¿Prevención de la propagación de discursos de odio o censura en las redes sociales?

El Congreso de los Diputados, con el voto en contra del Partido Popular y VOX, ha aprobado este lunes una iniciativa de Unidas Podemos por la que se insta al Gobierno a adoptar medidas para que las empresas tecnológicas prevengan la propagación de mensajes de odio en las redes sociales, facilitando la vigilancia y la eliminación de forma inmediata.

Linchamientos digitales

En la exposición de motivos del texto ya se alerta de la proliferación de los denominadores discursos de odio a raíz de la situación sanitaria actual: “El contexto de la COVID-19 ha generado una creciente polarización en la opinión pública, organizada por diferentes grupos de opinión que, a través de las redes sociales, portales digitales u otras plataformas virtuales, señalan a determinados individuos o a grupos específicos como los causantes y responsables de la tragedia colectiva que estamos padeciendo”.

“El dolor colectivo de todo un país se ha estado instrumentalizando con fines ideológicos, poniendo en riesgo la seguridad física y la integridad moral de quienes han sido objetivo de este tipo de linchamiento digital”.

Según el diputado de Unidas Podemos, Ismael Cortés, esta nueva iniciativa sigue los modelos de Alemania y Francia, donde ya disponen de normas que vigilan y eliminan los discursos de odio que circulan en el espacio digital.

El papel de las empresas tecnológicas

Se insta al Gobierno a garantizar que los usuarios de las compañías tecnológicas dispongan de la información precisa sobre cómo denunciar los contenidos que inciten al odio. Asimismo, plantean que se simplifiquen los mecanismos para denunciar este tipo de mensajes, que se minimice el tiempo de procesamiento de los contenidos, que los operadores de las empresas TIC dispongan de 24 horas para eliminarlos del espacio digital y que en el caso de que la víctima sea menor, tal periodo se limite a 1 hora.

Por último, el texto aboga por “aumentar la cooperación entre los operadores de las empresas TIC con las autoridades fiscales y policiales competentes. Los operadores tendrán la obligación de almacenar temporalmente el contenido de incitación al odio denunciado y de ponerlo a disposición de la autoridad judicial con el fin de investigar, identificar y enjuiciar infracciones penales”.

Prevención vs censura

Esta Proposición de Ley sobre la prevención de la propagación de discursos de odio en el espacio digital, ha sido respaldada tanto por el Partido Socialista como por Esquerra Republicana. En el lado opuesto, se han agrupado el Partido Popular, VOX y Ciudadanos.

El diputado socialista José Antonio Rodríguez se ha mostrado a favor de la iniciativa y ha insistido en que “el discurso del odio viaja a velocidades increíbles en la red. Cualquier tiempo de decisión que nos tomemos para atajarlo perjudica a las víctimas y ralentiza las denuncias. Hay que atajarlo de forma contundente y rápido, sobre todo si se trata de víctimas menores”.

En la misma línea, en opinión de María Carvalho, de ERC, “se tiene que poder denunciar y las empresas han de actuar con rapidez cuando hay incitación al odio. Se producen mensajes, titulares sesgados e hirientes con la intención de influir al precio que sea en la opinión pública, para señalar a personas por su género o raza, o para publicar cosas de la vida privada de las personas con la intención de provocar escraches”.

“Quieren implantar una Inquisición laica contra todo aquello que rompe sus esquemas ideológicos”, declaraba el diputado de VOX Manuel Mariscal.

Desde el Partido Popular, el diputado Eloy Suárez tachaba de “disparate” que los adalides de “lo público” pretendan que las empresas tecnológicas privadas, y no los jueces, decidan sobre lo que está bien o mal en las redes sociales y que además sea Unidas Podemos, el partido que “ha señalado domicilios de jueces y diputados para escraches”, los que impulsen esta iniciativa. “Ustedes pueden criticarlo todo, pero a ustedes no se les puede decir la mínima palabra”, opinaba el diputado.

Por último, el diputado de Ciudadanos, Pablo Cambronero, exponía la necesidad de prohibir todos los discursos de odio, no sólo uno. En concreto, se preguntaba el mismo si entre ese listado de discursos de odio se incluían las aseveraciones de los ministros de Unidas Podemos contra el Rey.