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Noticias Jurídicas

Prisión de dos años de cárcel y una multa de 89.000 euros por cobrar la pensión de una persona fallecida durante varios años

AUTOR
Redacción editorial
Tiempo de lectura: 2 min

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El condenado procedente de Vigo, ha sido juzgado por la Audiencia de Pontevedra, en la sala de la sección quinta por un delito contra la Seguridad Social, a 2 años de prisión y al pago de una multa de 89.000 euros. Este vecino de Vigo pudo cobrar la pensión de un hombre fallecido durante 6 años, ya que disponía autorización de su cuenta bancaria.

En la Sentencia se le obliga también a devolver casi 30.000 euros a la Seguridad Social, y a la entidad bancaria afectada Abanca casi 60.000 euros. Esta sentencia es firme debido a que se había alcanzado un acuerdo entre las partes cuyo pago se ha establecido de manera aplazada, a razón de 300 euros mensuales. Es por ello que, al haberse alcanzado un acuerdo la pena de prisión se suspende por el plazo de 5 años, no obstante, el acusado no deberá delinquir, así como que, deberá atender a su obligación de ir devolviendo el dinero que le corresponde a la entidad bancaria perjudicada.

En caso de no cumplir estas condiciones, o sin justa causa lo comete, se procederá a anular su suspensión y tendrá que ir a la cárcel.

En el escrito de acusación pública, el delincuente sí figuraba como persona autorizada para poder retirar cualquier cantidad de dinero de la cuenta del pensionista. A pesar de que el hombre falleció en 2010, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) siguió efectuando el pago hasta que se procedió a verificar el fallecimiento a fecha de 2016.

El acusado, era consciente de la situación, pero no procedió a informar a la Seguridad Social del fallecimiento del pensionista, y dejó que se ingresasen en la cuenta la pensión durante esos 6 años hasta llegar a la cantidad casi de 88.090,55 euros.

Por su parte, la entidad financiera tuvo que devolver a la INSS 58.397,94 euros, que corresponden a los cuatro años anteriores al conocimiento de la muerte del titular. Por lo que, a su vez, esta cantidad es también reclamada al acusado por parte de esta entidad bancaria. Además, de que el organismo estatal también reclama los 29.692,61 euros restantes.



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