La Fiscalía pide no admitir las querellas contra el Gobierno por su gestión de la pandemia

• Luis Navajas, teniente fiscal del Supremo, ha emitido un informe sobre cada una de las querellas interpuestas contra el Gobierno presidido por Pedro Sánchez
• Según manifiesta Navajas Ramos en el informe, no es lógico que los miembros del Gobierno fueran negligentes ya que, de existir tal delito, sería atribuible siempre a terceros

Las veinte querellas analizadas por la Fiscalía versaban sobre las decisiones de los miembros del Gobierno y la posterior transmisión del Coronavirus, por falta de material sanitario, tardanza en la adopción de medidas o la permisividad de las autoridades a celebrar la manifestación del 8-M. Por lo anterior, entre los delitos que se solicita imputar al Gobierno en dichas querellas se encuentran los de homicidio imprudente, prevaricación, omisión del deber de socorro, imprudencia grave o delito contra la seguridad de los trabajadores.

El informe de la Fiscalía, lejos de mantener cierta pose estética de neutralidad, se manifiesta políticamente: señala a las autonomías, quienes tenían competencias exclusivas en materia de Sanidad, deberían asumir la responsabilidad que se dirige contra el Gobierno.

Sobre la adquisición de test y mascarillas defectuosos

Sobre el defectuoso material que el Ministerio de Sanidad adquirió en el mes de marzo y abril, el fiscal arguye que, en todo caso, el delito lo habría cometido la sociedad mercantil a la que se le adjudicó la compra de test que resultaron ser defectuosos. El razonamiento de la Fiscalía es análogo al de las mascarillas en mal estado.

Sobre la falta de EPIs

Ante la falta de material médico capaz de generar cierta seguridad en el personal sanitario, Navajas apunta directamente a los sanitarios que elaboraron los protocolos en una fase embrionaria de la pandemia, ya que «serían responsables aquellos que colaboraron en su elaboración». «Resultaría desmesurado auspiciar una responsabilidad penal en alguno de los Ministros aludidos, como consecuencia de la aplicación de criterios realizados por profesionales expertos en la materia», apunta.

Sobre la falta de transparencia y tino en el conteo de fallecidos

Justifica la actuación del Ejecutivo, ya que «parece necesario recordar que el aumento de las cifras oficiales de contagios, así como de muertes -a las que el querellante tan siquiera se refiere expresamente-, han obedecido al empleo de distintos métodos de detección de la Covid-19, cada vez más precisos. No existiendo dato o elemento alguno que permita afirmar, ni tan siquiera indiciariamente, que el Gobierno de España ocultara o falseara deliberadamente los datos de que disponía al objeto de anteponer sus concretos intereses políticos o ideológicos a la salud pública de todos los ciudadanos de España», señala.

Sobre las manifestaciones del 8-M

De todo los argumentos de Navajas, estamos, sin duda, ante el más peregrino: «Cabe sumar la paradójica circunstancia de que los querellados acudieran, junto a sus familias, a tales manifestaciones, dato éste que resulta ciertamente relevante en orden a valorar el ánimo que pudo guiar su actuación». Por lo tanto, exime la responsabilidad del Gobierno en el hecho de que ellos también acudieron a las manifestaciones. ¿Precisamente no será eso lo que habla de negligencia?

Sobre la tardanza en la adopción del estado de alarma

La Fiscalía indicaque «el querellante se limita a insinuar que los miembros del Gobierno debieran haber aprobado el estado de alarma con anterioridad al 14 de marzo de 2020; sin embargo, no precisa en momento alguno en qué fecha debiera haberse decretado, ni tampoco qué norma o precepto jurídico fueron vulnerados por los querellados». Es decir, lo que le exime del delito es que en la querella no se indica la alternativa a la fecha en que se debía haber decretado el estado de alarma.

«Los querellantes se limitan a manifestar su discrepancia con la actuación política desarrollada por los querellados, no aportando elemento objetivo alguno que permita conectar las situaciones de riesgo para los trabajadores y las muertes que se atribuyen a causa de la crisis sanitaria desatada por la enfermedad COVID-19 con la actuación desarrollada por los querellados y, mucho menos, con la infracción de los deberes inherentes a su cargo”, afirma.

Los querellantes

Entre los querellantes se encuentra VOX, la Asociación de Abogados Cristianos, hazte Oír, la Asociación Profesional de la Guardia Civil (JUCIL), el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF). En total, se han sumado a las querellas unas 3300 personas.