Estudiantes en prácticas: el Ministerio ignora a la Abogacía

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el pasado 16 de enero, organizó una reunión junto con el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), para tratar sobre la aplicación de la Disposición Adicional Quinta, referida a la obligatoriedad de incorporar al régimen general de la Seguridad Social a los estudiantes que realicen sus prácticas académicas externas del Real Decreto Ley 28/2018. No deja de sorprender que el Ministerio de Universidades no convocara a esta reunión a una representación de la abogacía y la Procura , cuando los Colegios de Abogados y Procuradores , a través de las escuelas de práctica jurídica y otras instituciones colaboradoras, tienen responsabilidades docentes directas, en la formación de los nuevos abogados y procuradores de la misma importancia que tienen las universidades. Los Cursos de acceso a la profesión de abogado y procurador, que imparten los colegios, tienen la obligación de facilitar prácticas a sus alumnos en despachos profesionales. Estas prácticas son obligatorias. Si no se realizan los alumnos no pueden acceder al examen que habilita para ejercer.

Las  conclusiones más importantes de la indicada reunión parecen ser, por un lado, que la regulación reglamentaria  que concrete la aplicación del mencionado Real Decreto no entrará en vigor hasta el curso 2019-2020 y por otro, que las Universidades no tendrán que pagar la seguridad social de los alumnos en prácticas. Es evidente que si no pagan las Universidades tendrán que hacerlo las empresas que reciban a los alumnos en prácticas. El problema es que en el sector jurídico la mayoría de prácticas se deben hacer en despachos profesionales y en España más del 80% de éstos tienen una estructura muy pequeña que no puede soportar el gasto que implica pagar la seguridad social de los alumnos que reciban en prácticas. La consecuencia previsible no es otra que muchos despachos ya no querrán facilitar plazas para prácticas. Se puede crear un gran problema como no se busquen nuevas soluciones. Parece evidente, que es imprescindible, que en esta búsqueda  estén presentes los representantes de la abogacía y la procura.