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Legislación

Justicia buscará un “gran consenso” para la nueva LECrim



La comisión de expertos encargada de la elaboración del anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) entregaba en la jornada del miércoles al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, su propuesta de regulación integral.

El texto responde a la demanda histórica de superación del modelo del siglo XIX a través de la creación de las figuras del fiscal investigador y el juez de garantías, en consonancia con la regulación de los países de nuestro entorno.

Esta propuesta es fruto del importante esfuerzo colectivo realizado de anteriores gobiernos de distinto signo político como el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011 y la Propuesta de Código Procesal Penal de 2013, junto con las reformas operadas en la actual LECrim por la Ley Orgánica 13/2015 en materia tecnológica y la Ley 41/2015 en relación con las garantías procesales.





Actualidad, agilidad y eficiencia

Con este anteproyecto se proporciona a la sociedad española una Justicia penal actual, ágil y eficiente, así como, a la vanguardia en cuestiones como la utilización del ADN, la prueba científica, el tratamiento automatizado de datos y las búsquedas inteligentes, las investigaciones encubiertas en entornos digitales o la denuncia telemática.





Asimismo, fruto de la conocida colaboración con la Real Academia Española y como consecuencia de la apuesta personal del ministro de Justicia de conseguir un lenguaje jurídico que sea comprensible a todos los ciudadanos, se ha priorizado la claridad y sencillez, con el fin de hacer una norma jurídica interpretable por todos.

El cambio de modelo responde también a la necesidad de dar cumplimiento a las obligaciones internacionales contraídas por España y armonizar el ordenamiento español con el Derecho europeo. Además, la implantación del nuevo paradigma procesal penal permite un mejor encaje de la figura, de reciente creación, de la Fiscalía Europea.

 “Gran consenso” y “estrecho diálogo”

Satisfecho por el trabajo realizado por la Comisión, el ministro se ha comprometido a tramitar la propuesta como anteproyecto en el menor tiempo posible, un mes aproximadamente.

En este sentido, Campo Moreno ha manifestado su voluntad de convertir el futuro anteproyecto “en un verdadero marco de debate donde el ministerio de Justicia se mostrará tan permeable como interesado en integrar la visión de todos los colectivos que tengan interés en participar del necesario proceso de transformación de nuestra justicia penal”.

“Nuestra intención es que sus propuestas se vean reflejadas en el texto que se presente finalmente a las cámaras”, apostilla, insistiendo en que “dada la envergadura e importancia del proyecto, es fundamental concitar un gran consenso, algo que solo será posible desde la participación de todos”.

Por último, y al igual que hiciese en la primera reunión presencial de la Comisión a inicios de junio, informa el Ministerio de Justicia que, una vez aprobado el anteproyecto en primera vuelta en Consejo de ministros, desde el propio Ministerio se abrirá un estrecho diálogo con el conjunto de la comunidad jurídica y otros sectores implicados, con objeto de convertir la tramitación de la norma en un proceso de construcción colectiva.

Anteproyecto en tiempo récord

El Ministerio de Justicia aprobaba el 8 de mayo la orden de constitución de la Comisión de expertos. Justo 4 meses después y a pesar de las circunstancias excepcionales transcurridas en este breve transcurso de tiempo (pandemia y periodo vacacional), aquella ha entregado su propuesta de anteproyecto en tiempo récord.

Recordamos que, cinco de sus miembros ya participaron en 2011 en la elaboración de la propuesta de reforma del anterior Gobierno socialista. En concreto, la composición de la comisión ha sido la siguiente:

Juan José López Ortega (presidente de la comisión). Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid. Miembro del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas. Dirigió el Grupo de Trabajo encargado de la elaboración del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011.

Ignacio Rodríguez Fernández. Fiscal. Letrado del Tribunal Constitucional de España. Miembro del Grupo de Trabajo encargado de la elaboración del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011.

Pedro Crespo Barquero. Fiscal del Tribunal Supremo. Miembro del Grupo de Trabajo encargado de la elaboración del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011.

Pilar Rasillo López. Magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid, especialista en el orden jurisdiccional penal. Letrada del Consejo General del Poder Judicial (2012-2014).

José Antonio Colmenero. Profesor titular de Derecho Procesal en la Universidad Pablo de Olavide. Jefe de Gabinete del Ministro de Justicia (2011).

José Luis Ramírez Ortiz. Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona.

Lorena Álvarez Taboada. Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Miembro del Grupo de Trabajo encargado de la elaboración del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011.

Concepción López-Yuste Padial. Fiscal de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado. Directora General para el Servicio Público de Justicia.

Sofía Puente Santiago. Fiscal delegada de violencia de género. Directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

Amaya Arnáiz Serrano (secretaria de la comisión). Profesora Titular de Derecho Procesal en la Universidad Carlos III de Madrid. Directora de Gabinete del Ministro de Justicia de España. Miembro del Grupo de Trabajo encargado de la elaboración del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011.