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La firma

Verano 2020: el más atípico para abogados y procuradores. Concentración jueves 30-07-2020 10:00 en Plaza de Castilla



Mediante Real Decreto-ley 16/2020, de medidas para la recuperación de la actividad judicial, el Gobierno declaró hábil el mes de agosto desde el día 11, como excepción a una larga tradición forense que, salvo para la jurisdicción penal y algunas otras materias, tenía establecida la inhabilidad del mes de agosto de forma secular, con la finalidad de que los profesionales del derecho pudieran tener, valga la redundancia, derecho al descanso vacacional.

La finalidad de ese Real Decreto – ley era, como su nombre indica, recuperar la actividad judicial, paralizada, dicen sus autores, a consecuencia de la pandemia sanitaria, y digo yo, que más bien a consecuencia de una ya endémica e histórica falta de medios y dotaciones presupuestarias. En la práctica, no serán muchas las vistas que se celebren en agosto, porque los jueces parece que van a seguir la sugerencia del CGPJ de no hacer señalamientos en ese período de tiempo, y porque además los Juzgados estarán al 30 % de su personal; sin embargo, los plazos procesales sí correrán o se reanudarán a partir del 11 de agosto, quedando interrumpidos tan solo entre el 1 y el 10 de agosto, y no entre el 1 y el 30 de agosto como era habitual. Esto significa que, por ejemplo, un plazo notificado en estos finales días de julio no se interrumpe hasta septiembre, sino que se reanuda a partir del día 11, lo que obligará a todos los profesionales de la abogacía y la procura a tener como compañero de viaje, y hasta “de cama”; a su entrañable ordenador portátil, como muy acertadamente ha señalado el titular del Juzgado de Primera Instancia Nº 14 de Madrid, que ha llegado a plantear cuestión de inconstitucionalidad por considerar que puede serlo (inconstitucional) obligar a los procuradores y abogados a una permanente conectividad al sistema de notificaciones conocido como “LEXnet“, incluso en períodos supuestamente vacacionales, y en concreto podría vulnerar su constitucional derecho a la salud y al descanso necesario, ya que, como es sabido, emitida por parte de un Juzgado una notificación por este sistema, el procurador dispone de solamente un día para consultar su buzón, o tres días en el caso de los abogados, transcurridos los cuales, el plazo comienza a computar incluso aunque el profesional no haya consultado su buzón.

Si todo este sacrificio valiera para algo, es decir, si beneficiara en algo a los ciudadanos, todavía podríamos pensar que el esfuerzo ha merecido la pena. La cuestión es que no solamente no les beneficia, sino que les perjudica: como ya se ha dicho, la plantilla de los Juzgados estará al 30%, y las citaciones de testigos  a juicios resultarán en la mayoría de los casos fallidas, puesto que dichos testigos  se encontrarán muy probablemente disfrutando de sus vacaciones fuera de su ciudad de residencia, lo que dará lugar a seguras suspensiones de señalamientos y juicios, lo cual, a su vez, incrementará la carga de trabajo de los Juzgados, que tendrán que volver a señalar para fechas posteriores; en los pocos casos en los que pueda celebrarse un acto judicial, el perjuicio al ciudadano, sea testigo o parte, es evidente: se habrá visto obligado a interrumpir su periodo vacacional, solamente por “ganar” unos escasos días, que en el larguísimo avatar de cualquier procedimiento es algo parecido a “regalarle” una gota de agua a un sediento caminante del desierto.





Los procedimientos vienen dilatándose extraordinariamente no a causa de los abogados y procuradores, únicos operadores jurídicos obligados a cumplir a rajatabla los plazos procesales legalmente previstos; no es esta precisamente la causa de la lamentable y crónica dilación indebida de casi todos los procedimientos judiciales, ni lo es tampoco el inquietante virus que nos azota; hay otras causas, ya señaladas una y mil veces, todas las cuales pueden resumirse, realmente, en una: ya para solucionar el caos de nuestro sistema judicial, aliviado solo por la buena voluntad de los operadores jurìdicos, jueces y fiscales, abogados y procuradores, abogados del Estado…ese es precisamente el motivo por el cual, pese a estar todos los partidos polìticos ahora, supuestamente, de acuerdo en que esto de declarar hábil agosto ha sido un disparate innecesario, sin embargo, no han hecho absolutamente nada para solucionarlo, pudiendo hacerlo, pues si por Real Decreto se instauró la habilidad de este mes de agosto, por Real Decreto perfectamente podría anularse dicha habilidad.





Aún estáis a tiempo, señores representantes polìticos, de minimizar los “daños colaterales” que ya habéis causado, aunque la iniciativa legislativa llegaría un poco tarde, porque muchos profesionales ya han tenido que anular sus sueños de verano al borde de algún cálido mar o de alguna lejana montaña,  larvados durante todo un año de duro trabajo al servicio de la ciudadanía.

Por ello, el acto de protesta convocado por un grupo de abogados y procuradores este jueves día 30, a las 10 de la mañana, en Plaza de Castilla, frente a la sede de los Juzgados de Madrid, tiene todo su sentido, aunque, probablemente, quede en un sordo clamor en la desierta voluntad de quienes dicen representarnos.

Abogados, durante una reciente concentración

Sobre el autor: Isidro Moreno de Miguel es Abogado, colegiado 59323 del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.