Frente común del ICAM y el Colegio de Procuradores de Madrid ante los problemas de la aplicación Horus y las cuentas de consignaciones

Los problema en la justicia se acrecientan. A la ya cuestionada Ley Orgánica 1/2025 que modifica los juzgados unipersonales por los tribunales de instancia e introduce los Métodos Adecuados de Solución de Controversias (MASC) con su requisito de procedibilidad para interponer demandas en el orden Civil y Mercantil, hay que añadir la problemática de la herramienta Horus, que genera problemas para abogados y procuradores en el ámbito Penal, y los más de 4.800 millones de euros que siguen cautivos en las cuentas de consignaciones de los juzgados.

Ante esta situación ya denunciada hace varios meses por Economist & Jurist, las quejas se han incrementado en este primer cuatrimestre del año en la jurisdicción Penal. Por ello, abogados y procuradores han unido fuerzas para pedir al Ministerio de Justicia que resuelva esta problemática que genera indefensión en algunos casos en determinados asuntos penales.

Este pasado lunes, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM) celebraron una jornada de debate en la sede de esta última institución sobre las dificultades de acceso a las plataformas para la gestión de expedientes judiciales electrónicos (EJE) y la aplicación Horus, con el objeto de abordar los problemas técnicos, estructurales y el impacto en el trabajo diario de los colegiados, así como posibles líneas de actuación institucional para exigir mejoras y soluciones en este campo.

El encuentro tuvo lugar a las 18:30 horas en el salón de actos del ICPM, congregando a más de 500 profesionales conectados en línea y un centenar de asistentes presenciales. La jornada contó con la participación de Javier Mata y Juan Manuel Mayllo, diputados del ICAM; Carmen Giménez, vicedecana del ICPM; y Antonio Sánchez-Jáuregui, vocal de la junta de gobierno de ICPM. El debate fue moderado por Isaac Palomares, abogado y periodista.

Con la última versión del visor Horus sólo se pueden ver 6 páginas de un documento. (Imagen: ICAM)

Una situación preocupante

Javier Mata, diputado cuarto de la junta de gobierno del ICAM y responsable de defensa de la abogacía en la entidad colegial, explica que “presentamos una queja al Defensor del Pueblo en relación con los problemas detectados en la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la plataforma Horus. Esta queja se centra en la desigualdad de acceso a la justicia digital, la falta de integridad y organización del expediente, y la deficiente interoperabilidad entre sistema. En muchos casos no están completos”.

Desde su punto de vista, “el papel del letrado de la Administración de Justicia (LAJ) es el de consolidar dichos expedientes electrónicos. Esto supone organizar por orden cronológico en la carpeta electrónica, metiendo un índice electrónico que lo debería hacer el propio sistema, y en ese momento queda una prueba electrónica de que el expediente está completo y ordenado. Lo que ocurre ahora, es que los LAJs van subiendo documentos al expediente y el sistema los archiva sin más. Si no le das la orden de consolidación, no tienes forma de que esté completo. Este punto es fundamental para que luego la documentación se traslade a abogados y procuradores”.

Sobre la jornada que tuvo lugar el lunes, indica a E&J que “se nos exigen requisitos que no deberían planteárnoslos, como la aportación de copias por tres días tras haber presentado un escrito en formato electrónico porque la legislación obliga a la Administración de Justicia a entenderse con los justiciables de forma electrónica. No deberían solicitar esas aportaciones de copias porque no hay un amparo legal. Otro problema grave es el tipo de fichero que se aporta, hay juzgados que inadmiten demandas porque no se presentan en el formato electrónico, el conocido OCR, que lee documentos legibles, pero ni DNI ni planos ni documentos a mano”.

Mata anticipa a E&J que el próximo 27 de mayo habrá una nueva jornada “a la que hemos invitado a los responsables de justicia digital, tanto del Ministerio, como de la Comunidad de Madrid o del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para debatir sobre el tema y buscar una especie de protocolo que nos permita a todos resolver la cuestión. Hay que recordar que con el apagón del pasado 28 de abril en todo el país no funcionaba nada. Lexnet se cayó y tardó en recuperarse. Ni siquiera se reconocían las tarjetas digitales de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, pero se buscó una solución rápida por el CGPJ que decretó la suspensión de plazos durante 48 horas y el Ministerio decretó la inhabilidad de los plazos administrativos”.

Javier Mata advierte que las quejas de los colegiados sobre el visor Horus se han incrementado un 300% en los últimos meses.(Imagen: ICAM)

Las soluciones tecnológicas no funcionan

Para Carmen Giménez, vicedecana del Colegio de Procuradores de Madrid, “el tema nos preocupa porque vivimos una situación donde nos damos cuenta está primando la forma sobre el fondo. Es evidente que nos parece oportuno la apuesta por las nuevas tecnologías que hace el ministro Félix Bolaños, ya que es la manera de contar con una Administración de Justicia más ágil y eficaz, pero no puede ser acosta de vulnerar el derecho de defensa que tiene todo ciudadano”.

A su juicio “hay muchas veces que hay aplicaciones que hoy son compatibles con un sistema determinado, pero se produce una nueva versión de esa aplicación y resulta que deja de ser compatible con el sistema. El derecho de defensa y, en su caso el trabajo que realizan sus profesionales no puede depender de esas actualizaciones, que nosotros desconocemos. Pedimos que todos esos sistemas estén preparados para las distintas actualizaciones de las diferentes versiones de esas actualizaciones”.

En su opinión, “la situación es grave. Al mismo tiempo se decía que falta formación para el personal funcionario de la Administración de Justicia de cara a conocer como se construye un expediente judicial electrónico. Los profesionales hemos tenido que aprender, todo de todo, para en su caso ser los iniciadores del expediente cuando presentamos la demanda. Somos quienes lo iniciamos, pero cuando accedemos a ellos, ya sea en un tema penal o en un asunto donde el abogado se persona y hay que darle traslado de las actuaciones, resulta que nos encontramos actuaciones no consolidadas, o que no están completas”.

Carmen Giménez cree que las actualizaciones tecnológicas no están bien acabadas, y eso genera problemas a abogados y procuradores. (Imagen: ICPM)

En otras ocasiones aclara que “no se puede hacer una descarga completa del todo el expediente y se tiene que hacer una descarga de documento por documento. Al final la valoración de esta jornada fue positiva porque abogados y procuradores vamos en el mismo barco. El abogado que trabaja en el ámbito laboral tiene los mismos problemas que tenemos nosotros como procuradores. Hay que conseguir esas mejoras en las tecnologías. Al justiciable no se le puede decir después de seis meses de presentar una demanda que hay varios documentos que no están en ese formato digital”.

Pese a las reuniones de ambas entidades colegiales con Justicia, la situación sigue sin arreglarse: “El problema se agrava porque cada Administración de Justicia ha decidido tirar en una dirección, la de Madrid ha creado su propio expediente judicial electrónico, distinto del de territorio Ministerio, así han incorporado plataformas como Horus o Acceda, lo que nos genera una situación complicada porque no podemos representar debidamente a los clientes. No sabemos si hemos presentado bien o mal una demanda”.

Según confirman ambas entidades, ICAM e ICPM reafirman su voluntad de colaboración y su compromiso en la defensa de los intereses de la abogacía y la procura, trabajando conjuntamente en la búsqueda de soluciones efectivas para los colegiados.

Los problemas de la cuenta de consignaciones

Otra de las cuestiones que preocupan a los abogados y procuradores es la cuenta de consignaciones judiciales. Este martes el Colegio de la Abogacía de Madrid ha impulsado una proposición no de ley para garantizar que las sumas depositadas para cumplir con resoluciones firmes estén disponibles para su ejecución en un plazo razonable. La iniciativa ha sido registrada por el decano del ICAM, Eugenio Ribón, en la sede parlamentaria y, además, ha sido remitida a los distintos grupos políticos del Congreso con la solicitud de que la hagan suya y procedan a su tramitación.

La propuesta parte de una preocupación creciente por la persistencia de fondos que permanecen bloqueados en las cuentas de consignación judicial pese a existir una sentencia firme.

Según los últimos datos disponibles, más de 4.800 millones de euros se encuentran actualmente inmovilizados en dichas cuentas, impidiendo a particulares y empresas disponer de indemnizaciones, pensiones alimenticias, costas procesales u otras compensaciones reconocidas judicialmente. El ICAM alerta que esta situación afecta gravemente al principio de tutela judicial efectiva y genera un perjuicio directo a los derechos patrimoniales de los ciudadanos.

“La justicia no puede considerarse plenamente garantizada si, tras una sentencia firme, los ciudadanos deben esperar meses o años para ver satisfecho lo que legalmente les corresponde”, reza en su exposición de motivos la propuesta planteada por el ICAM.

En la carta dirigida a los portavoces parlamentarios, el decano subraya que “los fondos destinados al cumplimiento de resoluciones judiciales permanecen retenidos o paralizados en las cuentas de consignación judicial sin causa justificada. Esta situación no solo vulnera los derechos de los afectados, sino que además erosiona la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia”.

En este contexto, Ribón defiende la necesidad de avanzar hacia una regulación específica que refuerce las garantías en la fase de ejecución y devuelva al ciudadano el control efectivo sobre los derechos que le han sido reconocidos judicialmente.

Eugenio Ribón ha presentado una propuesta a los distintos grupos políticos para resolver el problema de las cuentas de consignaciones.(Imagen: ICAM)

Intereses compensatorios

La proposición plantea una regulación específica para el funcionamiento de estas cuentas con el objetivo de garantizar que los fondos estén disponibles para su ejecución en un plazo razonable. Además, reclama el reconocimiento del derecho de los beneficiarios a percibir intereses compensatorios en caso de demora no imputable a ellos, sin necesidad de interponer un nuevo procedimiento judicial.

“No se puede permitir que los fondos destinados a cumplir con resoluciones firmes estén paralizados sin consecuencias ni compensación para sus legítimos beneficiarios”, indica la propuesta, recordando que este tipo de compensación ya existe en otros ámbitos, como el Tributario o el Mercantil.

A juicio del ICAM, la reforma debe contemplar un sistema de cálculo automático de estos intereses y una supervisión efectiva de la ejecución, especialmente cuando el obligado al pago es una administración pública o una entidad financiada con recursos públicos. En última instancia, concluye el decano, el objetivo es contribuir a “fortalecer las garantías del Estado de derecho y a proteger los derechos de quienes han acudido a la justicia en busca de reparación”.

Con ese propósito, el Colegio ha mostrado su disposición a colaborar en la tramitación parlamentaria de la iniciativa y a aportar el soporte técnico-jurídico necesario.

Vista de Plaza Castilla y sus juzgados, donde en su cuenta de consignación hay mucho dinero cautivo de los ciudadanos. (Imagen: Poder Judicial)

Los procuradores piden ejecutar las sentencias

Sobre esta problemática, la actual decana del Colegio de Procuradores de Madrid subraya que “una de las reclamaciones que nuestro colectivo ha hecho con el tema de la ejecución ha sido precisamente por eso. Es inaceptable que estén en dichas cantidades sin ejecutar dinero que en potencia corresponde a las partes de un procedimiento, cantidades que dejan de salir de esas cuentas de consignaciones”.

Para esta jurista, esta “es la realidad. Hay mucho dinero pendiente de ser entregado a las partes que correspondan, mucho dinero pendiente de ser ejecutado, por tanto, repercute en la agilidad que se le pide a nuestra Administración de Justicia. No se puede permitir que una persona que entra en un procedimiento con el tiempo y dinero que eso genera y el esfuerzo personal que genera ésta en ese procedimiento, luego resulte que no puede percibir las cantidades que están consignadas”.

En su opinión “estas dilaciones en el pago de las cantidades son inaceptables. Hay cantidades que están pendientes de ser entregadas y otras de ser ejecutadas. Hay que buscar posibles soluciones a esta cuestión que afecta a muchos ciudadanos en su vida diaria. Este tema se arrastra de hace mucho tiempo y urge encontrar una solución. No se puede permitir este tipo de circunstancias si queremos contar con una Administración de Justicia que realmente sea lo que necesitan los ciudadanos en su trato con ella”.

Para Giménez “hay mucho dinero de ciudadanos en estas cuentas de consignaciones, por lo que es necesario una nueva regulación para que todo este dinero cautivo finalmente, y de la forma más rápida posible, llegue al bolsillo de cada ciudadano inmerso en un determinado procedimiento judicial. Una solución del tema pasaría porque los procuradores nos convirtiésemos en una especie de agente de ejecución, como existe en muchos países de nuestro entorno. Si hacemos esta tarea, nuestro colectivo lo hará con más rapidez”.

Desde su punto de vista “el retraso en el pago a los ciudadanos de las cuentas de consignaciones debería generar intereses que cobrase el perjudicado. Ahora mismo eso no sucede y no sabemos a dónde va. Lo que está claro es que no van al bolsillo del ciudadano, quien padece en muchas ocasiones que la demora en una cantidad supone meses en el mejor de los casos. Los problemas de la Administración de Justicia crecen y lo peor es que no se ve una solución a corto plazo para todos estos frentes que preocupan a abogados, procuradores y ciudadanos”.