Francisco Javier Lara acusa al fiscal que lleva su caso de “prevaricación”

Francisco Javier Lara, decano emérito del Colegio de Abogados de Málaga (ICAMÁLAGA) acusa al fiscal de Málaga de “prevaricación” después de que le haya acusado de un supuesto delito de desobediencia grave y de pedir para él una fianza de 5.400 euros para el pago de la condena. El ex decano del ICAMÁLAGA asegura que está “sorprendido porque la fiscalía formula una acusación en la que no tiene en cuenta el contexto en el que fue adoptada por la Junta de Gobierno del ICAMÁLAGA”.

El inicio de este caso se remonta al 6 de mayo de 2020. Ese día, Estela Gómez Giner, titular del Juzgado de Instrucción número 10, que estaba de guardia, pidió la presencia de cuatro abogados del turno de oficio para asistir a unos detenidos. En ese momento, la pandemia de covid estaba casi en su cénit y en el ICAMÁLAGA se temía por la salud de los letrados. De este modo, el decano del Colegio y los 15 miembros de la Junta de Gobierno tomaron la decisión de que las asistencias a detenidos en la Ciudad de la Justicia de la ciudad debían hacerse a través de videoconferencia.

La magistrada dictó una providencia en la que hacía constar que, en el caso de que los abogados no acudieran a su requerimiento, se procedería a informar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, al Consejo General del Poder Judicial, al Defensor del Pueblo, a la Consejería de Justicia, sin perjuicio de deducir testimonio por presunto delito de desobediencia.

Fachada del Colegio de Abogados de Málaga (Foto: E&J)

Delito de desobediencia

Finalmente, el Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga acusó a Lara de delito de desobediencia, previsto en el art. 556.1 del Código Penal, porque, a su juicio, desobedeció un requerimiento judicial “de modo consciente y a sabiendas de su deber de cumplimiento”.

El letrado interpuso un recurso contra el auto del juez instructor, pero fue desestimado por el tribunal de apelación de la Audiencia Provincial de Málaga. Lara solicitaba en ese recurso que el titular del Juzgado de Instrucción 6 de Málaga, competente en este caso, llamara a declarar a una serie de personas antes de remitir la causa a la Fiscalía.

El ex decano del ICAMÁLAGA se muestra “sorprendido” porque la fiscalía formula contra él una acusación que “saca de contexto” y en la que “no tiene en cuenta el momento en que la Junta de Gobierno tomó su decisión”. En este sentido, recuerda que entonces la pandemia se estaba cobrando miles de vidas y la gente “tenía mucho miedo y muy poca información”.

Lara recuerda que cuando el ICAMÁLAGA tomó su decisión había mucho temor por la covid.

Acto de «venganza»

Además, asegura que la Fiscalía “falta a la verdad” porque “afirma que fue decisión mía no enviar a los abogados cuando fue la Junta de Gobierno la que lo decidió”. De hecho, afirma que ha presentado un certificado en el que los 15 componentes de la Junta de Gobierno del ICAMÁLAGA aseguran que la decisión fue adoptada por unanimidad. A su juicio, este asunto tiene un componente personal y es “una cuestión de venganza y revanchismo”.

Otra de las decisiones adoptadas por la Fiscalía y que Lara critica con dureza es que haya pedido una fianza de 5.400 euros por el importe de la multa que pide el Ministerio Público. “Quieren que pague una multa de manera anticipada a la condena”, denuncia.

Todo ello le lleva a afirmar que “cuando el Ministerio Público, con un certificado de todos los miembros de la Junta de Gobierno, sigue diciendo que fue una decisión personal mía, está montando una prevaricación”.

Lara asegura que sigue “confiando plenamente en la Justicia y en que cuando el caso salga de Málaga habrá un juez o fiscal que no estén contaminados” contra él y que “dejen de lado el corporativismo y el revanchismo para aplicar el derecho y la justicia de forma absolutamente imparcial”.

Apoyo de Altodo

Precisamente hoy, la Asociación de Letrados y Letradas por un Turno de Oficio Digno (Altodo) ha emitido un comunicado de apoyo a Francisco Javier Lara en el que critica a la Fiscalía. En el texto destaca que reitera “su apoyo incondicional al decano emérito y a la que fue su Junta de Gobierno, toda vez que no se trató de una decisión personal, sino adoptada por el órgano colegiado que encarnaba el gobierno de una corporación de derecho público.

D. Juan Manuel Mayllo, presidente de Altodo. (Foto: E&J)

Altodo declara que “sorprende que el Ministerio Fiscal, que debe velar para que la función jurisdiccional se ejerza eficazmente conforme a las leyes, promover el respeto a los derechos fundamentales y defender la legalidad y el interés público y social, paradójicamente promueva acusación contra quien actuó en estricto cumplimiento de la normativa sanitaria vigente en aquel momento y que otros incumplían, velando por la seguridad, salud e integridad física de los letrados adscritos al turno de oficio, como era su obligación estatutaria, y por la del resto de ciudadanos con los que los letrados interactúan”.

Igualmente, la Asociación lanza un dardo al Consejo General de la Abogacía Española, al que pide que “no se ponga de perfil y defienda públicamente, con todos los medios a su alcance, a quien en aquel momento era miembro de dicho Consejo y decano del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, corporación de la que igualmente esperamos sepa estar a la altura de las circunstancias”.

Asimismo, recuerda que Lara ha sido citado para el próximo día cinco de abril a fin de ser requerido para el pago de la fianza de 5.400. Con el fin de ayudar al letrado, Altodo hace un llamamiento en su comunicado “a los compañeros de todos los Colegios de la Abogacía de España para que simbolicen su apoyo a Francisco Javier Lara Peláez, contribuyendo al pago de dicha fianza, mediante el ingreso de un euro en la cuenta corriente del Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga y aporta el número de cuenta del mismo.