La RAE y Justicia colaboran para modernizar el lenguaje jurídico

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se reunía en la jornada de ayer con el director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, para iniciar una línea de colaboración con la institución, dirigida a avanzar en mecanismos que permitan materializar el derecho a comprender.

El ministro, días antes de la declaración del estado de alarma, ya anunció su apuesta por potenciar la colaboración con la RAE para establecer equipos conjuntos que permitan ir elaborando textos y plantillas para el sector Justicia, y su apuesta por reanudar durante su mandato los trabajos de la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico, un órgano que impulsó en su etapa como secretario de Estado en 2011 y cuyas conclusiones apenas tuvieron desarrollo tras el cambio de Gobierno.

Ayer, en la sede de la Real Academia, y respetando las recomendaciones sanitarias, Juan Carlos Campo y Santiago Muñoz Machado, materializaban el punto de partida del objetivo fijado por el Departamento del primero, para la consecución de un lenguaje jurídico que sea comprensible y “que permita un diálogo fluido entre la ciudadanía y la Administración de Justicia”.

Tal es así, y como indica la Nota de prensa emitida por el Ministerio de Justicia, “las recomendaciones dirigidas tanto a instituciones como a profesionales del sector y a medios de comunicación que, en su día, realizaron los expertos de la Comisión, son hoy el punto de partida para el trabajo de campo que el Ministerio pretende desarrollar de ahora en adelante”.

El futuro de la modernización del lenguaje jurídico pasa, según entiende el Ministro de Justicia, “por ir marcando directrices claras fundamentalmente en el ámbito legislativo a la hora de elaborar las normas, pero también en vectores como la formación universitaria o las escuelas de prácticas, entre otros”.

Informe de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico de 2011

El Consejo de Ministros constituyó una Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico mediante acuerdo de 30 de diciembre de 2009. Presidida por el Secretario de Estado de Justicia y con el Director de la Real Academia de la Lengua Española como vicepresidente, la Comisión estaba integrada por ocho vocales provenientes de diversas disciplinas, profesiones e instituciones, elegidos por razón de su dilatada experiencia y sus conocimientos en los ámbitos jurídico y lingüístico.

Tal Informe contenía recomendaciones sobre corrección lingüística y ofrecía una guía de ejemplos para mejorar la redacción de los escritos jurídicos. “El lenguaje que emplean estos, sin embargo, suele ser considerado por la ciudadanía particularmente difícil de comprender, oscuro e incluso críptico. El empleo de formas lingüísticas arcaicas, ancladas en otras épocas, o el uso de locuciones latinas sin adjuntar traducción, refuerza sin duda esta asentada percepción social”.

Con la intención de mejorar la claridad, “los profesionales del derecho han de explicar o “traducir” estos particularismos lingüísticos que continúan replicándose en formularios, plantillas, resoluciones judiciales, contratos y otros documentos jurídicos y sustituirlos, en el caso de que sea posible, por términos del lenguaje común”.

Las recomendaciones propuestas por la Comisión van más allá de la pura ortografía y pretenden crear un marco institucional para devolver la relevancia que el uso del lenguaje nunca debió de perder. En concreto, tal Informe se estructuraba en dos tipos principales de recomendaciones: por un lado, a los profesionales, unas recomendaciones básicas sobre la base de los errores gramaticales y de sintaxis más comunes; y por otro, a las instituciones, a las cuales les corresponde impulsar medidas que permitan acercar el lenguaje jurídico al ciudadano y poner al alcance de nuestros profesionales del derecho medios suficientes para la búsqueda de la excelencia en su expresión lingüística.