Víctimas de la talidomida recurren al Supremo el Real Decreto de las ayudas del Imserso

Desde Avite, asociación de víctimas de la talidomida de España, confirman a Economist & Jurist que, concluido el plazo de presentación de solicitudes a esas ayudas que ofrece el RD 574/2023, de 4 julio, para las personas afectadas por talidomida entre 1950 y 1985, el pasado 6 de octubre se habrían presentado el 99% del total de 130 afectados reconocidos por el Instituto Carlos III “descontando tres afectados que fallecieron”, apunta Rafael Bastarrechea, vicepresidente de esta asociación, y afectado.

Basterrechea señala que “estamos a la espera de que nos lleguen las confirmaciones positivas y negativas de dichas solicitudes. Ya hemos preparado el borrador del posible recurso administrativo para aquellos a los que se les deniegue la ayuda. Ahora esperamos que nos llegue esa documentación del Imserso para ver los argumentos en los que se amparan para no conceder las ayudas a todos los afectados que los hayan presentado que son más de esas 130 reconocidas”.

Unos días antes, Avite había celebrado su Asamblea General Extraordinaria, donde la mayor parte de los acuerdos que se suscribieron se aprobaron por unanimidad de los allí presentes, más de 300 asociados. “Hemos ido supervisando las solicitudes de la mayor parte de los asociados para evitar que les faltara la documentación, salvo casos concretos que no hemos podido tutelar, así como consensuado recurrir el RD de las ayudas en el Supremo para defender los intereses de los no reconocidos”.

El quid de la cuestión radica en cuándo se hará el pago de dichas ayudas, aún pendientes de modificar el IRPF, por lo que en el caso de que se abonaran antes de acabar este año, habría que deducir ese impuesto, sobre el 50% del total. “Preferimos que el pago sea en 2024 para así tener más tiempo para negociar este cambio fiscal. Ahora parece que tienen que ser revisados por el departamento auditor del Imserso para que sean abonadas”, aclara Ignacio Martínez, abogado de los afectados en todo este proceso.

En los últimos meses, la actividad de Avite se ha intensificado a nivel institucional para buscar apoyos políticos de cara a lograr la tan ansiada exención fiscal que tienen olos afectados de SIDA y otras enfermedades, y que supondría una reforma del artículo 7 del IRPF. “Las gestiones se han hecho con Junts, Bildu, ERC, más receptivas. Sin embargo, PNV, Coalición Canaria o BNG no nos han contestado, al igual que desconocemos la opinión de PP, PSOE y Sumar “, aclara Basterrechea.

Afectados por la talidomida, en una concentración en el Congreso de los Diputados. (Foto: E&J)

Por el momento Junts, el partido de Puigdemont, a través de la diputada Pilar Calvo, presentó diversas preguntas al Gobierno en funciones apoyando las reclamaciones de los afectados, ya que “no se ha previsto ninguna exención fiscal de las ayudas y, en consecuencia, buena parte de éstas volverá en forma de impuestos al Estado”.

En concreto, Junts quiere saber si el Ejecutivo en funciones tiene prevista alguna iniciativa para establecer la exención fiscal de las ayudas a los afectados de la talidomida a que se refiere el Real Decreto 574/2023, de 4 de julio, teniendo en cuenta que el pago de dichas ayudas es inminente y que los afectados van a tener que tributar por ellas en el próximo pago del IRPF.

Entre otras, también pregunta si el Gobierno ha recabado de la compañía propietaria de la patente y, en su caso, de aquellas que hubieran realizado la distribución del fármaco en España, la colaboración económica necesaria para la reparación de las víctimas, así como el reconocimiento del daño causado, todo lo cual exigía ya la Ley 6/2018 hace cinco años, y de lo que ha hecho caso omiso el Gobierno. “Por el momento no tenemos ningún apoyo fehaciente a esta reivindicación, que creemos lógica después de tantos años de lucha”, apunta.

Recurrido el Real Decreto de las ayudas

Al mismo tiempo, desde Avite se ha recurrido a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo el Real Decreto 574/2023 que regula estas ayudas a favor de las víctimas de la talidomida. Al parecer la demanda ha sido admitida a trámite y sigue su cauce, estando pendiente de publicarse en el BOE. “El recurso se basa en dos puntos principales, uno para que no se deduzcan las ayudas dadas en 2010 como viene indicado en el propio Real Decreto que ahora se impugna”, apunta Ignacio Martinez.

Avite considera esta cuestión un “sinsentido”, ya que como recuerda, la Ley 6/2018 habilitaba la compatibilidad de ayudas y el nuevo RD prevé restarlas.

En concreto, la ley de 2018 establecía que “estas ayudas serán compatibles con cualquier pensión pública a la que la persona tuviera derecho y complementarias con la percepción de otras ayudas o prestaciones de análoga naturaleza”. La nueva norma contradice esta afirmación al asegurar que ahora las ayudas se deberán restar de otras que puedan ser análogas a las que regula el Real Decreto de julio pasado.

La otra cuestión “tiene que ver con la petición que hacen a todos los afectados, que para ser reconocidos como tales tengamos que presentar un certificado que avale que estamos en el registro de enfermedades raras, lo que pensamos que es una ilegalidad. Hay muchos socios que no pueden estar inscritos porque tienen un informe negativo del Instituto de Salud Carlos III, entidad que hizo los reconocimientos oficiales”, comenta.

Desde su punto de vista, “esto hace que muchos de los que no son reconocidos como afectados que pueden ser sobre los 300, se queden en un desamparo legal claro y evidente. Pedimos en el recurso que los afectados de talidomida se puedan reconocer por otros títulos, fuera del reconocimiento del Instituto de Salud Carlos III. El mismo Estado que te da una jubilación por ser talidomídico en virtud del RD 1851/2009, no te da la ayuda porque dice que no lo eres al no haber superado ese reconocimiento”.

En este contexto, se han creado cuatro tipos de afectados por talidomida que no pueden acceder a esas ayudas, pese a que se les ha reconocido por otros canales. “Unos tienen la jubilación anticipada, otros son los reconocidos en el año 2010, otros los que tienen el código talidomida de la discapacidad, y otros los que están en el registro oficial andaluz. En el caso de los afectados con jubilación anticipada se le adelanta diez años esa jubilación, lo que al Estado le supone 250.000 euros de media entre lo que deja de percibir en cotizaciones y lo que tiene que abonar en pensiones”.

De izda a derecha Jose Riquelme, presidente, Rafael Basterrechea vicepresidente e Ignacio Martinez, asesor jurídico de Avite en la ultima asamblea de septiembre. (Foto: Avite)

Los jubilados por talidomida no son afectados

En esta coyuntura, Ignacio Martinez indica que “el Estado está gastando esos 250.000 en jubilaciones de afectados por talidomida, pero sin embargo no le da la ayuda de este RD 574/2023 de 4 de julio porque dice que no es afectado al no haber superado el reconocimiento del Instituto de Salud Carlos III. Es una situación absurda”.

Nosotros pedimos que se tengan en cuenta esos reconocimientos, que se hicieron por otras vías y que cristalizaron en resoluciones administrativas firmes, cuya razón de ser se basaba exclusivamente en la condición de afectado por la talidomida del interesado. Por otro lado, tendría que dejar abierta que un negativo de ese reconocimiento del Instituto de Salud Carlos III pueda recurrir eso. Ahora mismo no hay vía de recurrir. Al mismo tiempo los reconocimientos de la talidomida son contradictorios, a algunos se les dijo que sí en el 2010 y ahora se les dice que no, y al contrario”.

Esta casuística es la que se aborda en el recurso presentado ante el Tribunal Supremo. “Hemos argumentado jurídicamente que esta situación no tiene sentido. Estamos a la espera de la fase preliminar, publicado en el BOE se abrirá un plazo de 15 días para quien se quiera personar y luego tendrá que contestar la demanda la Abogacía del Estado. Son los trámites previos a la fase decisoria del mismo. Confiemos en que el recurso se resuelva lo antes posible, ya que algunos de nuestros asociados se mueren”, indica Ignacio Martínez.

La idea es que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el contenido del citado RD 574/2023, que subraya que sólo son víctimas de la talidomida los afectados reconocidos por el Instituto de Salud Carlos III a través del Comité Científico Técnico de la Talidomida, sin contar con las otras vías mencionadas por Ignacio Martínez, basadas en resoluciones administrativas firmes en las que el propio Estado ya le había reconocido derechos a los afectados por el hecho de serlo, todo lo cual se ha de respetar para evitar una contradicción insostenible en el ordenamiento jurídico, según la cual el propio Estado estaría oficialmente reconociendo y negando la condición de afectado por la talidomida a decenas de afectados. “Queremos, por tanto, que el Tribunal Supremo declare este RD ilegal porque deja fuera a muchos afectados, y si realmente, como planteamos en la demanda, genera o no indefensión en los afectados rechazados como tales. De ese pronunciamiento dependen los posteriores recursos que interpondremos, ya de forma individual, en los casos que sean negativos”.

En una asociación como Avite, “sólo hay reconocidos unos 70 afectados por el Instituto de Salud Carlos III, con lo cual la gran mayoría de los afectados están fuera. Por eso se ha recurrido este Real Decreto de julio pasado. Tenían un dinero fijado y lo adaptaron a los afectados, con lo cual se quedaron fuera muchos injustamente y en contra de lo anteriormente resuelto por la propia Administración. Hay muchos más afectados que los 130 reconocidos. En el momento que les llegue a los negativos la contestación por la que se les deniegue la ayuda, lo recurriremos de forma individual. Para todo eso necesitamos conocer los argumentos por los cuales se les deniega la ayuda, apunta Ignacio Martínez.

El pago de estas ayudas supone el reconocimiento a la actividad de Avite, asociación creada por varios afectados por talidomida, entre ellos José Riquelme, su actual presidente, que lleva los últimos veinte años batallando esas ayudas, siendo España el único país hasta la fecha de todos los afectados que todavía no había compensado a los afectados por talidomida. En el caso de Ignacio Martínez, lleva trece siendo responsable de toda la estrategia jurídica de Avite y de sus socios.

Desde esta asociación también se aprobó en la última asamblea interponer una demanda en Alemania para que se reconozca a los afectados españoles como pensionistas de la Fundación Contergan. Contergan es el nombre con el que se conoce la talidomida en Alemania. “Creo que es lo elemental dado que, según la ley alemana, todo afectado puede ser pensionista en tanto el origen del problema tuvo lugar en Alemania. Esa será parte de la hoja de ruta de los afectados en los próximos meses, además de la defensa de los intereses de aquellos que no queden reconocidos por el Imserso.

A modo de conclusión, Avite señala que el Real Decreto aprobado este verano “se aparta de la ley 6/2018 que desarrolla y, además, causa indefensión a muchos afectados españoles, a los que deja fuera de las ayudas al exigirles un documento que es incompatible con los reconocimientos oficiales como víctimas de la talidomida que ya se han llevado a cabo en España”.