Sin acuerdo para la prórroga de los ERTE

Tras la primera reunión sin éxito del pasado lunes entre Gobierno, CCOO, UGT, CEOE y Cepyme para discutir la extensión de los ERTE asociados a la crisis sanitaria, en la jornada del miércoles, los mismos protagonistas se volvieron a sentar para negociar la prórroga de los mismos más allá del 30 de junio, pero nuevamente, la reunión finalizó sin acuerdo y sin fecha para un próximo encuentro.

A pesar de ello, en el día de ayer, el Ministerio de Trabajo volvió a convocar a los interlocutores sociales, para presentarles una nueva propuesta con “flexibilidad negociadora” basado en un sistema de doble bonificación a las empresas con exenciones de las cotizaciones sociales. Por su parte, sindicatos y patronal ya presentaron al Ejecutivo una propuesta conjunta, basada en la prórroga de los ERTE hasta el 30 de septiembre, en los mismos términos que en la actualidad. En cambio, el Departamento que dirige Yolanda Díaz, se niega a mantener la figura del ERTE de fuerza mayor y, con ello, a seguir exonerando a las empresas de la totalidad de las cotizaciones.

La raíz del “problema” la situamos en el Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo. En aquel momento, y según la evolución de la crisis sanitaria derivada del COVID-19, precipitó la adopción de un conjunto de medidas de todo orden, y entre ellas, con especial calado e intensidad, medidas de carácter laboral. Las medidas recogidas en aquella norma, fueron “producto del diálogo social y el acuerdo alcanzado entre los agentes sociales y el Gobierno”, los cuales “tras tres semanas de intensas negociaciones”, se pretendía dar una respuesta adecuada para que las empresas adoptasen los “ajustes dinámicos” necesarios que les permitieran transitar hasta un escenario de «nueva normalidad», salvaguardándose el empleo y protegiendo especialmente a las personas trabajadoras.

Los ERTE por fuerza mayor derivados del COVID-19 (regulados en origen en el art. 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo) con la llegada del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, fijaban su aplicación límite temporal “en ningún caso más allá del 30 de junio de 2020”. Acercándonos a la citada fecha, el Ministerio de Trabajo considera que en la “nueva normalidad”, y sin estar vigente el estado de alarma, ya no tendría sentido mantener el ERTE de fuerza mayor total, pero sí el parcial.

El tiempo de negociación se agota, y los representantes empresariales y sindicales defienden que el próximo escenario que se presenta “requiere igualmente de medidas laborales y de seguridad social que permitan transitar a empresas y personas trabajadoras con garantías de certeza y seguridad jurídica”. En la misma línea, afirman que todos los aspectos relacionados con la recuperación del empleo “deberán ser objeto de negociación en una mesa específica de diálogo social para la reconstrucción económica” de España.

Obligados a entenderse y a encontrar ese punto de encuentro, el diálogo social se posiciona como una herramienta indispensable para desbloquear tal circunstancia. La negociación continua, y la cláusula “en ningún caso más allá del 30 de junio” impone a acercar posturas.