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El magistrado del TS José Manuel Bandrés reclama incrementar los presupuestos y doblar la plantilla de jueces y magistrados



El magistrado de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés ha apostado por una renovación del pacto constitucional sobre la Justicia alcanzado en 1978 con la finalidad de “incrementar las capacidades presupuestarias y organizativas del sistema judicial” para asegurar un buen funcionamiento de la Administración de Justicia. Bandrés pronunció ayer por la tarde la conferencia inaugural del segundo curso de la Escuela de Verano del Poder Judicial, que se celebra en el pazo de Mariñán bajo el título Qué Justicia desean los jueces españoles.

Ante los participantes en el curso y las autoridades presentes, el magistrado ha expuesto diez propuestas “para que la Justicia muestre su rostro constitucional”. Fortalecer la independencia de los miembros del poder judicial, reforzar las funciones del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia para garantizar de forma eficiente los principios de seguridad jurídica y de igualdad en la aplicación judicial del Derecho, así como reformar la estructura organizativa y las competencias del Consejo General del Poder Judicial fueron las tres primeras medidas propuestas.

Bandrés también ha considerado necesario promover la elección directa por los jueces y magistrados de los presidentes de los Tribunales de Justicia, crear una agencia estatal en materia de informatización judicial, racionalizar y actualizar la planta judicial creando los tribunales de instancia e incrementar la plantilla de jueces y magistrados hasta doblar el número de efectivos que existen en la actualidad, de modo que en el próximo decenio se llegue a 10.000 jueces.

Para finalizar, el magistrado del TS ha manifestado la necesidad de otorgar carácter vinculante a la Carta de los derechos de los ciudadanos ante la Administración de Justicia, así como de avanzar en la digitalización y mejorar los mecanismos de rendición de cuentas y de evaluación y control de la calidad del servicio público de la Justicia.





(Fuente: Comunicación Poder Judicial)





 

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