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La firma

Sobre Pablo Iglesias y su ataque a la prensa: una cruzada contra la realidad en la era de la postverdad



  • El caso Dina ha acorralado desde el punto de vista judicial al vicepresidente segundo. Su estrategia pasa ahora por enfrentar a la opinión pública a los periodistas que no le son afines

Para el político profesional retorcer la realidad es un juego asumible, pues normalmente cree que está en un plano de superioridad intelectual en el que introducir falacias y argucias retóricas es harto efectivo de cara a inocular su particular y vergonzoso relato. Lo cierto es que, casi siempre, acaban logrando parte de ese efecto. Al menos para el ciudadano -potencial votante- que muestra alguna afinidad con la ideología que dice representar.

En este caso, Iglesias no busca convencer al opositor, sino blindar su imagen ante su elector emitiendo una campaña de desprestigio ante ciertos periodistas no afines, algo que para él tiene un doble efecto; por un lado, intentar construir una mentalidad impermeable ante cualquier crítica vertida hacia él para, finalmente, crear una cierta nebulosa que impida localizar lo que es un clamor: los autos del juez Manuel García Castellón indican que Pablo Iglesias ha mentido y que podría haber incurrido en un delito de daño informático, tipificado en el artículo 264 del Código Penal.

La retórica basta si algo no está judicializado





Para Iglesias, hábil estratega desde el punto de vista discursivo, cualquier punto de la realidad puede retorcerse; el fin justifica los medios. Su palabra basta para invertir una corriente de opinión adversa, pero ¿qué ocurre cuando un documento judicial demuestra fehacientemente que miente y ha podido cometer un delito? Entonces ha de asistirse de algo más expeditivo: desprestigiar a la Justicia o a los medios que dan fe de sus trapacerías.





El pasado 23 de abril, el CGPJ tuvo que emitir un comunicado respondiendo a las declaraciones de Iglesias tras la sentencia a su compañera de filas Clara Serra, cuando dijo: “Me invade una enorme sensación de injusticia. En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso”. Lo cierto es que a Clara Serra no la condenaron por protestar en un desahucio, sino por incurrir en delitos de atentado a la autoridad y lesiones, tipificados en los artículos 550 y 147.2 del Código Penal. Pero no importa, la realidad de los hechos forma parte de un plano que puede ser ocultado para el ciudadano, empleando artes de mercachifle.

Ayer mismo conocíamos que el Tribunal Supremo ha falllado a favor de Iglesias, condenando a Herman Tertsch por un delito contra su honor, al verter una información no veraz sobre su abuelo. Los mismos tribunales a los que ataca son los que le protegen. ¿Iniciará otra campaña de desprestigio contra la Justicia ahora?

La estrategia de Iglesias parece ser siempre la misma: asistirse de la palabra y del retorcimiento de la realidad siempre y cuando los hechos no formen parte de un procedimiento judicial. Si judicialmente se compromete, en ese caso, erosionará la imagen de quien demuestre sus mentiras, estos son, la propia Justicia constatando un hecho vía sentencia, o los medios de comunicación que publican lo emitido en sede judicial.

El derecho a la información

Nuestra Constitución, en su artículo 20, viene a reconocer la libertad de información; esencial para cualquier régimen que sea -o aspire a ser- democrático. En concreto, reza lo siguiente:

“Se reconocen y protegen los derechos:

A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

  1. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
  2. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.
  3. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.”

El primer relato -demostrado falso- que mantuvo Iglesias y su partido Podemos en la campaña electoral de las elecciones de abril de 2019 fue la de que “a los poderosos no les interesa que el partido del pueblo gobierne y por eso han desplegado un arsenal mediático contra nosotros, que somos unos pobres peones al servicio del necesitado”. Para ello, se benefició de lo que en su momento pudo parecer una casualidad ventajosa para él, y que ha resultado ser un juego truculento y despiadado: Iglesias guardó la memoria del teléfono de Dina durante meses sin devolvérsela a su poseedora, además de quemar su contenido; puede que su condición de “perjudicado” en el procedimiento se debiera a las relaciones íntimas mantenidas por el fiscal anticorrupción Stampa y la propia abogada de Podemos Marta Flor.

Ahora que la Justicia tritura -constatando hechos- el primer relato, insiste ahora con uno aún menos verosímil: “la prensa ultraderechista nos ataca y ya es hora de que se normalice la crítica contra todas las instituciones del Estado, incluido el cuarto poder”.

El poder mediático no es una institución del Estado

Los medios de comunicación privados son financiados por sus consumidores mediante actos voluntarios y libres de consumo. Su legitimidad y capacidad para ejercer presión dependen del apoyo que reciba del consumidor de información. De ahí su legitimidad. En ningún caso un medio de comunicación forma parte de la estructura institucional del Estado.

Por lo tanto, lo que intenta normalizar no es la crítica institucional, sino la persecución e instigación pública a las corrientes de opinión disidentes ante él como individuo y la plataforma política que representa: Podemos. A su vez, pretende desprestigiar todo aquello que se escape del control coercitivo del aparato público. Quiere, a fin de cuentas, erosionar nuestras libertades.

Entonces ¿contra qué se enfrenta Iglesias?

El juego maniqueo con la realidad atenta indirectamente -y no por ello exento de intencionalidad- contra nuestras libertades, pues los periodistas críticos pueden sentirse amenazados ante su dedo admonitorio, debilitando el derecho de información pública y reduciendo la capacidad del lector de informarse libremente.

De igual modo, las presiones ejercidas contra los tribunales pueden poner en jaque nuestra ya mermada independencia judicial, condicionando las decisiones de jueces y fiscales de cara a obtener réditos electorales.

Iglesias no se enfrenta al sistema mediático, tampoco a la Justicia. Pablo Iglesias se enfrenta a la realidad, a nuestras libertades y, de paso, a nuestra inteligencia.

Y únase a los autos de su razón.

Pablo Capel Dorado.

 

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