Las empresas pequeñas también están obligadas a tener una política interna de desconexión digital
La ley de protección de datos exige a todas las compañías, sin importar su tamaño, garantizar el derecho de los trabajadores a no atender comunicaciones laborales fuera de su jornada
(Imagen: E&J)
Las empresas pequeñas también están obligadas a tener una política interna de desconexión digital
La ley de protección de datos exige a todas las compañías, sin importar su tamaño, garantizar el derecho de los trabajadores a no atender comunicaciones laborales fuera de su jornada
(Imagen: E&J)
Muchos pequeños empresarios desconocen que la normativa vigente en materia laboral y de protección de datos les obliga a regular de forma expresa el derecho a la desconexión digital de sus trabajadores. Sin embargo, la legislación es clara al respecto.
El artículo 88.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), reconoce a todas las personas trabajadoras el derecho a no sufrir interrupciones laborales fuera de su tiempo de trabajo, incluidos los periodos de descanso, permisos y vacaciones.
Asimismo, el apartado segundo de este artículo establece que las modalidades de ejercicio de este derecho deben concretarse mediante la negociación colectiva o, en su defecto, mediante acuerdos entre la empresa y la representación legal de los trabajadores, teniendo en cuenta la naturaleza y características de cada relación laboral.
Especial relevancia tiene el apartado tercero del artículo 88, que impone a todas las empresas, con independencia de su tamaño, la obligación de elaborar una política interna de desconexión digital. Esta política debe aplicarse a todo el personal, incluidos los puestos directivos, y definir de manera clara cómo se ejerce este derecho.
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Además, la normativa exige que dicha política incorpore medidas de formación y sensibilización dirigidas a fomentar un uso razonable de las herramientas tecnológicas, con el objetivo de prevenir la fatiga informática y proteger la salud y el bienestar de las personas trabajadoras.
