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Los bancos en Cataluña están obligados a ceder la administración de sus viviendas vacías

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Una de las leyes más ambiciosa que ha existido nunca en Catalunya para luchar contra la pobreza energética y la emergencia habitacional vuelve a estar plenamente vigente. La razón es que el Tribunal Constitucional (TC) ha archivado definitivamente el recurso contra la normativa que presentó el Gobierno español durante la presidencia de Mariano Rajoy. La sentencia, que se produjo el 31 de enero pero trascendió el lunes, llega tras la decisión del Gobierno de Sánchez de retirar el recurso de su antecesor. ¿Y qué supone el cambio? Básicamente que dos artículos claves de la ley pasan a tener validez. Son el número 5, que prohíbe a los grandes tenedores de vivienda desahuciar a las familias en situación vulnerable que no pueden pagar la hipoteca o el alquiler; y el número 7, que obliga a los bancos a ceder durante tres años sus pisos vacíos a los ayuntamientos para aumentar la bolsa de vivienda social.

Las entidades promotoras de la ley han celebrado el anuncio: “Recuperamos así herramientas tan imprescindibles y demostradamente efectivas como la obligación de hacer una oferta de alquiler social por parte de grandes tenedores“, dicen en un comunicado. Recuerdan que las mesas de emergencia que gestionan los casos más vulnerables precisan “con urgencia” estas medidas para ofrecer una vivienda a todas aquellas personas que se encuentran “en situación de exclusión residencial“.

Con la legislación en la mano, las entidades piden ahora que se paren todos los desahucios que afecten a aquellas personas sin alternativas habitacionales. Así mismo, solicitan a la Generalitat que se activen de inmediato los mecanismos necesarios para que los grandes propietarios cedan las viviendas vacías: “La falta de vivienda ya no puede ser una excusa“, dicen.

También interpelan a los ayuntamientos y les piden que inicien los contactos necesarios con el poder judicial para identificar los pisos vacíos, así como para aplicar las sanciones a aquellas entidades que no cumplan con la ley por cortes en los suministros básicos a familias vulnerables o no ofrecer alquiler social en peligro de desahucio. La ley estuvo vigente durante nueve meses antes del recurso: “Nos costó que se aplicara realmente. Hicieron falta muchas formaciones y charlas. Se debe supervisar el cumplimiento de la ley y se deben poner recursos públicos“.

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