiada en el ICAM, había solicitado la suspensión de una diligencia prevista para el pasado 14 de mayo en el Juzgado de Instrucción n.º 3 de Soria, acreditando mediante informe médico la necesidad de reposo absoluto por riesgo de preeclampsia. El Juzgado denegó la solicitud y le ofreció como única alternativa intervenir por vía telemática desde su domicilio. Tras no comparecer en esa fecha ni en una segunda convocatoria fijada dos días después, debido a la prescripción médica de reposo absoluto, el órgano judicial designó un abogado de oficio para el investigado y acordó incoar expediente sancionador contra la letrada por incomparecencia injustificada.

En esa situación la citada letrada se puso en contacto con la propia entidad colegial para denunciar los hechos y pedir amparo a la entidad colegial. “Nuestra colegiada contactó este miércoles con el ICAM. El médico la ha ordenado reposo absoluto, sin embargo, su señoría ha hecho caso omiso de los informes médicos que adjuntó para no comparecer en la vista”, informan desde la entidad colegial, “al parecer lo único que logró es que hiciera la comparecencia de forma telemática, pese a la prescripción médica de reposo absoluto”.

“Someter a una profesional embarazada a la presión de intervenir desde su domicilio pese a una prescripción médica de reposo absoluto es una situación que no debería tener cabida en un Estado de Derecho”, ha señalado el decano del ICAM, Eugenio Ribón, tras firmar el escrito dirigido al CGPJ.

En el documento remitido este miércoles al órgano de gobierno de los jueces, el ICAM solicita que, en el ejercicio de sus competencias de inspección y supervisión, se investigue si la actuación del Juzgado pudo vulnerar los derechos fundamentales de la profesional, en particular el derecho a la protección de la salud, el derecho a la conciliación profesional y familiar y las garantías propias del ejercicio de la abogacía en condiciones de dignidad y seguridad.

El Colegio recuerda que el artículo 43 de la Constitución Española reconoce expresamente el derecho a la protección de la salud, y subraya que ese derecho ha sido reforzado en el ámbito profesional por el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, y por la Ley Orgánica 5/2024, del Derecho de Defensa. Ambas normas contemplan la posibilidad de solicitar la suspensión de actuaciones judiciales en supuestos de baja médica, embarazo, cuidado de menores o situaciones análogas, sin que ello suponga merma de los derechos procesales de las partes.

Javier Mata, diputado de la Junta de Gobierno de Defensa Abogacía, está gestionando el amparo colegial a la colegiada sancionada. (Imagen: ICAM)

El ICAM también advierte en su misiva del posible impacto que este tipo de decisiones judiciales puede tener no solo sobre los derechos de la letrada, sino también sobre los del propio investigado, al que se le impone una sustitución de su defensa sin su consentimiento expreso y sin garantías efectivas de continuidad.

“No solo se trata del derecho de quien ejerce la defensa, sino del derecho de quien la recibe”, ha subrayado el diputado de la Junta de Gobierno, Javier Mata, responsable del área de Defensa de la Abogacía.

Además del escrito remitido al CGPJ, el ICAM tiene previsto trasladar el caso al Consejo General de la Abogacía Española y al Colegio de la Abogacía de Soria, con el objetivo de que, en el ámbito de sus respectivas competencias, valoren posibles actuaciones desde el punto de vista deontológico e institucional.

“Garantizar la salud de quien ejerce la defensa no es solo una cuestión de derechos laborales o personales: es una condición imprescindible para proteger el derecho de defensa del justiciable”, ha concluido Ribón. “Una abogada en situación médica de riesgo no puede afrontar una comparecencia con la diligencia necesaria, y eso puede traducirse en indefensión para su cliente”.

Crecen las amenazas para los abogados

El pasado mes de enero, con motivo el Día de la Abogacía en Riesgo, el Colegio de la Abogacía de Madrid publicaba su informe anual sobre letrados amenazados, que refleja un alarmante incremento en las solicitudes de amparo colegial por situaciones de acoso, agresiones o amenazas padecidas en el ejercicio profesional. Durante 2024, el ICAM gestionó 15 peticiones de amparo por alguna de estas causas, frente a las 5 del año anterior, lo que supone un aumento del 200%.

Además, el número total de incidencias registradas por amenazas a profesionales de la abogacía se ha incrementado un 125% en el último año, pasando de 35 casos contabilizados en 2023 a 79 en 2024.

Junto al preocupante aumento cuantitativo, el informe revela una mayor exposición de mujeres y profesionales del turno de oficio a situaciones de riesgo en el ejercicio de la abogacía. Asimismo, pone de manifiesto la persistencia de una diversidad de amenazas y situaciones de acoso, provenientes principalmente de clientes, que afectan a la libertad y seguridad de los letrados.

“La abogacía no puede ejercer su labor en un clima de intimidación o acoso. Es inadmisible que los letrados, en el ejercicio de su función esencial para garantizar los derechos de los ciudadanos, se enfrenten a situaciones que comprometen su integridad física y emocional”, denuncia el decano Eugenio Ribón. “Cada amparo concedido por el Colegio no solo protege al profesional afectado, sino que también reafirma nuestro compromiso con la defensa del Estado de Derecho y la libertad e independencia de la abogacía. Desde el ICAM seguiremos trabajando para que ningún letrado se sienta solo ante este tipo de amenazas”, advierte.

De las 15 solicitudes recibidas en 2024, la Junta de Gobierno del ICAM concedió el amparo en cuatro casos, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo de actuación en situación de acoso/amenazas y/o agresiones. Las situaciones denunciadas incluyen un amplio abanico de conductas amenazantes, intimidatorias, vejatorias o abusivas por parte de los clientes, comprometiendo la integridad personal y profesional de los abogados y abogadas afectados.