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Noticias Jurídicas

Manuel Marchena renuncia al Constitucional

El presidente de la Sala de la Penal del Tribunal Supremo generaba un amplio consenso

Manuel Marchena (Foto: LV)

Tiempo de lectura: 3 min



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Manuel Marchena renuncia al Constitucional

El presidente de la Sala de la Penal del Tribunal Supremo generaba un amplio consenso

Manuel Marchena (Foto: LV)



El magistrado Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, ha renunciado a ser uno de los candidatos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para el Tribunal Constitucional, según ha adelantado El País. El CGPJ tiene que presentar dos candidatos para que ocupen dos de los cuatro puestos vacantes en el Tribunal de Garantías.

La decisión del magistrado complica la búsqueda de candidatos que generen consenso entre los vocales del CGPJ. Precisamente Marchena, al que se alinea con el sector conservador de la judicatura, es un magistrado de prestigio que generaba consenso entre sus colegas.



Los vocales del Consejo General del Poder Judicial están en funciones desde diciembre de 2018 ante la imposibilidad de que el PSOE y el PP se pongan de acuerdo para renovar los cargos. La situación de interinidad del CGPJ y los cambios legales introducidos por el Gobierno están provocando que la elección de los magistrados del Constitucional se esté complicando.

El pasado 12 de junio, el Tribunal Constitucional perdió por final de mandato a cuatro magistrados, justo el tercio que corresponde renovar de forma conjunta al CGPJ y al Gobierno los cuales, según define la Constitución, tienen que elegir a dos miembros cada uno.

Sede del Tribunal Constitucional. (Foto: TC)

El Ejecutivo impulsó esta primavera una reforma de la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, con el objeto de modificar la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, para posibilitar que el CGPJ pueda proponer el nombramiento de dos magistrados del Tribunal Constitucional sin, al mismo tiempo, recuperar el resto de las competencias relativas al nombramiento de cargos judiciales que fueron limitadas por esa misma ley y, entre ellas, las de nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo.

El año pasado, el Gobierno sacó adelante una reforma a través de la cual evitaba que un CGPJ en funciones pudiera elegir magistrados para determinados puestos, entre los que estaba el Constitucional. Con el nuevo cambio, se asegura que el órgano de gobierno de los jueces puede elegir a los dos magistrados del Tribunal de Garantías que le corresponden y, además, que no va a tener problemas para proponer a los dos candidatos que, según la Constitución, tiene que seleccionar.

Con esta jugada, el Ejecutivo puede propiciar una mayoría progresista en el Tribunal de Garantías que pudiera ser receptiva ante asuntos como la congelación de la entrada en prisión del expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, condenado por el Tribunal Supremo a una pena de seis años de cárcel por malversación y prevaricación, ante una hipotética petición de indulto.

La negativa de Marchena a ir al Constitucional es un problema para el CGPJ, que no parece tener fácil encontrar candidatos que a priori puedan generar consenso, pero también para el Gobierno, que quiere tener este frente cerrado cuanto antes. Sea como fuere, la última reforma de la Ley impulsada por el Ejecutivo establece que el CGPJ tiene tres meses desde la salida de los magistrados del Constitucional para proponer a sus sustitutos y esa fecha cumple el 13 de septiembre.

De momento, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, ha convocado un pleno para el próximo 8 de septiembre, cinco días antes de que concluya el plazo de tres meses que introduce esa reforma legal. Pero una cosa es que se convoque la reunión y otra que de ese pleno salgan ya los dos nombres de los jueces del TC avalados por el CGPJ, para lo que hace falta un quórum de 3/5.

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